El Gobierno de Urkullu pacta con Elkarrekin Podemos-IU que la RGI cubran siempre el 60% de la renta mediana

La coalición Elkarrekin Podemos-IU, con seis escaños en el Parlamento Vasco, ha alcanzado un nuevo acuerdo de calado con el Gobierno de PNV y PSE-EE. Tras acordar los términos de la ley antipandemia y ser parte del gran pacto educativo, aunque desde una posición muy crítica por el peso en Euskadi de la enseñanza concertada, el grupo de Miren Gorrotxategi ha negociado la reforma del sistema de garantía de ingresos, cuya punta de lanza es la RGI pero que ahora se combina con el nuevo IMV estatal transferido también a Lanbide. Como adelantó este periódico y se ha confirmado este martes, el acuerdo incluye tres puntos clave: un mecanismo de actualización anual de las cuantías que no será el IPC pero que no dejará la decisión al arbitrio del Gobierno de turno y fijará unos mínimos (el 60% del ingreso mediano), una “universalización” de la prestación para todos los mayores de edad -ahora la edad de referencia, con algunas excepciones, eran los 23 años- y una rebaja del requisito de empadronamiento a uno o cero años para los colectivos más vulnerables.

Elkarrekin Podemos-IU registrará este jueves una batería de enmiendas al proyecto de ley ya previamente acordadas con el Ejecutivo, aunque se reservará también otras en temas pendientes. En cuanto a las cuantías, el punto fundamental del acuerdo porque afecta a los alrededor de 50.000 beneficiarios actuales, la propuesta inicial enviada en primavera al Parlamento, que parte del ala socialista del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, en concreto de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ya preveía subidas. El gran cambio pasaba en la revisión al alza de las cuantías garantizadas actuales en todos los supuestos. Se hablaba de que la prestación básica para un adulto pasaría de 727,41 a 737,45 euros, el garantizado para pensionistas mejoraría de 834,59 a 934,10 euros y en los supuestos máximos ascendería de 1.127 a 1.327,40 euros (tres adultos, uno pensionista) y de 1.033 a 1.425,72 euros (dos adultos con tres menores al cargo). Sin embargo, este modelo era un paso atrás con respecto a las cantidades comprometidas en la ley anterior, de 2008, aunque ya hace años que quedaron en papel mojado por sucesivos recortes. Entonces se estableció una cobertura mínima del 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un tope del 135%.

Ahora, según los datos facilitados por Elkarrekin Podemos-IU, la cuantía base será de 803 euros de entrada, que casi es coincidente con la inflación del 10%, en palabras de David Soto, negociador de la coalición. La coalición ha indicado que, entre o no en vigor la ley, en 2023 ya se abonarían las nuevas cantidades con la primera actualización respecto a la propuesta del Gobierno, adjunta en el cuadro bajo estas líneas. “Hay un compromiso aumento de las cuantías. La voluntad del Gobierno vasco y de la mayor parte de los grupos es que por cuanto beneficia a mucha gente, consigamos que se apruebe antes de enero de 2023 pero, en todo caso, como puede que no lleguemos, el Ejecutivo se ha comprometido en este sentido”, ha explicado Soto. La fórmula sería con una disposición incorporada en la ley de presupuestos, que será aprobada por la Cámara el 23 de diciembre para su entrada en vigor el mismo 1 de enero de 2023.

Además, el pacto incluye que se introducirá un sistema anual de revisión de las prestaciones. No será el IPC como tal pero Elkarrekin Podemos-IU confía en que evite que quede al albur de la discrecionalidad política del Gobierno y confía en que camine en la senda de preservar el poder adquisitivo de los perceptores. Navarra, por el contrario, sí apuesta por una subida de las prestaciones conforme a la inflación y está gobernada por los mismos partidos protagonistas del pacto en la Cámara autonómica, socialistas, nacionalistas (con la marca Geroa Bai) y Podemos. “Lo que para nosotros era fundamental era que existiera un indicador claro, seguro, inmutable. Nunca la cuantía base será menor que la tasa de pobreza, que es 60% del ingreso mediano”, ha indicado Soto.

En cuando a las edades, las personas de 18 a 23 años podrán pedir la RGI si reúnen los requisitos con los mismos derechos que los mayores de esa edad salvo un matiz: han de acreditar un año de vida emancipada. Todos los perceptores en edad de trabajar deberán acreditar un año de demanda de empleo en Lanbide. Elkarrekin Podemos-IU afirma que este último punto evita tener que acreditar cotización a la Seguridad Social. “Es un giro de 180 grados”, alegan, porque particularmente para los jóvenes no les obliga a haber tenido un empleo digno sino solamente a haberlo buscado activamente y será responsabilidad de la Administración darles cobertura si Lanbide no les ha ayudado como parados. La coalición destaca también que se elimina la intención del Ejecutivo de pedir un año de vida emancipada para las personas de 23 a 29 años, aunque el Gobierno lo rechaza y afirma que ese requisito se mantiene sí o sí.

En cuanto al empadronamiento mínimo en la comunidad autónoma para acceder al sistema, que se subió de uno a tres años en un pacto de los socialistas con el PP en la legislatura de Patxi López, se introducirán nuevas excepciones para colectivos vulnerables que se irán concretando y a los que se les requerirá o doce meses o directamente nada. Elkarrekin Podemos-IU ha citado como beneficiarios a refugiados, mujeres víctimas de violencia o familias con menores en riesgo de exclusión social.

“Venimos aquí, contentos, lo hemos conseguido. Con nuestras aportaciones, ha mejorado de manera clara la propuesta del Gobierno y ha quedado muy atrás la propuesta de 2018 [cuando el PNV controlaba estas políticas]. Creemos que las políticas públicas se refuerzan como consecuencia de esta negociación. Más protección para más personas y con más garantías”, se ha felicitado la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi. En todo caso, Soto ha admitido que han actuado con pragmatismo para conseguir algunos avances aunque el máximo de sus peticiones. “El resultado de las negociaciones ha sido todo lo positivo que podía ser, pero no damos por definitivo el marco de mejora en la RGI como tampoco renunciamos a la renta universal, que debía haberse podido tramitar. Ése es el horizonte futuro pero somos un grupo que tiene que actuar con responsabilidad”, ha explicado preguntado por un pacto que, 'de facto', consolida dos recortes introducidos en el pasado, el empadronamiento general de tres años salvo para los colectivos excepcionados o la desvinculación de las cuantías del SMI, algo que se decidió cuando el Gobierno central empezó a subir de manera clara este indicador.

Euskadi cuenta con margen para financiar mejoras en la RGI porque el IMV estatal cubre buena parte del presupuesto que antes se destinaba a la materia y solamente el sobrante hasta los umbrales garantizados por la normativa autonómica corre a cargo de las arcas de Lanbide. Elkarrekin Podemos-IU, en todo caso, asegura no tener una memoria económica del impacto de los cambios ni tampoco una estimación de potenciales beneficiarios. Ha confiado en que sea el Gobierno el que lo haga público. El nuevo modelo, según expresó en su día Mendia, pretende igualmente eliminar controles de los perceptores “no objetivables”, en línea con las recomendaciones del Ararteko. Elkarrekin Podemos-IU ha explicado que el acuerdo implica también que los inspectores no solamente vigilen el fraude sino abusos de Lanbide, como por ejemplo que se ofrezcan ofertas de empleo adecuadas a los perceptores, ya que rechazarlas es motivo de suspensión.

La coalición, en todo caso, se reserva algunas enmiendas en materias no acordadas en la confianza de seguir negociando. Tal es el caso de su idea de profundizar en la “cotitularidad” de las prestaciones de modo que si el titular es suspendido por un fraude, por ejemplo, no penalice a sus convivientes que viven de ese mismo salario social. En todo caso, se dan por satisfecho que las cautelas ya propuestas por Mendia en la línea de no ser expeditivos cuando hay menores en la vivienda, por ejemplo.

Políticamente, el acuerdo precede a la negociación de los presupuestos de 2023. En 2022, el Gobierno miró a EH Bildu. De hecho, el Ejecutivo, a pesar de su mayoría absoluta, ha exhibido capacidad de acuerdos con todos los grupos salvo Vox y está protagonizando una legislatura de geometría variable. El Ejecutivo de PNV y PSE-EE ha aplaudido rápidamente el “amplio consenso” que suscitará la reforma de la RGI también. “Amplía las coberturas y aumenta las cuantías”, han indicado PNV y PSE-EE en una nota conjunta en la que, igualmente, afirman que las modificaciones están visadas por los agentes sociales que conocen la materia. “La ley asegurará la adecuación de la prestación a los estándares europeos, fijando un límite infranqueable”, señalan socialistas y nacionalistas. PP+Cs, rápidamente, ha descalificado el pacto y ha considerado que el Gobierno de Urkullu se ha “podemizado”.

En un vídeo, Mendia ha añadido: “Para construir ese país que queremos ser, en el que no sólo haya más personas vulnerables protegidas, sino con más oportunidades para salir de su situación. Y hacerlo de forma tasada, medida. Nuestro sistema de garantía de ingresos no es una renta de emancipación. Pero los jóvenes que acrediten que son vulnerables y tengan un proyecto de vida previo acreditado también estarán protegidos. El acuerdo avala además lo previsto en el proyecto de ley para la actualización de cuantías, que en el primer año toman como referencia para establecer la cuantía base, el Ingreso Mínimo Vital, que el Gobierno de España quiere incrementar en un 8,5%. A partir de 2024 el indicador de referencia para la actualización será la tasa de riesgo de pobreza, con lo que seguiremos el criterio establecido para el conjunto de la Unión Europea”.