Reunión fallida con Agricultura: un exalcalde del PSPV-PSOE abre mercado en Valencia y Alicante para una empresa salpicada por Gürtel
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), la empresa de gestión del ciclo integral del agua más importante de Castelló, quiere crecer en la Comunitat Valenciana. En la actualidad, esta firma gestiona el 90% de las depuradoras públicas de la Generalitat en la provincia y los mayores contratos de agua en los principales municipios de las comarcas del norte y quiere incrementar sus contratos en el resto de la autonomía. Para ello, desde enero de 2018 cuenta como delegado en Valencia y Alicante con José Bresó, exalcalde del PSPV-PSOE de Torrent entre 2004 y 2007.
Este miércoles, Bresó en nombre de Facsa tenía una reunión con el director general de Agricultura y Pesca, Rogelio Llanes. El encuentro se suspendió sin que fuentes de la Conselleria de Emergencia Climática aclararan el motivo de la reunión ni de su no celebración.
El movimiento de Facsa en Valencia y Alicante al fichar a Bresó, quien fuera también vicepresidente en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y consejero en Emarsa, ha puesto en alerta a su competencia en el sector del agua. Su vinculación con el partido socialista la entienden como una manera de facilitar el contacto en muchos ayuntamientos e, incluso, en la administración autonómica.
Facsa es una empresa que se ha visto envuelta en varios escándalos que no han afectado a su cuenta de resultados. De hecho, su expansión fuera de la Comunitat Valenciana sigue a buen ritmo con importantes contratos en Baleares o Asturias ganados recientemente. Su presidente, Enrique Gimeno, fue condenado por financiar ilegalmente al PP de Francisco Camps en el caso Gürtel.
Además, en 2011 y en plena tormenta del caso Emarsa contrató como director general de Facsa a José Juan Morenilla. Este último había dejado la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) por el escándalo del saqueo de la depuradora de Pinedo y, siendo directivo de Epsar, la entidad había adjudicado numerosos contratos a la empresa de Gimeno. Una incompatibilidad de manual.
La presión por la imputación de Morenilla, ahora condenado a 9 años de cárcel por el caso Emarsa y a la espera de un recurso al Tribunal Supremo, provocó que finalmente abandonara Facsa.
