La presión vecinal frena la venta de 100 VPO del Ayuntamiento de València a un precio un 30% superior al de renta libre
Un centenar de familias de València han vivido estos días con la incertidumbre de no saber si iban a poder seguir residiendo en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que el Ayuntamiento les adjudicó en el año 2009 en régimen de alquiler con una opción de compra a los 10 años de estancia.
La 'Plataforma de Inquilinos con Opción a Compra' denunció el pasado lunes 2 de diciembre que la sociedad urbanística municipal Actuaciones Urbanas Municipales SA (Aumsa) pretendía ofertar la compraventa de esas VPO a un precio “inasequible” para los residentes y fuera del mercado actual.
Esta plataforma, que representa a alrededor de 100 familias de los barrios de Velluters, San Isidro, Campanar y Marítim, aseguró que Aumsa estaba obviando sus propuestas y que esos precios, un 30% superiores a los actuales de segunda mano de renta libre, solo permitirían ejercer este derecho “a unos pocos”.
Según manifestaron desde el colectivo de vecinos, ninguno de los gobiernos autonómicos ha modificado la normativa del módulo de VPO desde 2009 para adaptarla a la realidad socioeconómica de la ciudad y de las familias que residen en ella.
El precio actual de estas vivienda fue fijado en 2008 a 1.819,29 euros el metro cuadrado, al mismo nivel que Madrid y Barcelona. Esto supone el máximo de VPO, mientras que la renta per cápita de València es inferior a la de estas dos ciudades, según han ratificado las fuentes.
Según datos de Fomento, los pisos de renta libre de más de cinco años en la ciudad de València están a 1.395 euros el metro cuadrado. Además, en el año 2017 Aumsa aprobó la venta de varias VPO en la avenida de Tarongers a un precio de 1.285 euros el metro cuadrado.
El consejo de administración de la empresa municipal Aumsa tenía previsto aprobar este jueves la venta de estas viviendas, pero ante esta situación finalmente se ha retirado el punto del orden del día para abordarlo con más detenimiento e información en el futuro.
También ha sido decisiva para frenar la venta de las viviendas al precio estipulado en 2008 la mediación de Compromís, que tras conocer la situación convenció a sus socios del PSPV, responsables de Aumsa, para replantear el caso.
Desde la plataforma han insistido en que ese precio “respondía a la visión de la vivienda como un negocio con el que especular y no con la realidad socioeconómica de los valencianos, que entendemos no comparte el actual gobierno progresista local”.
Por su parte, fuentes socialistas lamentan que Compromís “mienta sobre un asunto en el que se está trabajando para dar una respuesta a los vecinos y vecinas”. Insisten los socialistas en que la retirada del punto “fue una decisión de la propia presidenta Sandra Gómez y se debió a que se quiere trabajar más a fondo y tener toda la información posible para adoptar la decisión más acertada”. Por ello, los socialistas aseguran no entender la “irresponsabilidad” de la formación nacionalistas, ya que consideran que este tipo de “falsedades no benefician a nadie”. “Sólo consiguen generar confusión y desconfianza”, advierten.
