Sindicatos y elecciones

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales…”.

(Constitución Española, art. 7)

Tras reconocer en su Título Preliminar la especial función que corresponde a los agentes sociales, la Constitución Española consagra en su articulado los derechos de libertad sindical y de huelga (art. 28), de autonomía, negociación y conflicto colectivo (art. 37), su intervención en la Seguridad Social y en los organismos públicos cuya gestión afecte a la calidad de vida y bienestar general (art. 129.1), así como su participación en las empresas (art.129.2) y en los programas de planificación económica general (art. 131.2).

El reconocimiento de la intervención sindical por la Constitución de 1978 ha seguido desde entones importantes desarrollos, tanto de iure (Estatuto de los Trabajadores, LOLS) como de facto (negociación colectiva, diálogo social) hasta su consolidación como una pieza clave de la gobernanza social e institucional de nuestro país.

Dicha regulación legal refuerza y amplia la legitimidad (de origen, representatividad y ejercicio) acumulada por nuestras organizaciones obreras y que ahora la extrema derecha (con la complaciente complicidad del PP) no solo cuestiona de forma insultante, como ha hecho recientemente la síndica de Vox en el Parlamento valenciano, sino que trata de expulsar de la estructura institucional (Consejo Económico) y del diálogo social regional, como ya ha sucedido en Castilla y León.

Por lamentables y graves que sean dichas posiciones, no constituyen ninguna novedad sino que representan la versión, corregida y aumentada, de la estrategia tradicional de la derecha española por marginar y/o debilitar al movimiento sindical, cuya base afiliativa (2,5 millones de personas adscritas), representación electoral (300.000 delegados/as elegidos en las empresas) y protagonismo en las relaciones laborales (negociación de 5.000 convenios que regulan las condiciones de trabajo de más de 12 millones de trabajadores) operan como mecanismos de contención de la explotación laboral y defensa de la dignidad del trabajo y de los trabajadores, actuando tanto sobre la primera distribución de la renta (salarios, condiciones laborales) a través de la negociación colectiva, como sobre los mecanismos propios de la segunda re-distribución (política fiscal, prestaciones sociales, Estados de Bienestar) mediante su participación institucional y presión social.

Es, pues, en base a su doble función de prescriptor social y factor de igualdad que el sindicalismo de clase y confederal, además de cumplir con sus compromisos en la gestión de las relaciones laborales, se siente legitimado para intervenir, con sus propuestas y alternativas, en el ámbito sociopolítico, especialmente cuando -como ocurre ahora- se distorsionan los marcos del debate público.

Problemas reales/discursos electorales

El último barómetro del CIS (estudio nº 3413), publicado en plena campaña electoral, registra y ordena los “principales problemas de España” que preocupan a la ciudadanía consultada, configurando un exhaustivo listado de 65 cuestiones, destacando entre las primeras y más ampliamente citadas la economía, el paro, la calidad del empleo sanidad, vivienda, educación…, mientras que en posiciones muy inferiores aparecen la inseguridad ciudadana (18), la subida de impuestos (31), la ocupación de viviendas (33), la independencia de Cataluña (48), la emigración (54) y el terrorismo de ETA (61).

Parecería, pues, lógico que la conversación pública y los debates electorales giraran en torno a los temas que la ciudadanía considera de interés preferente, sobre todo en vísperas de unos comicios que se prevén decisivos.

Sin embargo, la estrategia discursiva de la derecha política, económica y mediática trata reiteradamente de invertir el orden de prioridades, consciente de que ni el balance de su gestión anterior ni la solvencia de sus propuestas actuales en materia económica, social y de derechos civiles resiste una comparación objetiva con la acción del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, cuyo modelo pretenden ahora “derogar”.

Mientras que todos los indicadores socioeconómicos que evalúan el impacto de la acción gubernamental (PIB, inflación, empleo, paro, pensiones, salarios, prestaciones sociales…) registran evoluciones positivas -como acreditan los principales organismos internacionales (Comisión Europea, OCDE) y nacionales (Banco de España, AIReF) y hemos tenido ocasión de analizar en anteriores artículos publicados en este diario-, estudios y encuestas recientes (FOESSA 2023, Encuesta de Condiciones de Vida del INE, Informe sobre el estado de la pobreza, de la European Anti-Poverty Network) ponen de manifiesto  el desigual impacto de las políticas conservadoras y socialdemócratas implementadas en los últimos quince años en la lucha contra la(s) crisis y la promoción de los derechos individuales y colectivos.

Sólo ahora, ya bien avanzada la campaña electoral, parece estar superándose la distorsión narrativa -impuesta por la derecha política y sus terminales mediáticas- entre las preocupaciones reales de la población, el balance de la acción del Gobierno y los programas alternativos concurrentes.

Defender lo ganado/Avanzar en derechos

Es en este contexto en el que se sitúa la campaña promovida por CC.OO. y UGT en defensa de los avances sociales y laborales alcanzados durante la legislatura que ahora se somete a evaluación ciudadana, por cuanto se consideran legítimamente corresponsables de su diseño e implementación, como resultado de los 16 pactos sociales suscritos durante la misma (ERTEs, reforma laboral, salario mínimo, pensiones…).

Desde el respeto a la pluralidad y en el ejercicio de su autonomía, los sindicatos hacen pública así su valoración positiva del Gobierno progresista, al tiempo que presentan sus propuestas para seguir avanzando en materia de empleo estable y de calidad, cambio de modelo productivo, igualdad de género, política fiscal, servicios públicos, pensiones, vivienda, lucha contra la pobreza y en defensa de la democracia frente a los intentos de involución en materia de derechos que una derecha reaccionaria amenaza con imponer.