De burladero del rey Juan Carlos a burladero de Díaz Ayuso

El 7 de marzo, en El burladero de la Monarquía, advertí que el sistema de administración de justicia en España, incluyendo en el mismo al Ministerio Fiscal, se había convertido en un burladero de la Monarquía, con la finalidad de impedir que la conducta de Juan Carlos de Borbón pudiera ser residenciada ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción hizo un esfuerzo titánico para denunciar, por un lado, en la fundamentación jurídica de su decisión la conducta del rey emérito como constitutiva de delito y para concluir, por otro, en la parte dispositiva de la misma, que no se le podía exigir responsabilidad por dicha conducta como consecuencia de la acción combinada de la inviolabilidad y la prescripción. 

Pocos días después de que se hiciera público el Decreto del Ministerio Fiscal, fue desautorizado en términos jurídicos, aunque sin referirse a él expresamente, por parte de la justicia inglesa, que circunscribió la inviolabilidad del rey a los actos vinculados a la funciones que tiene constitucionalmente atribuidas necesitados de refrendo y no a conductas privadas potencialmente constitutivas de delito. El 25 de marzo lo expliqué en Una demanda civil que va a desnudar a la Monarquía parlamentaria española.

La justicia inglesa sigue su curso y, si no se produce algún acuerdo de tipo extrajudicial que evite la celebración del juicio, en unos meses asistiremos al espectáculo de la declaración de Juan Carlos de Borbón y del ex director de CNI, general Sanz Roldán, ante un tribunal inglés. En España se puede manipular el proceso de administración de justicia y evitar que se puedan exigir responsabilidades de cualquier tipo, tanto civiles como penales, a Juan Carlos de Borbón. Fuera de España parece que no es así.

También puede ocurrir que en España se puedan exigir responsabilidades penales y civiles por conductas por las que no se exigiría tal responsabilidad en otros países de la Unión Europea, como hemos tenido ocasión de comprobar en la persecución judicial de los miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont o de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell. Hasta el momento, la justicia española no ha conseguido convencer a la justicia de cualquier otro país de la UE de la rectitud de su manera de proceder. Ni a la belga, ni a la alemana, ni a la escocesa, ni a la italiana. Veremos qué ocurre cuando las decisiones del Tribunal Supremo, confirmadas por el Tribunal Constitucional, aunque con votos particulares en contra, lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.   

El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal se han desacreditado tanto en la forma de proteger a Juan Carlos de Borbón como en la forma de perseguir a Carles Puigdemont y a Carme Forcadell, así como a otros miembros del Govern o de la Mesa del Parlament. No han conseguido convencer a nadie fuera de España de que estaban actuando como los órganos de administración de justicia de un Estado de Derecho. Todavía queda por ver qué deciden los máximos tribunales europeos, el TEDH y el TJUE.  

No contento con esta trayectoria, el Ministerio Fiscal ha decidido dar un paso más, con la finalidad de convertirse en el burladero de Isabel Díaz Ayuso. Además de burladero del rey emérito, burladero de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una vez fracasado el intento de impedir que su conducta  y la de su hermano fueran sometidas a investigación de ningún tipo, que tuvo su máxima expresión en la Asamblea de la Comunidad de Madrid de la que fue expulsada una diputada del PSOE por formular preguntas sobre la conducta de Tomás Díaz Ayuso, y ante la pretensión más que justificada de la Fiscalía de la Unión Europea de ser ella la que protagonizara dicha investigación, prácticamente el “Estado Mayor” de la Fiscalía española ha cerrado filas con la finalidad de dejar fuera de la misma a la Fiscalía de la Unión Europea.

Aunque no está previsto expresamente, no hay obstáculo de ningún tipo para que, como sugirió la Fiscalía de la Unión Europea, se preguntara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea quién debería hacerse cargo de la investigación. Sería la manera más inequívoca de dar una respuesta al conflicto. Todo el “Estado Mayor” del Ministerio Fiscal español se ha negado en redondo a que se efectúe tal consulta. ¿No debería ser el Ministerio Fiscal español el más interesado en que la investigación sobre la conducta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano se produzca con la mayor apariencia de imparcialidad? ¿No sería el aval del TJUE la mejor manera de garantizar dicha apariencia de imparcialidad? ¿No hay nadie en el Ministerio Fiscal español al que se le haya pasado por la cabeza que puede haber una apariencia de interés espurio en excluir a la Fiscalía Europea y retener la competencia en la Fiscalía española? ¿A nadie se le ha ocurrido que pueda suscitarse la sospecha de que se está construyendo un “burladero” para Isabel Díaz Ayuso? 

Tengo la impresión que, de alguna manera, a estos interrogantes habrá que darles respuesta. Con el consiguiente deterioro adicional de la Justicia española fuera de nuestras fronteras.