Toda la noche a la intemperie para optar a una vivienda pública en alquiler en Madrid: 30.000 aspirantes y 288 pisos

Las aspirante a una vivienda pública hacen cola para presentar su solicitud.

"Llevamos desde las dos de la mañana aquí. Ya has visto cómo está la cola: si llegas a las ocho, no entras. Y, por internet, nada".

Son las siete de la mañana, el termómetro marca un grado bajo cero y Wendy espera a que abran las puertas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. El edificio está en Palos de la Frontera, no muy lejos de la rotonda de Santa María de la Cabeza (al lado de la estación de Atocha), y la fila da la vuelta a la manzana entera. Queda muy poco para que termine el plazo de inscripción en la nueva oferta de vivienda pública del Ayuntamiento –acaba este miércoles 6– y muchos de los solicitantes entregan los papeles en mano. La oficina abre de ocho y media a dos de la tarde, así que tiene capacidad para atender a unas mil personas por jornada. Algunas han estado allí otros días, pero se han marcharon al ver que no iban a entrar. La solución es volver y esperar desde muy temprano –hay gente que llegó a las doce de la noche y ha dormido sobre cartones– para conseguirlo.

"Ellos te envían un mensaje. Si sabes, lo haces por internet. Si no, vienes", explican Jamal y Andrei, dos aspirantes, en la fila. "Nosotros lo presentamos hace un año, pero ahora hay un nuevo plan. Los alquileres están muy altos; a ver si toca".

Que en pleno 2019 haya cientos de personas haciendo cola en la calle durante horas para resolver un trámite con la administración se debe a dos motivos. El primero, los problemas que da el formulario: hay que subir documentos, que a veces pesan más de lo permitido, la gente no siempre tiene escáner u ordenador y algunos que no se apañan y prefieren ir y hablar en persona. El segundo: el Ayuntamiento ha cambiado los criterios para acceder a una vivienda pública y, aunque uno ya estuviese en lista, debe actualizar su solicitud. En ciertos casos se puede hacer vía web (si uno es capaz), pero en otros es obligatorio acudir de forma presencial.

"Ha cambiado el sistema de adjudicación: hay datos que antes no teníamos y ahora necesitamos", explica Francisco López Barquero, consejero delegado de la EMVS. "Pero también hay procesos que, aunque para algunos sean sencillos, para gente con menor nivel socioeducativo no lo es. Estamos poniendo a más trabajadores, abriendo canales y haciendo un gran esfuerzo".

La víspera de Reyes entró en vigor el nuevo reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS. A grandes rasgos, y según describió su presidenta Marta Higueras (primera teniente de alcalde de Madrid), se ha pasado de un sistema de baremación (se asignan puntos según las condiciones del solicitante) a uno de cupos (se coloca a cada aspirante en uno o varios grupos y entran en el sorteo de viviendas dirigidas a ellos). El fin es "evitar guetos" y conseguir "una mayor heterogeneidad" en los edificios.

Estos grupos son: menores de 35 años, mayores de 65, familias monoparentales, numerosas, personas con discapacidad, víctimas directas o indirectas de violencia de género, personas vulnerables, en extrema exclusión residencial y grupo general.



Tras la aprobación del reglamento, el 15 de enero se anunció una nueva oferta: 288 viviendas, situadas principalmente en los distritos más pobres: 110 en Vallecas, 51 en Villaverde, 50 en Tetuán y el resto entre Carabanchel, Usera, Centro, Barajas y otros.

Como la forma de acceso había cambiado, al día siguiente todas las personas que ya estaban apuntadas recibieron un mensaje indicando que, si querían participar, debían actualizar sus datos. "Yo metí los papeles hace tiempo y me han escrito para renovar", dice Aarón, otro de los madrugadores de la fila. "Soy asalariado, tengo dos niñas y me han subido de 300 a 500 euros el alquiler. El banco no me da hipoteca porque no tengo para el depósito. Nunca me han dado vivienda pública porque iba por puntos y según tu necesidad, pero ahora va por sorteo. Por eso hay tanta gente".

Tal aluvión de solicitantes no es nuevo; lleva un par de años repitiéndose, con picos de "efecto llamada" cada vez que hay una adjudicación. En septiembre de 2016, el gobierno de Manuela Carmena aprobó una pequeña modificación del anterior reglamento, permitiendo que los más pobres (los que cobran menos de 0,75 veces el IPREM, el indicador para medir la concesión de ayudas, que este año está en 537 euros mensuales) puedan también solicitar vivienda pública. Además, limitó a 3,5 veces el IPREM el tope para acceder.

"Durante muchos años, con el PP, para apuntarte tenías que cobrar entre 0,75 y 5,5 veces eso. Así teníamos un registro de 8.000 solicitantes", explica un trabajador de la empresa. "Cuando se puso cordura en el asunto, se vio que quien más necesita vivienda es quien menos tiene. Se estableció el IPREM de 0 a 3,5 veces y entró la avalancha".



Hoy hay más de 30.000 personas en lista para acceder a una vivienda pública –de alquiler y no de compra, como antes– en la ciudad. En toda la legislatura se han adjudicado 2.891; con estas 288 nuevas sumarán 3.179. Eso son diez solicitantes por cada vivienda disponible. Una vez más, el Ayuntamiento culpa a la Comunidad de no mover un dedo para solucionar uno de los principales problemas de la ciudad. "Somos los únicos que damos vivienda pública en alquiler en Madrid", indica López Barquero. "El IVIMA, que ahora es Agencia de Vivienda Social, no ha hecho convocatorias. Por eso cada vez tenemos más gente".

Con este nuevo reglamento, el Ayuntamiento espera que las pocas viviendas que hay se las lleven los que peor están. "Si una mujer es madre soltera, víctima de violencia de género y además su hija tiene discapacidad, estaría en tres grupos de demanda y optaría al sorteo de cada uno", añade el trabajador de la empresa. "Así quitas la picaresca de familias que empadronaban a alguien discapacitado, conseguían muchos puntos y con las que nos era difícil demostrar si vivían o no juntos. Ahora el problema es que hay poquita vivienda".

Respecto a las colas y a la gente durmiendo en la calle para entrar, en la entidad aseguran que están duplicando esfuerzos (hay 40 trabajadores extra), que se atiende bien a la gente y que tienen preparado un plan por si el día 6 por la tarde aquello se desborda. "Hay sintonía entre la plantilla y la dirección. Aunque alguien no trabaje en atención ciudadana, todo el mundo se vuelca porque hace falta", añade el trabajador.

"Estoy a punto de ser desahuciado de uno de los pisos que el IVIMA vendió a un fondo buitre. Tendré que volver mañana a hacer noche, porque es el último día y la gente se me está colando", concluye uno de los solicitantes, que ha llegado pasadas las siete. "Ahora es más difícil que te den un piso que que te toque el euromillón. Pero la Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda. Y digna".

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Publicado el
5 de febrero de 2019 - 21:33 h

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