Conciliación, brecha salarial y vulnerabilidades: reivindicaciones ciudadanas para la ley valenciana de igualdad

El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno valenciano abrió el periodo de participación pública para la nueva ley de Igualdad. El departamento que dirige Mónica Oltra trabaja esta legislatura en un proyecto legislativo que renueve los principios marcados en la última norma, que data de 2003 y, aunque se ha ido actualizando para adaptarse al marco estatal y los convenios europeos, requiere un nuevo marco para afrontar problemas contemporáneos como la feminización de la pobreza. El 80% de los salarios brutos anuales por debajo de los 12.000 euros son de mujeres, recordaba la vicepresidenta en la presentación de la campaña del 8M.

La idea que manejan desde Igualdad es hacer una primera prospección para medir las demandas ciudadanas antes de plasmarlas en un borrador e iniciar el camino legislativo ordinario. Dos meses después de abrirse el primer periodo de participación ciudadana -aún debe pasar por las asociaciones y las organizaciones feministas y otros foros de debate antes de convertirse en un borrador-, el Consell ha comenzado a recoger las aportaciones, con las medidas de conciliación y corresponsabilidad, brecha salarial y coeducación como principales temas. A ellos se suman el lenguaje inclusivo, los trabajos de concienciación y formación, el ecofeminismo y los planes de igualdad.

Aunque la vicepresidencia no ha plasmado un borrador para no condicionar las aportaciones, la norma, como adelantó elDiario.es, sí tiene unos ejes definidos. El primero es la redistribución e igualdad de oportunidades; con reconocimiento a los trabajos de cuidados y la lucha contra la brecha salarial. En este sentido, se prevé incorporar incentivos a empresas que caminen en la misma dirección de la norma. El segundo eje será el reconocimiento de los derechos, con temas como la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y con la formación en igualdad en las aulas. El tercer eje será el de mejora en la paridad y la representatividad de las mujeres en las instituciones y en la vida pública; mientras que el cuarto versará sobre las políticas vinculadas a las nuevas masculinidades, la corresponsabilidad y la conciliación. Buena parte de las personas que han realizado aportaciones consideran necesario que la ley, al contrario que la de 2003, incorpore mecanismos sancionadores o medidas coercitivas para garantizar su aplicación.

Liberar a las mujeres de la 'carga' de los cuidados e incorporar a los hombres a la corresponsabilidad es otro de los temas más demandados junto a la educación. Este engloba desde la parte puramente curricular hasta la educación afectivosexual adaptada a las distintas etapas de los menores. Se reclama la creación de una comisión sobre mujeres y ciencia para asesorar y desarrollar políticas públicas en el ámbito de la educación superior, la academia y la investigación con perspectiva de género, además de políticas públicas de discriminación positiva que incentiven la contratación de mujeres en el sector privado. Algunas propuestas insisten en abordar la vulnerabilidad específica de las familias monomarentales, que lideran los rankings de pobreza.

El Consell también recoge las propuestas del llamado feminismo interseccional, una visión que tiene en cuenta las distintas violencias que suman en las personas. Así, se propone incorporar las necesidades específicas de las mujeres inmigrantes en la Comunitat Valenciana, independientemente de su situación administrativa, y tener en cuenta las mismas en los programas y proyectos orientados para la mejora de las condiciones de vida, tanto desde la perspectiva de renta, edad, salud y violencias.

En línea con la corresponsabilidad, las llamadas nuevas masculinidades centran la atención de parte de las aportaciones. Las reflexiones abordan la necesidad de trabajar la perspectiva de género con los hombres, con formulas alternativas a la masculinidad patriarcal y violenta, así como el consumo de prostitución, los cuidados, la paternidad y otras dimensiones. Las propuestas inciden en la necesidad de fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado y la generalización de la ética y práctica del cuidado.

La norma incorporará las conclusiones de la comisión de usos del tiempo con perspectiva de género, una comisión de estudio parlamentaria que explora aportaciones que mejoren la conciliación de la vida familiar, laboral y de cuidados. Según explicó la diputada de Compromís Nathalie Torres al finalizar las comparecencias, se han abordado consideraciones como la jornada laboral de 32 horas, los horarios comerciales, las dificultades de conciliación, los horarios escolares, la incidencia de los usos horarios sobre la salud de las personas, especialmente de la infancia, y cuál es el huso horario más beneficioso.