El 86% de las interrupciones voluntarias del embarazo sostenidas con fondos públicos se realizan en clínicas privadas en la Comunitat Valenciana

Más de dos tercios de las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunitat Valenciana se financian por la Sanidad pública, pero una ínfima parte se realiza en los centros de la red pública. Apenas un 10% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practicaron en 2022 se hizo en un centro público, pese a que la ley de salud sexual y reproductiva subraya que la atención privada debe ser una excepción.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, en 2022 se realizaron 8.556 intervenciones, de las que el 71% (6.082) han sido financiadas por la sanidad pública. Solo 839 intervenciones se practicaron en centros públicos, un 13% de las amparadas en el sistema de salud y un 10% del total de las realizadas. Es en los centros públicos donde se llevan a cabo las intervenciones que se solicitan por riesgo para la mujer, anomalías graves de los fetos, y anomalías incurables de los fetos, según figura en una respuesta de Sanidad a la diputada de Compromís Mónica Àlvaro.

Las respuestas parlamentarias evidencian las asimetrías entre los sistemas público y privado en lo relativo a la salud sexual y reproductiva. Según la información recopilada, tal como figura en la pregunta parlamentaria, de 27 centros sanitarios que notificaron haber practicado las interrupciones solo 14 eran públicos. Estas 13 clínicas privadas concentran nueve de cada diez intervenciones en territorio valenciano.

La ley establece que las comunidades autónomas deben “garantizar a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan” y recalca que la prestación “se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, dejando a la red de centros privados como una excepción. En la Comunitat Valenciana solo el 15% de los médicos se declararon objetores de conciencia en 2020. Sin embargo, en departamentos como el Hospital General de Alicante todos los profesionales se han manifestado contrarios. 

La Comunitat valenciana tiene un registro de objetores de conciencia por departamentos de salud, pero no por centros concretos. El Gobierno y las autonomías aún no han abordado la creación del registro que recoge la modificación de la ley de salud sexual, aprobada a instancias del Ministerio de Igualdad, entonces dirigido por Irene Montero. La reforma legislativa trata de a hacer compatible el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con los derechos de los profesionales de la salud, impidiendo que la cláusula moral entrase en conflicto con la decisión de las mujeres atendidas.