“Se revisan 2.000 RGI al mes; ojalá los inspectores fiscales tuvieran el mismo trabajo”
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, abrió hace unos meses el debate sobre las ayudas sociales y desde entonces, quien más y quien menos, no ha tenido más remedio que entrar en su juego. “Un juego peligroso”, advierte Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Álava. “El Gobierno dice que revisa una media de 2.000 RGI al mes. Ojalá que los inspectores fiscales tuvieran el mismo volumen de trabajo”, apunta Ibeas durante la mesa redonda organizada en Vitoria por el Servicio Diocesano del Laicado con el objetivo de desmontar los rumores contra los inmigrantes y el supuesto fraude en el cobro de prestaciones sociales aventado por el alcalde. Y es que Ibeas puso el dedo en la llaga porque lo que “realmente hace daño a la sociedad es el fraude fiscal” que deja sin recursos a las administraciones. Sin embargo, ese debate parece que no le interesa al alcalde.
Así que, quien más y quien menos, no ha tenido más remedio que entrar en el terreno de juego que ha marcado Maroto. Al menos, el resto de partidos y los movimientos sociales han reconducido la discusión a los problemas de gestión técnica de las subvenciones, intentando dejar al margen quien las cobra, si son inmigrantes o autóctonos. Gorka Moreno, director del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, también ha participado en la mesa redonda organizada por el Laicado. Moreno advirtió sobre la necesidad de establecer un cordón sanitario en torno al PP y bajo ningún concepto entrar en su juego. “Maroto pervierte y descontextualiza los datos. Ha establecido el terreno de juego, pero la respuesta del resto tiene que ser la de no jugar. Hay que poner un muro de acero e impedir que pase. Nadie tiene que bailar con él y seguirle el juego”.
Moreno incluso cree que Vitoria se puede convetir para el PP nacional en un laboratorio de puebas sobre las ayudas sociales y la respuesta de la ciudadanía. “Solo pido a EH Bildu, PNV y PSE que establezcan un pacto y que en caso de que gane el PP en Vitoria apoyen de forma unánime al que quede segundo. A corto plazo es la única manera de detener esta escalada”.
Cuestión técnica, no política
Los expertos aseguran que mejorar el fraude en la Renta de Garantía de Ingresos es una cuestión técnica y no política. “Todos estamos de acuerdo en que no haya defraudadores y que las ayudas vayan a parar a los que realmente las necesitan. Pero ese es un debate técnico de cómo mejorar el sistema, no político. Porque lo que ha hecho Maroto es introducir la variable de quién tiene derecho a recibir las ayudas”, remarca Moreno. La iniciativa parlamentaria lanzada por el alcalde, según Moreno, no va dirigida a corregir abusos, sino que se propone directamente “recortar derechos a los más pobres, a los que tienen menos posibilidades de lograr su integración laboral”.
Ibeas reconoce que el sistema de la RGI es mejorable porque todavía hay una parte de familias en situación de pobreza que no acceden a estas prestaciones, ya sea por desconocimiento, por vergüenza o por no cumplir los requisitos. “Con tener un huerto o un piso heredado junto con el resto de la familia, y que resulta invendible hoy por hoy, ya no puedes acceder a la RGI. Es una situación injusta que se debe resolver, pero eso no puede suponer cuestionar todo el sistema en su conjunto”.
Tanto Ibeas como Moreno recalcaron la idea de que la RGI es una ayuda destinada a los pobres y la tasa de pobreza es entre los inmigrantes diez veces más elevada que entre los autóctonos. Este dato, registrado por la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, justifica por si mismo la mayor presencia de inmigrantes.
