Fomento propone la contratación “libre” de estibadores con experiencia en cualquier país de la UE

El Ministerio de Fomento quiere evitar el conflicto con los estibadores que amenaza con bloquear los puertos españoles. El ministro Íñigo de la Serna ha anunciado que retrasa al Consejo de Ministros del viernes 17 de febrero la presentación del real decreto ley para la liberalización de la estiba (carga y descarga de barcos), cuya reforma viene forzada por una sentencia del Tribunal de la UE.

Este viernes, que es cuando estaba previsto inicialmente aprobar la ley, en su lugar De la Serna ha convocado en el Ministerio a los sindicatos representantes de los estibadores. Acudirán dos representantes de la Coordinadora de Estibadores, dos de CCOO, dos de UGT y dos del sindicato gallego FIGA.

Fomento ha distribuido ya a estos representantes de los trabajadores el borrador del real decreto, que básicamente contiene los puntos que adelantó la semana pasada a los sindicatos. Esto es, entre otras cosas acaba con la obligación para las empresas que quieran operar en puertos públicos españoles de entrar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y de contratar a uno de sus 6.156 estibadores.

Pero además, según fuentes sindicales, “es un decretazo en toda regla” que ataca la estabilidad en el empleo y afecta a los convenios de aplicación.

Entre otras cuestiones, incluye que la contratación de trabajadores será “libre”, y detalla que estarán capacitados para prestar servicio portuario de manipulación de mercancías los trabajadores que acrediten “más de cien horas de trabajo en el servicio de manipulación de mercancías en cualquier estado miembro de la Unión Europea”, al margen de los que posean la titulación necesaria.

Se establece también un periodo transitorio en el que las empresas estibadoras, sean o no socias de las actuales Sagep, cubrirán con trabajadores provenientes de éstas un porcentaje de sus actividades. Este porcentaje deberá ser del 75% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercero.

A pesar de que el Gobierno quiere a toda costa evitar el conflicto, ha advertido de que la “fecha máxima” para lograr un acuerdo sobre la reforma es el viernes 17 de febrero, para así evitar una sentencia de la UE “que está a punto de fallarse” y que conlleva una sanción.

Pero además la tramitación parlamentaria del decreto necesita del apoyo de otros grupos, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, ya ha adelantado que el PSOE apoyará una salida negociada del conflicto. Se ha mostrado en contra de buscar salidas “aceleradas”.

Por su parte, En Comù, la confluencia catalana de Podemos, quiere que De la Serna comparezca ante la Comisión de Fomento del Congreso para explicar la propuesta de liberalización de las operaciones de carga y descarga y de la contratación de estibadores en los puertos españoles.