El presidente del Comité Económico y Social avaló los contratos de alta dirección que provocaron la detención del presidente de la Diputación de Valencia

La Operación Alquería, que nace de una denuncia de un directivo de Divalterra (antigua Imelsa) afín al autodenominado “yonki del dinero”, pretende determinar si los contratos de alta dirección aprobados en la empresa que gestiona a los brigadistas de la Diputación de Valencia fueron o no un fraude de ley y, si es así, si hubo malversación de caudales públicos por contratar sin concurso a afines a los partidos. De los doce informes jurídicos aportados en la denuncia de Ciudadanos que se ha incorporado al juzgado solo cinco versan concretamente sobre esta materia. Tres son positivos -con matices- y dos contrarios.

El primer informe sobre la materia que se puso en manos del consejo de administración que avaló la creación de los puestos de alta dirección fue del prestigioso catedrático de Derecho Laboral Carlos Alfonso Mellado, nombrado por las Corts Valencianes presidente del Consejo Económico y Social de la Comunitat Valenciana en esta legislatura. Está fechado el 21 de octubre de 2015 y con una aclaración el 28 de octubre del mismo año. Según ese informe, Divalterra podía tener estos puestos de alta remuneración y proceso de selección más laxo -pudiéndose realizar el nombramiento a dedo- siempre que dependiera del gerente, fuera limitado “como máximo uno en cada área fundamental de la empresa” y “desarrollando funciones de alto nivel y confianza”.

En el informe, en el que el propio Alfonso Mellado incorpora una aclaración para abundar más en la dependencia directa de los altos cargos de la gerencia, el catedrático de Derecho Laboral no entra en la manera de provisionar estos puestos. Se entiende por la normativa general que al ser puestos de confianza se pueden nombrar a discreción por el gerente. Pero nada impide tampoco proveer estos puestos con un proceso de selección mínimo en aras a mostrar una mayor transparencia. Y es ahí donde está uno de los puntos más polémicos de este caso puesto que las personas que acabaron accediendo a estos puestos eran militantes y cargos PSPV y Compromís.

El informe de Carlos Alfonso Mellado fue encargado por el gerente José Ramón Tíller y es el que se utilizó en el consejo de administración para la creación de los puestos de alta dirección. Pero Tíller fue despedido por el presidente de la Diputación Jorge Rodríguez y entró un nuevo gerente, Víctor Sahuquillo.

Al desconfiar de estos nombramientos, Sahuquillo encargó un nuevo informe sobre la materia a Santiago Blanes, del despacho Tomarial, que entregó el 3 de junio de 2016 un documento que se oponía los contratos de alta dirección de Divalterra.

Y es ahí donde empezó la guerra de informes que venía a ser una guerra entre los afines al anterior gerente y al nuevo. En ese mes de junio llegaron a Divalterra otros cuatro informes más sobre los altos cargos. Otro negativo solicitado por Sahuquillo y firmado por José Cano Larrotxa de ACAL y dos favorables, rubricados por Juan Manuel Pérez (Ages) y por el director de los Servicios Jurídicos del Divalterra, José Luis Vera.

Meses después Sahuquillo acabó destituido por un informe de auditoría que reveló gastos en bebidas alcohólicas. Los informes contrarios provocaron mucha tensión en la empresa pública y las denuncias del PP primero y posteriormente de Ciudadanos. El 2018 la situación, con un nuevo gerente y con la presión de la oposición, acabó con la dimisión de los altos cargos de Compromís y sin la cobertura de algunos puestos del PSPV. Era mayo de este año. Un mes después la policía nacional montaba la Operación Alquería, en la que fueron detenidos el presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, y cinco personas más.

Tampoco se podía echar a los enchufados del PP

El informe de Carlos Alfonso Mellado también incorporaba un estudio sobre los enchufados en las brigadas en la época del PP. El catedrático concluyó que no se puede extinguir sus contratos pese a no haber superado un proceso selectivo. “A no ser que se demostrase connivencia entre el trabajador y la dirección de la empresa para realizar una contratación en fraude de ley, pero parece una prueba muy complicada”, sentenció.