El PNV exige la devolución de la documentación incautada por Franco a las instituciones vascas

El PNV ha pedido en el Congreso de los Diputados la devolución de la documentación incautada a las instituciones vascas durante el franquismo en una enmienda registrada este miércoles al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Así consta en una de las cinco enmiendas que los nacionalistas vascos han registrado al proyecto que se tramita en el Congreso y con las que también busca que garantice el ejercicio del derecho de restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, según informa Europa Press.

El grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban defiende la necesidad de “reparar la expoliación con fines de represión” llevada a cabo por el franquismo. Por eso exige la devolución de la “documentación oficial” incautada al Gobierno de Euskadi, las diputaciones forales y sus “entidades dependientes en tiempo de la II República y el exilio” que, recalca, “forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca, a la que sus instituciones representan”.

La formación 'jeltzale' ha informado, en un comunicado, de que ha presentado cinco enmiendas que también tienen como objetivo garantizar el ejercicio del derecho de restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil o el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos. En concreto, el Grupo Vasco reclama, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, la devolución de la documentación incautada a las instituciones vascas durante el franquismo. De esta forma, quiere que se “repare la expoliación con fines de represión llevada a cabo por el franquismo de una documentación oficial que forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca, a la que sus instituciones representan”. Asimismo, el PNV pretende introducir una nueva disposición final con el fin de garantizar que el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos “no se vea limitado por la Ley de Patrimonio Histórico español”.

Asimismo, añade otra disposición final para establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. En este sentido, plantea que este derecho respecto a los partidos políticos, organizaciones sindicales y a sus organizaciones vinculadas “alcanzará a todo tipo de efectos, entre otros, enseñas, emblemas y banderas que se conserven en cualquier dependencia u órgano de la Administración General del Estado y su sector público”.

Por último, propone la modificación del artículo referido a símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Así, pide que sean consideradas “contrarias a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo de los organismos que sustentaron la Dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el Régimen franquista y las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial”.