El sindicato de interinos exige un alto en la consolidación de plazas del Gobierno vasco hasta que se pronuncie la Justicia

El sindicato Interinok taldea ha solicitado a la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco que traslade al Gobierno autonómico la “conveniencia” de la paralización de los procesos de consolidación de plazas en la Administración hasta que se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Interinok taldea ha recordado, a través de un comunicado, recogido por Europa Press, que el Gobierno vasco, mediante la ley autonómica de Cuerpos y Escalas, han puesto en marcha “la apisonadora” de sus procesos de consolidación de plazas. Este colectivo ha asegurado que estos procesos “incumplen” la Directiva 1999/70 de la Comisión Europea e “infringen” la doctrina del TJUE. Además, ha denunciado que estos procesos “no tienen como objetivo retener el talento de las personas en situación de abuso de la temporalidad y estabilizar su relación de empleo”. Por el contrario, ha advertido de que este recurso se ha convertido en “un ERE encubierto en el que todo vale”.

El sindicato ha recordado que ya ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la normativa que sustenta el diseño de estos procesos de consolidación, es decir, la convocatoria de la oferta de empleo de 2022, las bases generales, y las bases específicas de los cuerpos convocados el pasado mes de mayo. Además, en aras de la “seguridad jurídica” de los empleados públicas “en fraude de ley por abuso de la contratación temporales”, ha solicitado a la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco que trasladen al Gobierno vasco “la conveniencia de la paralización” de los procesos de consolidación iniciados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Interinok pide que se paralice el proceso hasta que las cuestiones prejudiciales formuladas por un juzgado de Barcelona en torno a este tipo de procesos en todo el Estado “sean sentenciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.