Los valencianos, “unidos” por una financiación más justa

El 18 de noviembre de 2017 decenas de miles de personas recorrieron las calles de València para exigir una financiación justa, una manifestación convocada por los dos sindicatos mayoritarios (CCOO-PV y UGT-PV) que contó con el respaldo de la patronal valenciana y de los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del Partido Popular -con Mariano Rajoy todavía en la Moncloa-. La situación entonces fue considerada “insostenible”. El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, y está caducado desde 2014.

Este sábado 20 de noviembre, cuatro años después de aquella movilización, la Plataforma pel Finançament Just (integrada por UGT-PV, CCOO-PV, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los partidos PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem, entre otras entidades) ha convocado una nueva movilización para reclamar al Gobierno un cambio en el modelo de financiación autonómico. La convocatoria cuenta con el respaldo del Gobierno del Pacto del Botànico: “Es una sangría que se debe parar”.

En esta ocasión, al contrario de lo sucedido en 2017, los organizadores han decidido vertebrar la movilización convocando tres manifestaciones, en las tres capitales valencianas, a partir de las 18 horas. De este modo, la marcha partirá de la plaza de Sant Agustí en Valencia; de la plaza de los Luceros en Alicante; y de la plaza de Les Aules en Castelló de la Plana.

Esta convocatoria coincidió con la visita a València de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que enfriaba las expectativas sobre la reforma del sistema de financiación -la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró poco después en el Congreso de los Diputados el compromiso del Ejecutivo de presentar este mes de noviembre un primer documento de trabajo-. 

La autonomía peor financiada de España

Desde la plataforma apuntaban esta semana que es necesario que los valencianos dejen de cargar cada año con la “mochila de la discriminación presupuestaria”, que se traduce en que la Comunitat Valenciana recibe cada año 1.325 millones de euros menos de lo que debería corresponderle a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, cada valenciano tiene 215 euros menos al año que la media estatal y 703 euros menos si la comparación es con la región mejor financiada.

“El 20N nos jugamos mucho”, recalcaba esta semana la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, quien exige al Gobierno que pase “de las palabras a los hechos”, y su homólogo de UGT-PV, Ismael Sáez, destacaba que este es un momento crucial porque la financiación “está en la agenda política del país por primera vez”, al tiempo que reclamaba que la negociación debe ser “inminente”.

La convocatoria de este sábado “no va contra nadie”, según explicó el secretario del Organización del PSPV, José Muñoz, en la presentación, “ni es una batalla entre pueblos”, tal y como señaló Carles Pons, responsable de Organización de Podem, mientras que el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, aboga por mantener la “presión” y reivindica un “grito por la unidad”. Desde Compromís, Àgueda Micó, hizo un llamamiento para plasmar en la calle la “conciencia” y el consenso existente en esta cuestión, y Ruth Merino, de Ciudadanos, reclamó no permitir “más excusas”.

Además de los partidos que sustentan al Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem), desde el propio Consell secundan la movilización. El president Ximo Puig confirmaba hace unos días su presencia en la manifestación del sábado, mientras que la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha denunciado reiteradamente esta situación y ponía el acento este mismo viernes en “la necesidad urgente de que los valencianos tengan la financiación que merecemos y dejar de cargar con la mochila de la discriminación”. En este sentido ha animado a la población a participar en las manifestaciones convocadas para este sábado en Castelló, València y Alicante, “si el tiempo no lo estropea”, porque es “una reivindicación del pueblo valenciano”.

30.000 millones de euros de deuda por la infrafinanciación

La deuda de la Generalitat Valenciana asciende a 51.700 millones de euros -el presupuesto autonómico para 2022 asciende a cerca de 28.000 millones de euros-. De esta cantidad, 31.000 millones corresponderían a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Es decir, tres de cada cinco euros que deben los valencianos responden a la infrafinanciación.