Ayuso subvenciona a ocho órdenes religiosas, particulares y empresas para que conserven edificios protegidos privados

Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la calle San Bernardino

La Comunidad de Madrid ha otorgado por vez primera ayudas a particulares, empresas y asociaciones para la conservación de edificios catalogados. Las ayudas se convocaron en verano por la Dirección General de Patrimonio Cultural pero los beneficiarios conocieron el importe de las subvenciones hace menos de un mes, que asciende a 300.000 euros.

En total son ocho las empresas, asociaciones y paticulares a las que se han concedido las ayudas, entre las que se encuentran dos organizaciones religiosas: las monjas Agustinas Recoletas del Monasterio de la Encarnación (con 60.000 €), en la calle Santa Isabel y las clarisas

del Monasterio de la Concepción (otros 60.000 €), según la información consultada por este medio en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda.

También han resultado beneficiarios el Campus Moragete de Ambite (38.228,47 €), la empresa Hostelería Tradicional Española (20.000 €), con sede en un edificio antiguo de Chinchón, la comunidad de propietarios del Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la calle San Bernardino 14 de Malasaña (60.000 €) y también la particular Amelia García Benito (48.703,09 €). Todos podrán sufragar con estos importes actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles privados con protección de Bien de Interés Cultural y Bien de Interés Patrimonial.

Además, también recibirá 13.068,44 euros la empresa EG 3&5, propietaria del Hospitalillo de Chamberí, como adelantaba este martes El Periódico de España. El lugar se convertirá próximamente en un colegio de lujo, después de que sus dueños hayan acordado la cesión de las instalaciones a una institución escolar anglosajona.

La Comunidad de Madrid pretende “contribuir a que los propietarios privados conserven los bienes protegidos de su titularidad”, explicaba en una nota de prensa difundida el pasado verano, con el objetivo de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones que establece la normativa de patrimonio histórico”. Los beneficiarios podían ser personas físicas o jurídicas, como agrupaciones sin fines de lucro, comunidades de propietarios “o cualquier otro tipo de unidad económica”. Las ayudas podían llegar hasta el 70% del total de los gastos subvencionables y el tope fijado era de 300.000 euros, que se ha gastado en su totalidad.

La concesión se realizará por procedimiento de concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas, valorándose, entre otros criterios, el nivel de urgencia y la calidad del proyecto técnico. También la ubicación en pequeñas poblaciones de la región. Otros aspectos puntuables eran el uso público, la mejora en las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas o la utilización de criterios de sostenibilidad.

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