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Vecinos del Cabanyal se movilizan para evitar que una participada del BBVA desahucie de Sara y a sus cuatro hijos

La mujer vive en la calle Vicente Brull 67 y asegura que dejó de pagar su alquiler porque la entidad financiera que se hizo con el inmueble no le dio número de cuenta en el que hacer los ingresos

Espai Veïnal Cabanyal ha lanzado una campaña de movilizaciones para "presionar" a las administraciones públicas y entidades privadas a negociar "el futuro" de la finca

Miembros de Espai Veïnal junto a Sara, una de las afectadas por un posible desahucio

Miembros de Espai Veïnal junto a Sara, una de las afectadas por un posible desahucio.

El colectivo Espai Veïnal Cabanyal ha lanzado una campaña de movilizaciones para "presionar" a las administraciones públicas y entidades privadas a negociar "el futuro" de una finca de la calle Vicent Brull del barrio, que ahora pertenece a la mercantil Divarianun, para mantener la vivienda de seis familias alquiladas.

Divarian es una sociedad que aglutina la mayoría de los activos inmobiliarios del BBVA y que está participada en un 80% por el fondo Cerberus y en un 20% por la entidad bancaria.

Así lo han explicado este jueves representantes del colectivo, que han asegurado que realizarán "acciones de presión" para "señalar a los culpables".

El colectivo ha detallado que han evitado en tres ocasiones el desahucio de Sara B. y su familia, con cuatro menores, y ha explicado su situación y la de otras cinco familias que también están alquiladas en ese edificio.

Estas familias vivían alquiladas en esta finca, de la calle Vicent Brull 67 de El Cabanyal, propiedad de un hombre que fue embargado en 2015 por una deuda con BBVA, que se quedó con la propiedad de todo el edificio.

En principio, una sentencia judicial obligó a mantener los contratos de alquiler pero, según el colectivo vecinal, el banco no les facilitó una cuenta donde las familias debían ingresar el alquiler.

Así, por el "desconocimiento jurídico" de las familias, que son "bastante precarias", estas no eran conocedoras de que "si un propietario no te da una cuenta bancaria, puedes ir al juzgado y consignar una cuenta judicial donde pagar", explica el colectivo vecinal, que considera que lo que se pretendía era "provocar desahucios por impagos".

Pasados los meses necesarios sin pagar, el banco emprende la demanda y tres familias afectadas acudieron a Espai Veïnal Cabanyal. Entre otoño de 2018 y verano de 2019, el colectivo ha conseguido parar cinco desahucios, tres de la familia de Sara y otros de dos familias distintas.

En abril de este año, el colectivo descubre que el banco ha traspasado sus activos inmobiliarios al fondo de inversión Divarian.

El colectivo contactó con este fondo de inversión para tratar de negociar un alquiler social para la familia de Sara y se paralizó el segundo desahucio. No obstante, siempre según estas fuentes, en julio de 2019, "sin previo aviso", Divarian "rompe negociaciones" y solicita el tercer desahucio, que también lograr evitar en base a un informe de vulnerabilidad económica de la familia, emitido por el Ayuntamiento.

Esto ha concedido a la familia de Sara una prórroga de tres meses y, a partir del 4 de octubre, Divarian podrá solicitar el cuarto desahucio. Por ello, desde el colectivo se ven "obligados" a emprender una campaña de movilizaciones, en las que "señalarán a los culpables", para presionar al propietario del inmueble y a las administraciones públicas para "negociar el futuro de la finca".

En este contexto, ha reclamado que no se solicite el cuarto desahucio y se siente a negociar. "La pelota está sobre el tejado de Divarian", ha subrayado, al tiempo que ha detallado cuatro posibilidades que ofrecen al fondo de inversión.

Entre estas posibilidades, está que el fondo se comprometa a hacer un alquiler social para Sara y su familia en arreglo a su renta y a sus condiciones socioeconómicas; que el contrato pueda estar avalado por ayudar sociales y otros convenios de ayudas, "a las que Sara tiene derecho y no recibe".

Otra opción que han ofrecido es que el Ayuntamiento compre el edificio y lo destine a alquiler social; mientras que la última propuesta contempla que el Consistorio despliegue el marco legislativo necesario para expropiar la finca y destinarla a vivienda social.

"De este marco legislativo hay una muestra en Barcelona, de una primera expropiación. La ley y la constitución permitirían llegar a esa situación. Si lo conseguimos, sentaríamos precedente en València", ha sostenido.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Vivienda han asegurado que están al tanto del caso y que están tratando de mediar para alcnazar una solución habitacional que pasaría por la concesión de una ayuda de emergencia tramitada por el Ayuntamiento, ante la falta de disponibilidad de vivienda social y la extensa lista de espera existente.

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