La trama del caso Taula con la que quiso competir la Gürtel extrajo más de 40 millones de las instituciones valencianas
Francisco Correa tenía razón. El cabecilla de la trama Gürtel se quejaba en la confesión por escrito que entregó a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, en 2015, cuando quería negociar un acuerdo con la fiscalía, de que había otros que sacaban más tajada del poder que monopolizaba el PP cuando ellos decidieron en 2004 abrir “una pequeña estructura” y Álvaro Pérez, El Bigotes, “se fue a vivir” a la Comunidad Valenciana.
“Al final en Valencia tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o campañas de comunicación de la Generalitat, que le fueron adjudicados en su mayor parte a Engloba, que tenía el 80% de las adjudicaciones”, se lamentaba Correa, cuya trama está implicada en media docena de casos de corrupción valencianos, entre ellos el de la supuesta financiación ilegal del PP. El propio Álvaro Pérez declaró ante el juez que Orange Market, la terminal valenciana de Gürtel, sólo obtuvo “migajas”.
El entramado de sociedades alrededor de Engloba, la empresa que presidía uno de los principales imputados del caso Taula, José Adolfo Vedri, y de la que era socio otro imputado clave, José Martí Almenar, alias Pepe Canya, extrajo más de 40 millones de euros de las instituciones valencianas de finales de los años noventa a 2015, durante la práctica totalidad de la etapa de hegemonía absoluta del PP, periodo en el que su relación privilegiada fue intensa en los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps para decaer en la época de Alberto Fabra. Y ese es sólo un cálculo provisional, ya que la unidad de recuperación creada por la Generalitat Valenciana tras la llegada de la izquierda al poder todavía no ha completado la información que quiere trasladar a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado que instruye el caso Taula.
La cifra responde a todo lo facturado por 18 de las 25 empresas que la investigación judicial vincula a Vedri (Publitrade, Vía Libre, Ámbito Gestión Cultural, Process Color y Pliego Digital) o a Almenar (Engloba Estudio Marketing, Módulo Digital, By Canya Estudio de Diseño, Thematica Events y Universo Selección), y a la propia Engloba (Bulevar Arte y Cultura, WIC Imagen y Comunicación, La Gráfica Integral, Instituto de Estudios Moda y Comunicación, Engloba 2, Business Loft y Antala Media Cartera de Valores). El resto son empresas que se destinaron supuestamente a otros menesteres, como la gestión financiera de Engloba (Liberty Iceberg, In One Marketing Directo, Infothema, Unidad Engloba Tivit, Garces Inversiones y Making AD. Servicio Com), además de la firma Azulete Design, radicada en Panamá, donde Almenar vive desde hace cuatro años y que, según la declaración de Vedri, solo se creó para facilitarle a aquel la residencia y la actividad en el país.
Según la contabilidad provisional de la Generalitat, la trama de Engloba se llevó al menos 27,4 millones de las diversas consejerías del gobierno valenciano y 7,7 millones de las empresas y fundaciones dependientes de la Administración autonómica. En este último apartado destacan la facturación de 3,8 millones a la Fundación La Luz de las Imágenes, creada en época de Francisco Camps para restaurar y exhibir el patrimonio religioso, y la Fundación Jaume II El Just, vinculada por Camps a la recuperación del monasterio de la Valldigna. Esta última, con una facturación de Engloba de más de 1,6 millones, es otro de los focos de corrupción investigados en el sumario de Taula. A La Luz de las Imágenes, que es asimismo investigada en una de las piezas del caso Gürtel, las empresas de la trama llegaron a cobrarle entre 64.000 y 70.000 euros mensuales en concepto de personal para exposiciones de arte religioso como las celebradas en Sant Mateu (Castellón) o la Santa Faz (Alicante).
El entramado de Engloba no dejó prácticamente ningún ente autonómico por tocar, ya que facturó a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, al Aeropuerto de Castellón, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al IVAM o a Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que también es investigada en Taula por su posible uso para el cobro de mordidas en las adjudicaciones.
A esos 35,1 millones extraídos de la Generalitat y sus empresas y fundaciones hay que añadir 1,8 millones facturados a la Diputación de Alicante y por lo menos 468.692 a la Diputación de Valencia, una cantidad que debe sumarse a los 580.000 euros que facturó a Imelsa, la empresa provincial cuyo gerente era Marcos Benavent y que dio origen a la investigación que posteriormente se amplió hasta salpicar todos los niveles del poder del PP, incluido el Grupo Popular del Ayuntamiento y la propia alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, fallecida el pasado mes de noviembre.
Del Ayuntamiento de Valencia le consta a la unidad de recuperación de la Generalitat Valenciana que empresas de Engloba facturaron al menos 183.000 euros con la institución, aunque sus responsables están convencidos de que fue más. En ese ámbito, por otra parte, habría que tener en cuenta que el juzgado trata de esclarecer si el contrato para la adjudicación por parte del equipo de Barberá del centro cultural La Rambleta a una empresa participada por Vedri y su suegro fue fraudulento.
La actividad extractiva de la trama no se limitó al poder ejecutivo. Al contrario, las Corts Valencianes pagaron más de 1,7 millones de euros a empresas del grupo Engloba por actividades publicitarias y de promoción. Se han rastreado los contratos con las diversas sociedades y se han hallado adjudicaciones del Parlamento autonómico a una docena de empresas de la lista que investiga el juez.
La suma total, por tanto, alcanza ya los 39,8 millones de euros. “Aún no hemos acabado”, señalan desde el departamento del gobierno valenciano encargado de rastrear lo que se perdió durante años a causa de la corrupción. La operativa de Engloba, según esa investigación, era muy similar a la de Gürtel. Tocó todos los grandes eventos (facturó, por ejemplo, 200.000 euros por una “guía del peregrino” con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y 36.235 euros por unos “packs oportunity” que le encargó la Sociedad para la Gestión de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana en 2007 con motivo de la presentación de la escudería McLaren en 2007, dentro de las actividades relacionadas con el campeonato de Fórmula 1. Y protagonizó adjudicaciones amañadas, como la de un contrato para una exposición sobre drogodependencias en 2006 en el Museo de las Ciencias que le fue otorgado a La Gráfica por 49.971 euros en un procedimiento al que concurrían otras dos sociedades, Vía Libre y Engloba, pertenecientes al mismo entramado.
Todo eso sin olvidar que, al igual que ocurrió con Gürtel, la trama de Engloba trabajó al mismo tiempo para el propio PP valenciano. Del sumario del caso Taula se desprende que solo en 2003, facturó a los populares 267.818 euros por diversos conceptos relacionados con la promoción de Camps como nuevo líder, tras la marcha de Eduardo Zaplana como ministro del Gobierno de José María Aznar. “El ministerio fiscal puede comprobar la gran diferencia de adjudicaciones de contratos de la Generalitat con Engloba y con Orange Market u otras empresas”, decía Francisco Correa en aquella confesión por escrito que después trató de negar. “En 4/5 años a Orange Market se le adjudicaron muy pocos concursos y a Engloba en un solo año le adjudicaron unos 60 con la Generalitat”. Había una dura competencia en el mercado de la corrupción.
