El Gobierno vasco licita el megacontrato de la luz a un precio fijo de 144 millones para blindarse ante el contexto global

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la compra centralizada de energía eléctrica 'verde' para el sector público vasco para los próximos dos años por un importe global de 144 millones de euros. Es un megacontrato -es el más elevado de la Administración vasca- que en esta próxima licitación será a precio fijo para evitar las fluctuaciones derivadas de la situación geopolítica internacional y que se dejaron notar en el recibo de la luz del anterior contrato, que estaba en manos de Iberdrola, y que era a precio variable.

De hecho, el precio de salida de la adjudicación se reduce de hecho a casi la mitad de lo que se licitó en el contrato anterior. El precio de adjudicación a Iberdrola para los años 2023 y 2024 fue 258 millones de euros, 129 millones cada año. Fue un precio que se disparó en ese momento por el incremento del precio de la luz derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y elevó en más del 70% el contrato anterior, del que también fue adjudicataria la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán.

Fuentes del Gobierno vasco señalan que la licitación actual no es comparable con la del contrato anterior porque la energía está ahora “más barata”. Señalan incluso que los casi 144 millones son el precio máximo, y que podría ser incluso inferior cuando se realice la adjudicación. Además, recuerdan que el hecho de que sea un precio fijo, evita tener que enfrentarse a fluctuaciones inesperadas de los precios, que pueden darse por la tensa situación internacional que afecta a la precio de la energía.

Estos contratos a precios fijos, PPA como se conoce en el argot empresarial por sus siglas en inglés -Power Purchase Agreement, son los que se están extendiendo en la mayor parte de las compañías, sobre todo las electrointensivas, y también entre las administraciones, tras las subidas desorbitadas de precio de la luz del inicio de la guerra de Ucrania, que obligaron incluso a cierre de algunas empresas. Con el PPA se garantiza la estabilidad en el precio en contratos a largo plazo.

La energía que se suministre a la administración vasca por parte de la empresa adjudicataria tiene que ser cien por cien de origen renovable, una condición que se impone para realizar las adjudicaciones de electricidad desde al año 2019, y con ella se suministrará electricidad, además de a las instalaciones del Gobierno vasco, a organismos como la EHU, los parques tecnológicos, Osakidetza, Euskotren o los colegios públicos, entre otros. La centralización de la contratación no se extiende al pago, sino que cada entidad paga su factura, según matizan desde el Ejecutivo vasco.

Según ha detallado la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la encargada de tramitar la contratación será la viceconsejería de Administración y Servicios Generales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, y se espera que a adjudicación esté realizada en el plazo de tres meses. Con esta nueva licitación se contrata el suministro para los años 2026-207 de un total de 1.638 puntos de acceso y un consumo aproximado de 325Gwh anuales. En cuanto al origen de la energía contratada, “se deberá suministrar únicamente energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables y/o cogeneración de alta eficiencia. Así se prevé cubrir la demanda de energía eléctrica de los puntos de consumo citados con un 100% de energía renovable”, ha señalado la consejera.

El importe del gasto total en concreto es de 143.996.546,02 euros, distribuidos en las siguientes anualidades: 71.995.371,21 euros en 2026 y 72.001.174,81 euros en 2027. La centralización de la factura de la electricidad se lleva a cabo también por parte de las Diputaciones, agrupando, además de las sociedades públicas la mayor parte de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, que tienen menor capacidad de negociación, de forma que la factura sea más competitiva.