El terremoto sacude el complejo equilibrio de poderes en la frontera de Siria y Turquía

La franja fronteriza de Siria con Turquía ya era un polvorín antes del terremoto del pasado lunes, con la presencia de grupos armados radicales y territorios disputados entre esos grupos y otras milicias rebeldes, el régimen sirio, los kurdos y las tropas turcas. El seísmo ha sacudido una ya frágil situación humanitaria y política, y esos actores se ven abocados a cooperar frente la emergencia, aunque más de uno intentará sacar partido de la catástrofe.

“Ahora la prioridad de todos los actores es hacer frente a la emergencia humanitaria, más que intentar sacar réditos políticos”, dice a elDiario.es Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, añade que el régimen del presidente Bashar al Assad “intenta aprovechar esta coyuntura adversa para tratar de sacar rédito político y desde el primer momento ha pedido que se levanten las sanciones (estadounidenses)”, en concreto las que se conocen como Ley César. Después de las denuncias de Damasco, la Administración Biden anunció el jueves que permitirá durante 180 días todas las transacciones a Siria relacionadas con la respuesta humanitaria al terremoto, ya que la Ley César prohíbe a los bancos y otras entidades e individuos estadounidenses interactuar con el país árabe.

Normalización de relaciones

Este viernes, Al Assad hizo una visita a la ciudad de Alepo para mostrar su solidaridad con las víctimas del terremoto en esa urbe cuyo control recuperó su Ejército en 2016. En la actualidad, todavía hay zonas de la provincia de Alepo que están en manos de grupos armados y políticos opositores, apoyados por Turquía. Además, tropas turcas están presentes en el lado sirio de la frontera y controlan áreas tanto en el noroeste como al este del río Éufrates –arrebatadas a los kurdos en sucesivas ofensivas–. 

Al Assad, que no suele aventurarse fuera de su búnker en la capital ni se había pronunciado aún sobre el terremoto del lunes, ha corrido el riesgo de desplazarse hasta el norte del país, junto a su esposa Asmaa, para reafirmar la presencia de su Gobierno en esa zona y aplacar un posible descontento ante la deficiente respuesta a la catástrofe natural, que ha afectado a algunos de sus principales bastiones, como Latakia y Tartús. Al Assad ha acusado a Occidente, una vez más, de no tener en cuenta “el lado humanitario” de la situación en Siria, por lo que “es natural que [Occidente] la politice”, incluso en estas circunstancias.

Según Álvarez-Ossorio, el régimen trata de utilizar el terremoto para “avanzar en el proceso de normalización de relaciones con los países árabes y la comunidad internacional”, que ya había dado comienzo hace algunos años, sobre todo con algunos gobiernos árabes que habían marginado al dictador desde el estallido de la revuelta en 2011 e, incluso, habían apoyado a sus oponentes, como Qatar.

“Existen precedentes de que el régimen sirio ha instrumentalizado la ayuda humanitaria para repartirla entre sus aliados y castigar a sus enemigos”, dice el catedrático. Y detalla: “Las organizaciones de caridad y beneficencia están en manos de su propio entorno familiar o personas muy próximas al régimen”.

Además, las ONG y los organismos internacionales necesitan del permiso del régimen para actuar en su territorio –actualmente, la mayoría del país, menos la franja fronteriza con Turquía, las zonas del este en manos kurdas y zonas desérticas del centro y este del país, incluidos puntos donde hay tropas de EEUU, aliadas de los kurdos–.

“Es un país devastado por la guerra, con una tasa de pobreza superior al 90%, toda ayuda que llegue es susceptible de ser revendida por los señores de la guerra”, dice Álvarez-Ossorio. Por ello, sostiene, “la comunidad internacional es bastante escéptica porque sabe que el régimen la va a utilizar para fortalecerse y beneficiar a los suyos”.

El conflicto territorial

Además, la presencia de grupos radicales, como la Organización de Liberación del Levante (nacida en torno a la exfilial siria de Al Qaeda), que controla la mayor parte de la provincia de Idlib, podría dificultar o desalentar la entrada de equipos extranjeros para ayudar en las labores de rescate y asistencia humanitaria, que sí están acudiendo a Turquía.

Los llamados Cascos Blancos, que desarrollan labores de rescate en las áreas opositoras del noroeste, han denunciado que no dan abasto y que, hasta este viernes, solo han llegado a la zona voluntarios egipcios y españoles sin equipamiento.

El conflicto por el control del territorio en el norte de Siria está afectando a la llegada de la ayuda humanitaria. El único paso fronterizo por el que entran los cargamentos a las zonas rebeldes es Bab Al Hawa, en la provincia de Idlib. El otro cruce con Turquía, Bab Al Salam, fue cerrado en 2020 gracias al derecho a veto de Rusia –aliada de Al Assad– y China en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El primer convoy de ayuda de emergencia no llegó a Siria hasta el jueves por la mañana, 72 horas después de los fuertes terremotos. Mientras, las fuerzas kurdas que controlan el noreste de Siria –sin el reconocimiento del Gobierno central pero con su connivencia–, han denunciado que las milicias respaldadas por Turquía han impedido el paso de camiones de ayuda humanitaria para los afectados en Idlib y Afrín (cantón kurdo conquistado por Turquía).