Hace una semana una ministra dijo que la Tierra es redonda. En los días siguientes, la respuesta de las asociaciones de fabricantes de planisferios, de los medios de comunicación, de los sindicatos y de los partidos de la oposición (incluidos los que tienen en su programa que la Tierra es redonda) ha sido tanta y tan airada que a uno casi le llega a convencer de que la ministra ha dicho un tontería. Pues no. La Tierra es redonda, efectivamente, aunque Ribera no ha dicho eso sino algo que en el año 2018 debería ser una obviedad casi igual: “El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida”.
En el tiempo que ha pasado desde que pronunció estas palabras, a la ministra la han tirado de todo desde todos los lados, desde adjetivos como “enterradora” hasta acusaciones de crear “alarma social”. Ha pillado del PP y de IU, de la patronal de fabricantes de automóviles y de UGT, de medios monárquicos y de republicanos.
En su contra, también se han utilizado los números, que ya se sabe que en este país de letras son la verdad absoluta, sobre todo si van relacionados con la macroeconomía y el empleo y en estudios presentados por partes contratantes. Se le ha dicho que el 10% del PIB de España viene del sector del automóvil, que el sector mantiene 200.000 empleos directos e indirectos, que hay 17,9 millones de vehículos diésel (además de 13,6 millones que usan gasolina), de los que más de cuatro millones son profesionales. Incluso se ha publicado tal cual (en este diario también) un estudio que dice que el diésel ya casi no contamina, un estudio cuyo origen es una empresa que se dedica a vender productos para motores diésel y que iba acompañado de palabras contra la ministra por parte de uno de sus directivos.
Unos días antes de las declaraciones de Ribera, su Ministerio publicaba datos de 2017: las emisiones en España crecen un 4,4% respecto a 2016. La principal subida (18,8%) corresponde a la generación de electricidad, puesto que, gracias a la presión del oligopolio energético, seguimos a tope con el carbón y los ciclos combinados de gas, pero las emisiones del transporte por carretera también crecen: un 2,5%. Y aquí hay que parar un momento para dar un dato clave: este transporte por carretera es el principal responsable de las emisiones en nuestro país, supone el 25% del total (en ciudades como Madrid es más del 50%). Hoy emitimos un 17,8% más de porquería al aire que en 1990 y una buena explicación es que entonces teníamos 399 vehículos por cada mil habitantes y hoy estamos en 646. La mayoría son diésel porque a mediados de los noventa se empezaron a vender como la solución a todos nuestros problemas: eran más caros, sí, pero consumían mucho menos, el combustible era más barato y, oh, contaminaban también menos.
No es así, claro. Aparte de la expulsión de CO2, los diésel han destacado por echarnos óxido de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PM10, PM2,5) que están demostrando ser especialmente tóxicas. Además, las regulaciones europeas —muy recientes frente a las japonesas o norteamericanas— han sido siempre especialmente benevolentes con los vehículos impulsados por este combustible. Y, encima, las marcas han sabido saltárselas. El caso Volkswagen está dejando su apellido y ya se habla de Opel, Mercedes y muchas otras marcas metidas en el truco como modelo de negocio.
El mundo se ahoga, principalmente el mundo que habita en ciudades. La Agencia Europea del Medioambiente dice que cada año mueren en Europa más de 400.000 personas por respirar aire contaminado; los cálculos en España hablan de 20.000, veinte veces más que muertes por accidente de tráfico. La venta de los vehículos que nos matan, hay que decirlo así, está subvencionada por el Estado y sus planes PIVE. Y la del diésel, aún más, precisamente porque, como explica el informe de Ecologistas en Acción, Mejor sin diésel, este combustible tiene una rebaja impositiva que lo hace más atractivo frente a la gasolina y que supone una auténtica tomadura de pelo colectiva si tenemos en cuenta los costes sociales que provoca.
Todo esto se sabe. Llevamos meses viendo noticias sobre cómo ciudades de todo el mundo están intentando poner límites a la circulación de todo tipo de vehículos de combustión pero especialmente de los diésel, para quienes muchas de ellas han puesto la fecha de caducidad en torno a 2025. Como oportunamente ha explicado en este mismo medio Antonio M. Vélez, las previsiones de los expertos sitúan las ventas globales de estos vehículos en un 5% para 2030.
Por todo esto, hay que tener claro que la pataleta de los fabricantes trata de evitar una caída de ventas que, diga lo que diga la ministra, se va a producir: están vendiendo coches con fecha de caducidad y lo saben; lo que no quieren es que lo sepan los compradores. Son más difíciles de entender las críticas desde el lado izquierdo de la clase. Es cierto que la subida de impuestos —que no es tal subida, sino principio de normalización, como hemos visto— golpea especialmente a los trabajadores que dependen del vehículo para ganarse la vida y no tienen para renovarlo. Pero también es cierto que los costes asociados a la contaminación también pegan más (y matan más) a quienes menos tienen. ¿Por qué no, entonces, aprovechar las palabras de Ribera para exigir una política de subvención y fomento de vehículos más limpios —¡fuera cuanto antes también los de gasolina!— especialmente centrada en clases trabajadoras? O, ya puestos, un cambio profundo de modelo productivo que nos quite la dependencia de energías que sólo nos llevan a la desigualdad.
Quizá porque aquí no sabemos hablar sin salirnos del maximalismo pero también porque no hay conciencia real de que estamos metidos en un problema de contaminación que va más allá del cambio climático —que es nuestro principal problema, aunque pensemos que es lejano—, porque es algo que nos está envenenando hoy. La unidad de España es ese señor que, preguntado por la tele durante un episodio de alta contaminación en Madrid, decía eso de “dónde está la contaminación, dónde, que yo la vea”.
Quienes de verdad crean alarma social, los auténticos enterradores, son los que protestan y contratacan con mentiras a las palabras de Teresa Ribera. Por primera vez un ministro de un gobierno español ha hablado en nombre de los intereses de los ciudadanos y no de la industria automovilística y ha planteado la necesidad de que vayamos cambiando no sólo de coche, sino de aire. Seríamos idiotas si no empujásemos para que así sea y que sea pronto.
