Relevado el director del IVAP por querer participar en la OPE que se va a convocar

Solamente seis meses después de su nombramiento, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno Olatz Garamendi ha acordado la salida del hasta ahora director general del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Egoitz Laburu. Lo ha hecho con un escueto comunicado en el que se apela al Código Ético y en el que se menciona que toca “evitar cualquier atisbo de conducta o práctica que pueda levantar sospecha de favoritismo por valerse de las prerrogativas derivadas de su cargo para obtener ventajas para sí mismo” pero en el que a la vez se le agradecen los “servicios prestados” y se le desea “suerte” en el “futuro profesional”. Según fuentes del equipo de Garamendi, lo que hay detrás es que Laburu quería presentarse a una OPE organizada por el propio Gobierno vasco y se aparta antes de que se inicie el diseño de esa convocatoria.

Se trata de “preservar la integridad, la objetividad y la ejemplaridad del Gobierno vasco ante el próximo diseño de la convocatoria para la estabilización de vacantes cubiertas por personal interino”, indica el Ejecutivo. Y se añade: “El IVAP es una organización determinante en todo proceso de oferta pública de empleo en la Administración vasca”. Sin más detalles, el comunicado incide en que “la decisión adoptada está inspirada en los principios y conductas exigidos por el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos”. “La medida va dirigida a salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad [...]. La decisión también está inspirada en el respeto a los principios de imparcialidad y objetividad al que se deben los cargos públicos de la Administración pública”.

Se da la circunstancia de que el IVAP ya fue objeto de controversia en la pasada etapa, con Maite Iruretagoiena al frente, por su participación en la OPE médica de Osakidetza celebrada en 2018. Por vez primera, el Departamento de Salud externalizó a este organismo la confección de parte de las pruebas para evitar filtraciones, pero al carecer de expertos recurrió a miembros de los tribunales. En variadas categorías las mejores notas recayeron en los colegas de hospital o conocidos de los autores de las preguntas y ahora un juzgado de Vitoria mantiene abierta una causa penal en la que ya hay una veintena de imputados.