Anticorrupción y el instructor vinculan a Camps con la financiación ilegal del PP once años después de la primera investigación de Garzón
En los distintos juicios que se han celebrado por los negocios de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana, el de la financiación ilegal del PP valenciano y los pelotazos en Fitur, se sentaron en el banquillo un vicepresidente de la Generalitat, una Consellera de Turismo, el exsecretario general del PPCV y los empresarios que ayudaron a cometer los fraudes. En esas vistas orales nunca estuvo Francisco Camps, el máximo dirigente político de la administración y el partido donde se cometieron las irregularidades entre los años 2006 y 2008.
De todas las piezas separadas que se abrieron en la macrocausa Gürtel, en ninguna estuvo investigado Francisco Camps. ¿Por qué? En 2009 y 2010 cuando la investigación inicial que arrancó Baltasar Garzón en 2008 desde la Audiencia Nacional llegó a la Comunitat Valenciana, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decidieron “sacar” de la vinculación con la trama corrupta el caso y las grabaciones de los audios en los que Álvaro Pérez El Bigotes presuntamente regalaba trajes de Milano al presidente de la Generalitat.
En un ejercicio de equilibrismo procesal, el TSJ valenciano decidió que esos regalos eran un cohecho impropio, es decir, que se entregaban por el cargo y no a cambio de favores del político. De un plumazo, el TSJ apartaba a Francisco Camps de cualquier responsabilidad o relación con la trama Gürtel y la financiación ilegal de su partido. Además, en 2012 el propio Camps salió absuelto de la causa de los trajes al no demostrarse la acusación y pese a que otros dos de los acusados reconocieron haber recibido los trajes, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos.
Camps siempre se ha ufanado públicamente de que como presidente de la Generalitat y del PP nada había tenido que ver con la trama Gurtel. Hasta el juicio en la Audiencia Nacional en 2018 sobre la financiación ilegal del PP. En aquella vista oral, hasta tres de los principales acusados declararon que Francisco Camps no solo estaba al corriente de la caja B, sino que fue uno de los cerebros que la ayudaron a construir.
Esas declaraciones permitieron a la Fiscalía Anticorrupción acudir a la Audiencia Nacional para que investigara a Francisco Camps no solo por el flujo de dinero B de los empresarios al partido, sino por la adjudicación de contratos públicos a cambio de dinero.
La jugada jurídica la pudo hacer el Ministerio Público gracias a que quedaba abierta una pieza separada en la Audiencia Nacional que iba a juzgar las irregularidades cometidas para entregar contratos públicos de la Generalitat a la empresa Orange Market, la firma que dirigía el socio comercial de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez.
Por esta investigación se sentará Francisco Camps en el banquillo de los acusados por segunda vez, pero será la primera por su vinculación directa con la trama Gürtel. Y es ahí donde radica la importancia del escrito del juez instructor y de la Fiscalía Anticorrupción que, con una semana de diferencia, han puesto negro sobre blanco que Francisco Camps era conocedor de la financiación ilegal de su partido.
El juicio no se celebrará por delito electoral o malversación al haber prescrito los delitos, pero si será por prevaricación y con unos escritos que sitúan al expresidente de la Generalitat en la cúspide de una trama corrupta que adjudicó contratos públicos para que una empresa, Orange Market, organizara los actos del Partido Popular los años 2007 y 2008.
Según el fiscal Anticorrupción, “con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de FITUR -causa juzgada y con condenas ratificadas por el Tribunal Supremo-, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del Partido Popular en dicha Comunidad Autónoma, Álvaro Pérez y Cándido Herrero, bajo la superior dirección de Francisco Correa y de Pablo Crespo, se concertaron con el acusado Francisco Camps Ortiz para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del ‘stand de Grandes Proyectos’ fuera directamente adjudicado a Orange Market”.
Por su parte, el juez instructor José de la Mata explicó en su auto de procesamiento a Francisco Camps que “el Partido Popular utilizó distintas estrategias para gestionar una deuda de 800.000 euros con el PP: la primera, el pago de parte de estas deudas mediante pagos en metálico (cantidades obtenidas con donaciones ilegales de empresarios valencianos); la segunda, el giro de facturas falsas de Orange Market SL a empresarios valencianos, que las asumían y pagaban”. Y apunta: “Camps Ortiz estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda, así como, también de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla”.
Según el juez, el expresidente valenciano “estuvo directamente relacionado con la contratación de Orange Market por el PPCV para todas las actividades relacionadas con la campaña electoral”, ya que “de hecho fue él quien decidió que Pérez Alonso se trasladara a Valencia y que, desde ese momento, se ocupara de realizar todos los eventos del Partido Popular en esa comunidad autónoma”.
La vinculación y la relación que el juez Baltasar Garzón en 2008 no ha sido apuntalada por ningún magistrado ni fiscal hasta 11 años después. No se le podrá juzgar por los delitos tipificados por estas presuntas actuaciones, pero según un magistrado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción: Francisco Camps lo habría sabido y dirigido todo.
