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El lobby del transporte crea una fundación para torpedear las mejoras en las líneas de bus metropolitanas y del interior

Un autobús metropolitano por València

Carlos Navarro Castelló

Valencia —

“Cabe añadir que los patronos de la fundación recurrente son, en su totalidad, empresas concesionarias de servicios públicos que actualmente explotan servicios bajo concesiones caducadas y prorrogadas, por lo que cabe presumir que son titulares de un evidente interés crematístico particular en el mantenimiento de la situación actual, al tiempo que en promover cuantas actuaciones resulten posibles con la finalidad de evitar o dificultar el proceso que pueda culminar con el hecho de que cualquier otro operador del sector pueda llegar a pugnar en un próximo futuro con ellos en la futura prestación del servicio”.

Así de contundente se mostró la Conselleria de Obras Públicas ante uno de los recursos de reposición que planteó la Fundación para el Desarrollo de la Movilidad de la Comunidad Valenciana el pasado mes de abril, poco antes de las pasadas elecciones autonómicas, contra las nuevas condiciones exigidas para líneas de autobús planteadas por el departamento que dirigía la exconsellera María José Salvador, en el marco del nuevo mapa concesional de transporte que presentó en noviembre de 2017.

En concreto, la mencionada Fundación, integrada entre otras firmas por empresas del grupo Vectalia, presentó un recurso para solicitar la revocación y suspensión cautelar del proyecto de servicio público de transporte CV-103 València Metropolitana Nord-Oest.

La entidad entiende entre otras cosas que la aprobación de este servicio causaría un grave perjuicio de imposible o difícil reparción ante la falta de garantía real de equilibrio económico del contrato, es decir, que no se garantiza que la empresa vaya a obtener una rentabilidad por la prestación del mismo.

En su respuesta, la Conselleria deja entrever que la Fundación se ha creado específicamente por las actuales empresas concesionarias para torpedear las mejoras previstas en el servicio.

“Resulta indicativo de dicho ánimo, que parece guiar las actuaciones de las empresas afectadas, la actuación llevada a cabo por la recurrente en la línea de interponer sistemáticamente recursos administrativos o contencioso-administrativos frente a todos y cada uno de los proyectos definitivos de servicio público de transporte regular de viajeros en la Comunidad Valenciana, como se pone de manifiesto a la vista de los acuerdos adoptados por el patronato de la Fundación, hubiesen sido ya aprobados dichos proyectos o todavía no como en este caso”, resalta la Conselleria.

Así, el departamento rechazó esta alegación al considerar que la viabilidad del servicio queda garantizada por el cobro de las tarifas y de las compensaciones establecidas en caso de ser deficitario y que en cualquier caso debe prevalecer el interés general de proporcionar el mejor servicio frente a los intereses particulares.

Fuentes de la Conselleria, actualmente denominada de Movilidad y bajo la dirección del socialista Arcadi España, han informado de que las diferentes empresas han presentado una treintena de recursos contenciosos contra las diferentes proyectos de servicio que hasta la fecha han evitado que ninguno de ellos se haya puesto en marcha, pese a su importancia para la conectividad de multitud de poblaciones, algunas de ellas del interior que carecen de culquier otra oferta de transporte público.

Entre las mejoras mejoras previstas en el nuevo mapa concesional de transporte al que se oponen las empresas, se prevé conexiones a la carta para pequeñas localidades de interior, garantizar la llegada a todos los municipios de la Comunitat Valenciana y renovar la flota de buses.

El nuevo modelo, además, tiene como objetivo facilitar la unión e integración de los servicios regulares de transporte con el transporte escolar para ganar en eficiencia.

El conseller ha abierto un diálogo con las empresas, tal y como reconoció en una reciente entrevista a eldiario.es: “la secretaria autonómica de la conselleria está hablando con los operadores para tratar de rebajar esa conflictividad y llevar cuanto antes la licitación de estos proyectos que son fundamentales para acabar de vertebrar y para un transporte más sostenible”, comentó.

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