Vecinos de Alicante reclaman a las Corts Valencianes la paralización del proyecto de un almacén de combustible en el puerto

La asociación de vecinos Gran Via-Puerto de Alicante reclama al Parlamento Valenciano que intervenga en el proyecto del Puerto de Alicante que prevé un almacén de distribución de combustible de 100.000 toneladas. La asociación se integra en la plataforma Puerto Sostenible, que acumula 15 años de actividad y protesta contra un proyecto que considera peligroso para el entorno urbano y la salud de los vecinos.

La portavoz del colectivo, Sol Garcín, ha acudido este miércoles a la comisión de peticiones de las Corts Valencianes, donde ha expuesto los argumentos de la plataforma contra el macroproyecto. La plataforma reclama a los diputados que pidan a la Conselleria de Transición Ecológica un informe de impacto ambiental y a la Conselleria de Justicia un informe sobre los riesgos de los seis depósitos de combustible que se ubicarán en el muelle 19. Garcín argumenta que el uso del Puerto de Alicante está previsto como urbano, no industrial, lo que interfiere en la infraestructura a la que opta la firma XC Business 90 en un proyecto impulsado por Terminales Marítimas del Sureste (TMS). Los vecinos reclaman que se paralice el proyecto y que las administraciones competentes “lleven a cabo las acciones necesarias para detenerlo”, así como que la Cámara inste a la Autoridad Portuaria de Alicante a revisar y modificar la concesión administrativa. “Es nuestra finalidad que el Puerto de Alicante cumpla la normativa en materia de derechos fundamentales recogidos en la Constitución como el derecho a la salud y al medio ambiente”, expresaba Garcín ante los parlamentarios.

TMS acordó con la empresa XC Business 90 SL construir seis depósitos de carburantes en una parcela de 14.500 metros cuadrados en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, con una inversión de 6 millones de euros y una capacidad ampliable a las 700.000 toneladas. Pese a la oposición vecinal, el proyecto recibió el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Alicante el pasado 25 de julio de 2019 argumentando que un informe de la Abogacía del Estado aseguraba que la petición de TMS se ajustaba a derecho ya que la actividad que desarrollaría no sería peligrosa si se establecen las medidas de seguridad que ya existen con las gasolineras. La decisión ha sido recurrida por las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur Puerto, San Gabriel, La Voz de La Florida, Controversia, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Área de Medio Ambiente y Territorio de Esquerra Unida en l'Alacantí o Democràcia en Verd y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana CAVE-COVA, entre otras.

Estas plataformas rescatan los argumentos ya esgrimidos en 1995, cuando el Consell socialista de Joan Lerma optó por desmontar los depósitos de Campsa. Per un port sostenible ha presentado 1.300 alegaciones y recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Alicante realizó una declaración institucional contraria en octubre de 2018.