Un tercio de los vendedores de la ONCE cobra poco más de 700 euros al mes
La crisis ha afectado a todos los sectores, y la ONCE y sus vendedores no son una excepción. Así, la empresa, con más de 19.000 empleados, ha perdido unos 2.000 trabajadores desde 2010. Y no sólo eso, también han empeorado sus condiciones laborales. Según denuncian desde el comité de empresa, más de un 30% de la plantilla tiene un contrato júnior, lo que se traduce en que perciben el salario mínimo interprofesional, 707 euros al mes, “y eso quienes están contratados a jornada completa, porque quienes tienen media jornada cobran algo más de 400 euros, aunque realmente nadie hace sólo media jornada”.
Con este panorama, desde el comité de empresa calculan que han perdido aproximadamente un 40% de poder adquisitivo en los últimos años: “Un trabajador con una media de nueve años de antigüedad tiene un sueldo medio de unos 1.200 euros al mes”.
De este modo, aseguran que en la última década la situación de los trabajadores se ha precarizado considerablemente: “Antes era un trabajo digno, pero los últimos tres convenios colectivos han sido desastrosos para los trabajadores”. Principalmente, lo achacan a la creación de los contratos júnior. Si bien es cierto que se crean puestos de trabajo, “éstos son en condiciones precarias y no llegan a cubrir ni las jubilaciones”.
Uno de los condicionantes que denuncian desde el comité es el mínimo de ventas diario, 210 euros, que señalan es igual para todos los vendedores, “estén en la Puerta del Sol de Madrid o en una esquina del barrio de Natzaret, en Valencia, cuando evidentemente las ventas de uno y otro sitio no son los mismas”. Es a partir de estos 210 euros diarios de ventas (4.500 euros al mes) cuando los trabajadores comienzan a cobrar comisión.
Por eso, relatan que los empleados trabajan muchas más horas de las que les corresponden, “siete días a la semana para poder llegar a los números que te piden, y esa es una práctica que la ONCE conoce y permite”. Estos objetivos, muy difíciles de alcanzar en muchos casos, los salarios tan bajos y la gran cantidad de productos que deben dispensar, más de una treintena, hace que los grandes discapacitados y las personas con gran deficiencia visual renuncien directamente al trabajo, “y encima tienes la competencia desleal que te hace la propia empresa cuando los mismos productos que vendes tú se pueden comprar en la gasolinera, en el bar, en el supermercado o en la oficina de correos”.
Desde el comité relatan algunos casos que han acabado en los tribunales o en inspección de trabajo: “Tenemos una compañera que por retrasarse dos días en abonar 123 euros le impusieron una sanción de cuatro días de empleo y sueldo, con lo que le cuesta 400 euros, o un compañero en Tarragona al que le robaron y tuvo que reponer él la cantidad sustraída porque la ONCE no se hace cargo”. “También nos ha llegado el caso de un chico que, después de un año y medio trabajando todos los días en un sitio malo, no se le ha renovado por no llegar al mínimo de ventas”, comentan.
La empresa se defiende
Desde la ONCE apuntan que la controvertida figura del contrato júnior se incorporó en plena crisis y que con el último convenio colectivo se ha recortado de tres a dos años para poder pasar a tener contrato sénior, así como también se han eliminado los topes de ventas relacionados con las sanciones. “Si se producen sanciones es porque los vendedores están sin liquidar durante al menos un mes”, una práctica que reseñan no es habitual. En cuanto al salario de los vendedores, sostienen que son los únicos que tienen un salario fijo (entre 700 y 1.000 euros) y que en los dos últimos años se ha incrementado en un 3% el salario medio.
De igual modo, inciden en la formación que reciben sus empleados: tres meses a los nuevos y formación continua para el conjunto de la plantilla, “18.000 vendedores recibieron formación el año pasado”, así como también se han reducido los canales complementarios de venta (gasolineras, supermercados, restaurantes...) de 12.000 a 9.000. “Además, el 80% de nuestros vendedores tienen contrato indefinido”, insisten.
El caso de Luisa
Luisa es vendedora de la ONCE desde hace 31 años. Tiene 51 años, es divorciada y tiene dos hijos. Actualmente está sin recursos y subsiste gracias a la ayuda de sus padres después de solicitar una licencia no remunerada de dos meses, que posteriormente amplió en diez meses más, con una vigencia hasta febrero del próximo año. Ahora, pretende que la ONCE la reincorpore a su puesto de trabajo para poder solicitar la baja.
Luisa toma la decisión de pedir una excedencia tras haber perdido casi por completo la visión a causa de un glaucoma, después de encadenar varias bajas laborales y periodos vacacionales, de padecer depresión, de haber sido sancionada en dos ocasiones por baja rentabilidad, y tras más de tres años intentando, sin éxito, conseguir la incapacidad permanente o una gran invalidez.
Desde el comité de empresa justifican esta solicitud y explican que no entienden cómo la empresa le concedió esta excedencia, cuando es una figura que sólo tiene sentido cuando el solicitante pide la licencia para ayudar a un tercero, en ningún caso cuando es el trabajador el que tiene problemas, “en ese caso se le tenía que haber aconsejado que pidiera la baja laboral”. “Hemos hablado con la empresa y nos dijeron que mirarían el caso, dadas las particularidades de Luisa, pero de momento, nada de nada, todo sigue igual”, añaden.
Desde la ONCE se defienden asegurando que la petición de la trabajadora, solicitar el alta en mitad de una excedencia para después pedir la baja, “jurídicamente, es una ilegalidad”.
