Los vascos creen que los extranjeros residentes en Euskadi permiten que la economía funcione mejor

¿Cómo percibe la sociedad vasca a la población de origen extranjero? En un momento en el que la inmigración y sus consecuencias son objeto de un acalorado debate, el último informe de Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración sobre sus efectos en la sociedad vasca refleja que los vascos creen que los extranjeros permiten que la economía funcione mejor. La encuesta sobre la que se basa el informe se realizó en 2017 y está constituida por 600 entrevistas domiciliarias a personas adultas residentes en Euskadi, utilizando un muestreo aleatorio estratificado con cuotas por tamaño de hábitat, edad y sexo. Los datos obtenidos se consideran representativos para la comunidad autónoma con un margen de confianza del 95% y un error del ±4%.

La mayoría de personas entrevistadas opinan que las personas extranjeras residentes en Euskadi permiten que la economía funcione mejor (45,9%) y que su aportación resulta necesaria en algunos sectores (41,4%).

Y es que los ingresos que aportan los inmigrantes a las arcas públicas son superiores a las prestaciones sociales que reciben, incluso en pleno periodo de recesión y frente a la extendida creencia de que es al contrario. El propio Ikuspegi analizó en su día el impacto económico de la inmigración en Euskadi en los años 2008 y en 2012. Es decir, justo al comienzo de la crisis y en plena recesión económica. Y en los dos años, los ingresos son superiores al gasto que se realiza en este colectivo. El saldo para el año 2008 se situó en algo más de 71 millones de euros y en 38 millones para 2012. En ambos casos el saldo es positivo, pero también hay que subrayar que se detecta el impacto de la crisis, ya que este saldo ha disminuido en torno a 33 millones de euros.

Si se analiza los datos de 2012, puede observarse que la cuantía se sitúa en 631 millones y que, por lo tanto, aun siendo un periodo de recesión económica, los ingresos aportados por la población de nacionalidad extranjera en la comunidad autónoma aumentan en 188 millones. En este caso, siguen siendo las cotizaciones sociales el ingreso más relevante –277 millones–, pero el ingreso en IRPF se incrementa sensiblemente y se sitúa en 201 millones. A más distancia se sitúan otros apartados como el IVA, los impuestos especiales o los ingresos a través de vivienda pública.

Cuidado de familiares

Incluso hay sectores económicos que no se entiende sin la presencia de los inmigrantes. Por ejemplo, el sector de los cuidados familiares. La externalización de parte de las tareas tradicionalmente adjudicadas a las familias ha otorgado un papel protagonista a las mujeres migradas desde países extracomunitarios a la Unión Europea, sobre todo cuando dichas tareas están relacionadas con el cuidado de personas dependientes en los hogares y el servicio doméstico. Lo que se conoce como crisis de los cuidados y su mercantilización ha sido el motor de la feminización de los procesos migratorios, impulsados a partir de las oportunidades laborales que ofrecen los países de destino.

Pero, ¿por qué se les ofrece esta profesión como única salida? “Porque el de los cuidados es un sector laboral precario y difícil de cubrir en su variante domiciliaria. La atención a personas dependientes continúa manteniendo su carácter invisible, femenino, precario y poco dignificado y profesionalizado, quedando relegado a los grupos de población con menos recursos. Y esa población, hoy por hoy, está representada por las mujeres de origen extranjero, situación que conforma la triple discriminación de la ‘mujer migrante trabajadora’”.Esa es la conclusión de Julia Nogueira y Joseba Zalakain, que la han dejado plasmada en el trabajo de investigación. La discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de cuidado en Euskadi.

Derechos universales

Mientras, la encuesta de Ikuspegi muestra que los vascos consideran el acceso a la educación y la sanidad derechos universales, mientras que el cobro de la renta de garantía de ingresos, la reagrupación familiar, el acceso a la vivienda de protección oficial y el ejercicio del voto solo se admiten para aquellas personas en situación administrativa regular. La política inmigratoria preferida, según la encuesta, es la que condiciona la residencia legal a la posesión de un contrato de trabajo (43,4%), si bien cada vez son más (un 28% en 2017 frente a un 16,7% en 2012) quienes opinan que se debe autorizar la estancia de las personas que llegan al país por reagrupamiento familiar, por motivos de estudio o como refugiadas. Quedarse sin trabajo no se percibe como un motivo de exclusión (70,5% de respuestas en contra, la cifra más alta desde que se realiza la encuesta).

Tolerancia a la inmigración

El índice de tolerancia a la inmigración, que sintetiza en una escala de 0 a 100 la respuesta a las 65 preguntas más discriminantes del estudio, alcanza en 2017 los 58,48 puntos y queda ligeramente por debajo del de 2016 (59,04), pero este deterioro no modifica el escenario de estabilidad que se dibuja desde 2015. Ikuspegi interpreta estos datos como una nueva constatación de que el ‘pulso’ social en materia de inmigración oscila a la par que los indicadores macroeconómicos.