¿Condición suspensiva o resolutoria?

Formalmente la legislatura empezó el 10 de noviembre con la celebración de las elecciones generales. Materialmente no es así. La investidura del presidente del Gobierno que es el momento parlamentario complementario del momento electoral, sin el cual este último deja de surtir efectos, resultó extraordinariamente difícil como consecuencia de la calificación de la operación como “ilegítima” por los tres partidos de la derecha española, al constituirse un Gobierno de coalición del PSOE con Unidas-Podemos. Ante un Gobierno “ilegítimo” cabe todo en todo momento: tanto antes de la formación del mismo, con la votación de investidura por el Congreso de los Diputados; como después de la formación, intentando sabotear la acción del Gobierno.

La irrupción de una emergencia sanitaria de proporciones descomunales a la que se ha tenido que combatir recurriendo al estado de alarma previsto en el artículo 116 de la Constitución, ha permitido a las derechas españolas, ahora ya sin el concurso de Ciudadanos, continuar con la estrategia de “reventar” la legislatura que pusieron en marcha durante el proceso de investidura. El PP y Vox han intentado convertir las votaciones de prórroga del estado de alarma en una suerte de nueva votación de investidura, que, en el caso de que no se aprobara la prórroga, anularía la que condujo a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. En la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma estuvieron a punto de conseguirlo.

Aunque hace ya más de ocho meses que se celebraron las elecciones y en estos ocho meses han pasado muchas cosas, la legislatura propiamente no ha empezado. La mayor parte de la acción de Gobierno no ha estado dirigida a desarrollar el programa con base en el cual Pedro Sánchez fue investido presidente, ya que, por un lado, se ha tenido que hacer frente a una emergencia sanitaria que no lo hacía posible, y por otro, el Gobierno ha tenido que estar defendiéndose de manera permanente frente a las agresiones de todo tipo, incluidas las de “guerra jurídica”, que han consumido buena parte de las energías disponibles.

Los ejes de acción de Gobierno han sido, por un lado, una política para controlar la infección generada por la Covid-19 y para proteger a la población de las consecuencias de la misma y, por otro, una política europea, con la finalidad de conseguir la implicación de la UE en el programa de reconstrucción posterior a la pandemia.

Dicho de otra manera: la acción de Gobierno ha estado dirigida a crear las condiciones para que la legislatura pudiera propiamente abrirse. El confinamiento afectó a la totalidad del país y, por tanto, a la acción política. La necesidad de una respuesta europea ante la imposibilidad de que el Estado Nación solo, como dijo Angela Merkel tras entrevistarse con Enmanuel Macron, pudiera darla, concentró la acción de Gobierno de todos los países de la Unión en la negociación en Bruselas.

La legislatura empieza ahora. Y empieza con los Presupuestos Generales del Estado, cuyo Proyecto, por mandato constitucional, tiene que ser remitidos a las Cortes Generales antes de que finalice el mes de septiembre. El Gobierno tiene que ser capaz de elaborar un Proyecto de Presupuestos respecto del cual tenga la garantía no de que va a ser aprobado, sino de que no se aprobará ninguna de las enmiendas a la totalidad que, sin duda, se presentarán.  

El plazo para la aprobación de los Presupuestos no es finales de septiembre, sino de diciembre. El Gobierno no tiene que tener asegurada la aprobación de los Presupuestos en el momento de presentación del Proyecto, pero sí tiene que tener seguridad de que ninguna enmienda a la totalidad va a ser aprobada.

La votación de los Presupuestos Generales para 2021 sí es una suerte de votación de investidura invertida, ya que la alternativa de prorrogar los Presupuestos del año anterior no está disponible, como el lector sabe perfectamente. No se puede fallar ni en la votación de las enmiendas a la totalidad, ni en la votación final.

Para que la legislatura empiece a andar, tiene que haber Presupuestos Generales aprobados. Si el Gobierno, tras el éxito de la negociación en Bruselas, no consigue una mayoría parlamentaria para la aprobación de los Presupuestos, tendrá que disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones.

El comienzo real de la legislatura está sometido, en consecuencia, a una condición suspensiva, que puede convertirse en condición resolutoria.