Fin al conflicto: la Policía de Vitoria acepta la propuesta de Urtaran y se lleva un plus de 600 euros
El 65% de los votantes en el 'referéndum' celebrado en las últimas horas en la Policía Local de Vitoria -que representan al 44% de la plantilla- han votado 'sí' a la última y definitiva propuesta del Ayuntamiento para desbloquear el conflicto en el cuerpo, que se mantiene desde verano. El Gobierno local no sólo suaviza los calendarios de trabajo y los refuerzos exigidos en fechas clave sino que asumirá una subida salarial por encima del 1,5% previsto para el conjunto de los funcionarios españoles al plantear un plus de 600 brutos anuales (50 mensuales) condicionado al absentismo.
Según ha informado este martes el comité de trabajadores del Ayuntamiento, 250 de los 367 integrantes de la Policía han participado en la consulta. 164 (el 65,6% e los votantes) han votado 'sí' a la propuesta municipal frente a 77 'noes' (30,8%) y nueve votos nulos o blancos. Los resultados son inversos a los de la anterior asamblea, en la que el 70% de los agentes se mostró partidario de seguir adelante con las medias de presión y no aceptar la oferta entonces sobre la mesa.
El conflicto con la Policía de Vitoria tiene su origen en la escasez de efectivos del cuerpo. Si la plantilla oficial es de 423 efectivos, como muestra el censo hay un 14% de vacantes estructurales a las que hay sumar el absentismo y los problemas propios del trabajo a turnos para garantizar un servicio de 24 horas. En este escenario, el volumen de días especiales en los que se habían restringido las libranzas había alcanzado los 36 al año.
Así las cosas, con motivo de la multitudinaria bajada de Celedón que da inicio a las fiestas de VItoria y en medio de la alerta yihadista de nivel 4 sobre 5, el 4 de agosto de 2017 se inició la primera huelga encubierta cuando un puñado de funcionarios se negaron a participar en el despliegue especial coordinado con la Ertzaintza. Meses después, en octubre, la protesta se transformó en 'huelga de celo': un grupo de policías optó por aplicar a rajatabla la normativa y se dispararon las multas. Un dato, en 2018 se han recaudado 1,5 millones por 0,8 del mismo período del año anterior. En otoño se conoció que un agente que acreditaba una sanción semanal había alcanzado las 80. El colofón de las medidas de presión llegó en los desfiles de Carnaval, cuando repentinamente una parte de la plantilla se cogió la baja médica, de nuevo ante un dispositivo de seguridad especial ante un evento multitudinario.
No sin tensiones internas -en estos meses incluso han dimitido delegados sindicales de Erne y ha sido Sipla quien ha dado cobertura a la campaña de presión-, la plantilla ha mantenido la presión hasta el final y ha forzado al alcalde, Gorka Urtaran (PNV), al edil de Seguridad, Carlos Zapatero (PSE-EE), y al 'negociador' Iñaki Gurtubai a modificar diametralmente sus ofertas. Si inicialmente se planteaba apostar por interinos -una figura ahora inexistente- para cubrir las bajas y ni se planteaban las subidas más allá de 1,5%, ahora se ha encontrado una fórmula en forma de “plus de productividad” condicionado al bajo absentismo. Se da la circunstancia de que en la Ertzaintza también se ha logrado una vía para mejorar la condiciones de los mandos ante la polémica surgida por las restricciones el cobro de dietas. Asimismo, existe un compromiso formal de acelerar las OPE para alcanzar esos 423 efectivos prometidos.
En un comunicado, el Gobierno local ha valorado “de forma positiva” lo que considera la “resolución del conflicto”. “Se ha llegado a una solución que defiende los intereses de la ciudadanía y pone fin a un conflicto que afectaba a los gasteiztarras. Ha imperado el sentido común”, ha destacado Urtaran, que asegura que no se han hecho cesiones que no fueran “legítimas”. Asimismo, el regidor ha matizado que el complemento de productividad de 600 euros es “temporal” hasta la “cobertura de la relación de puestos de trabajo”, es decir, hasta que se alcancen los 423 efectivos.
