La letra pequeña de la condena de Larrion: aceptará tres años de cárcel, tres delitos e indemnizar a la víctima

La excandidata de EH Bildu en 2015 y 2019 a la alcaldía de Vitoria y exparlamentaria vasca Miren Larrion explicó este jueves a través de Facebook que se había resuelto la investigación penal en su contra por haber suplantado la identidad de una compañera de partido, unos hechos que trascendieron en febrero de 2021 y que la apartaron de la vida pública. Escribió que había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y daba a entender que ello le obligaría a realizar simplemente unos trabajos en beneficio de la comunidad, sin más detalles. En esa comunicación, la expolítica no contó en toda su extensión el alcance real del proceso judicial en el que está inmersa y que aún no ha finalizado. Según fuentes judiciales, el pacto alcanzado implica una condena de tres años de cárcel, multa e indemnización a la víctima por tres delitos admitidos por Larrion. En principio, Larrion no tendrá que sentarse en el banquillo y hay buena voluntad por parte del ministerio fiscal para solicitar, tras la condena en firme, la suspensión de la entrada efectiva en prisión. Pero la decisión última dependerá del juez de lo penal que reciba el expediente y que ni siquiera ha sido designado, por lo que no hay nada cerrado.

Lo que ha ocurrido es que la titular del juzgado de instrucción 3 de Vitoria, María Elena Rodríguez Molpereces, dio por finalizada la investigación contra Larrion. Halló indicios suficientes de criminalidad para enviarla a juicio. Quedó acreditado que la exdirigente de EH Bildu sustrajo la cartera con dinero y la documentación a una colega en la sede de la formación y que se valió de ello para abrir una cuenta bancaria, entre otras gestiones. Larrion llegó a hacerse pasar por ella con pequeños cambios físicos y también cuando fue detenida por la Ertzaintza. La imputada reconoció los hechos después de conocidas estas conclusiones y no antes, un elemento fundamental para interpretar el alcance de la condena que recibirá y su posición actual.

Como explican fuentes judiciales, si la defensa de Larrion hubiese admitido estos hechos antes del cierre de la instrucción –existe para ello una previsión expresa en la normativa procesal– Larrion habría gozado de una rebaja sustancial de la pena, de un tercio del total y aplicable de manera automática. De hecho, la causa ya estaría cerrada, ya que se habría celebrado un juicio rápido en la misma sala de instrucción y todo habría quedado resuelto. Ahora se expone a que el juez, en ejercicio de sus prerrogativas, opte por no suspender la pena de prisión ni conmutarla por los anunciados trabajos en beneficio de la comunidad.

El caso quedó abierto a los escritos de acusación y, para dar respuesta a este trámite, la fiscal, Aída Lozano, y el abogado de Larrion, Ramón del Valle, con el que este periódico no ha logrado contactar con éxito, han presentado de manera conjunta un relato de los hechos. Ese texto también tiene la firma de la acusada igualmente. La aplicación de la rebaja de un tercio de la pena por conformidad queda, con esta fórmula, al albur del desarrollo de las investigaciones, aunque parece que la Fiscalía sí la ha asumido. 'El Correo' publicó que la intención inicial del ministerio fiscal era pedir cuatro años y nueve meses de cárcel. Los tres años pactados entrarían, más o menos, en ese cálculo de dos tercios de la previsión.

Asemejarse a la víctima

¿Cómo será la condena? Siempre según las fuentes consultadas, se establece una pena de dos años de cárcel por un delito “continuado” de “falsedad documental”. Se entiende como agravante el “disfraz”, esto es, el uso de técnicas para asemejarse a la víctima ante terceros, y se aplica un atenuante por los problemas de salud mental de Larrion, acreditados por informes médicos. En la práctica, el efecto de uno neutraliza al otro. Además, hay una pena de un año de prisión por “usurpación del estado civil”, un delito muy específico que implica también actuaciones “continuadas” y que ni siquiera exige que haya resultados en el fraude o ánimo de lucro, sino simplemente el haberse valido de documentación o datos de la víctima. El tercer delito es leve y es un “hurto”, por la sustracción de la cartera con unos 50 euros en efectivo, tarjetas y otros objetos personales de poco valor económico. No alcanza la categoría de “robo”. Por ello, esto sí que se ventila con una multa penal y sin cárcel. Además, Fiscalía y defensa han acordado una responsabilidad civil, tampoco de gran cuantía, que deberá ser abonada a la víctima de los delitos.

Ahora este escrito pasará a uno de los dos juzgados de lo penal de Vitoria, los órganos encargados de enjuiciar los expedientes que, por su menor envergadura, no llegan a la Audiencia Provincial de Álava. La previsión es que ni siquiera se celebre un juicio. El magistrado o magistrada que asuma el expediente –Beatriz Eva Román Gobernado procede de Instrucción 3 y quizás tenga que abstenerse en función de las fechas en que se iniciara el caso– deberá convocar a Larrion y ésta tendrá que ratificarse en la admisión de responsabilidad ya realizada por escrito. No es necesario que este trámite se haga en una vista pública si la defensa renuncia expresamente a esa posibilidad de defenderse y presentar pruebas. Tras ello, se emitirá la sentencia condenatoria.

“He alcanzado un acuerdo y en breve espero poder estar haciendo trabajos comunitarios, y poder ayudar a otros, como otros me han ayudado a mí, y así poder cerrar ese episodio”, contó la propia aludida en Facebook. Añadió también: “Hace ya algo más de un año que públicamente reconocí un error. De lo que en ese momento yo no era consciente era que abrir una cuenta utilizando una documentación de una compañera además de ser un error, también, era un grito de ayuda. Tuve suerte de que ese grito de ayuda fuera tan fuerte que fue escuchado. Y así, pude ser atendida, diagnosticada y tratada por el mejor de los equipos de Osakidetza. En estos momentos también puedo deciros que he alcanzado un acuerdo sobre esta causa judicial, donde está el atenuante, en base a los informes de estos profesionales”. No mencionó en ningún momento los delitos ni tampoco la pena por ellos. Sí hizo un firme alegato para sacar a la luz el problema de la salud mental –ella sigue en tratamiento– y se felicitó de que la sociedad esté ya naturalizándolo.

Este caso supuso la salida inmediata de Larrion de la política y su desaparición de la esfera pública hasta el comunicado de la pasada semana. Larrion era uno de los grandes activos de la nueva izquierda abertzale, a la que dio los mejores resultados de su historia en la ciudad vasca menos nacionalista. En 2015 propició la salida de Javier Maroto (PP) de la alcaldía de Vitoria aupando al candidato del PNV y todavía regidor, Gorka Urtaran, y en 2016 llegó a participar en el debate de los candidatos a lehendakari como sustituta del inhabilitado Arnaldo Otegi. Los hechos que trascendieron en 2021 generaron una gran conmoción tanto en EH Bildu como fuera de ella.