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El Pacto del Botánico plantea un refuerzo del sistema público y del estado de bienestar para afrontar la reconstrucción postCOVID-19

Un instante de la comisión de reconstrucción de las Corts Valencianes.

Laura Martínez

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Los partidos que conforman la mayoría progresista en las Corts Valencianes y que firmaron el Acuerdo del Botánico han presentado este martes el borrador de sus conclusiones de la comisión de reconstrucción postpandemia. Los portavoces de PSPV, Compromís y Unides Podem han presentado una batería de medidas derivadas de las comparecencias que durante los últimos dos meses se han sucedido en el parlamento autonómico.

Las 25 páginas del documento, dividido en Sanidad, Economía y Políticas Sociales, que deberán aprobarse en la comisión a finales de esta semana, incluyen propuestas de relocalización industrial, reversión de servicios sanitarios privatizados y concesiones sanitarias, ayudas al teletrabajo y la educación a distancia y, en definitiva, implican ampliar el sistema público como garantía de bienestar de la población.

En el ámbito sanitario, el Botànic aboga por aumentar la inversión en la sanidad pública, dignificar las condiciones de trabajo de sus empleados y recuperar la gestión pública en las concesiones de servicios sanitarios -como las resonancias-, valorando los contratos en vigor. El documento recoge la necesidad de ampliar y dignificar las plantillas y mejorar la asistencia en atención primaria, que sufrirá un duro revés durante el verano como consecuencia de la pandemia. Si el uso de mascarillas se torna obligatorio en todos los espacios, la Generalitat tendrá la obligación de garantizar el acceso de los colectivos vulnerables a los métodos de protección.

Los aspectos económicos se centran en la lucha contra el fraude fiscal y la fiscalidad progresiva; aboga por explorar las posibilidades en los tramos autonómicos del IRPF, así como establecer en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales una tarifa con diferentes tramos para las transmisiones de grandes fortunas. Se baraja la introducción de nuevos impuestos relacionados con la “fiscalidad verde”, aunque no se indica cuáles. La reivindicación de una financiación justa ocupa su propio bloque.

En el ámbito de la movilidad se insiste en la apuesta por el transporte público y la red ferroviaria, demandando un refuerzo de la red de cercanías. Respecto al turismo, las medidas se limitan a garantizar la seguridad de los trabajadores y promocionar la Comunitat Valenciana como destino turístico seguro, así como ayudar a la desestacionalización de las visitas, que se concentran durante el verano. El documento hace mención a las trabajadoras de los hoteles, especialmente a 'las kellys' y recoge que “la dignificación de las condiciones de trabajo no pueden desligarse del modelo de calidad”. En el ámbito de la cultura, se insta a realizar políticas específicas para el sector, que lo consideren un motor económico y se reclaman mayores inversiones estatales en los centros valencianos como el IVAM.

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