El cura de Yecla, el PP y la legalidad vigente

Es muy llamativo cómo las consideradas personas de orden son capaces de perder los papeles y actuar directamente en contra de los principios que siempre dicen defender cuando un factor externo, pero de mayor enjundia, establece que sus propuestas no son las que han de ser aplicadas. Reaccionan muchas de ellas con una crudeza inaudita, rayana en la barbarie e inconscientemente ––concedámosles el beneficio de la duda–– destrozan todos las convenciones sociales, principios y premisas gracias a los cuales la convivencia es soportable.

Es el caso del ya famoso en toda España “cura de Yecla”, que ha conseguido con su soflama católica, disparatada y carpetovetónica que esa ciudad ocupe lugar preferente en las crónicas chuscas los últimos días. Puede que las mentiras tengan las patas muy cortas, pero también encuentran muchos micrófonos abiertos y se expanden como manchas de aceite. Probablemente sean los vecinos y parroquianos del ensotanado mentiroso quienes le estarán eternamente agradecidos por haber elevado el topónimo a las máximas alturas mediáticas en las noticias estatales.

Exabruptos de ese tipo que ni el mismísimo Trump hubiera osado tuitear son frecuentes desde la pasada semana, cuando fue claro que la superdenostada Ley Celaá iba a ser aprobada en el Congreso de los Diputados, aunque fuera por la mínima. Retorcer la ley, rizarla, escurrirla, apelotonarla, empastarla, machacarla, darle la vuelta, pedacearla… Todo eso vale para la estrategia que el PP pretende seguir contra la aplicación de la nueva norma superior estatal para la Enseñanza.

Resulta curioso que el mismo partido que ha sido incapaz de aplicar, de lo mal hecha que estaba, la anterior ley de Educación, parida por la mente privilegiada del exministro Wert, diga ahora que intentará impedir por todos los medios a su alcance la puesta en funcionamiento de otra norma sustitutoria que dizque mejora aquélla. Tan curioso como es que los mejores representantes de las cosas como deben ser, del orden establecido, de la legalidad vigente a machamartillo y de la ley divina por encima de las de los hombres convoquen a sus huestes jurídicas para que busquen la forma de evitar que los designios de la maligna vasca Celaá se cumplan en los territorios donde creen que podrán hacerlo.

Nuestro ejemplo más cercano, el del presidente de la Región. Le faltó tiempo. La víspera de que la mayoría absoluta –– ajustada, eso sí–– del Congreso, representando a siete partidos políticos ––eso también––, aprobara la Ley Celaá ya anunció cuál iba a ser su estrategia de insumisión. Y lo hizo incluso tres días antes de que su presidente partidario, Pablo Casado, tocara a rebato.

Por una actitud mucho más suave y, en cualquier caso, constreñida a la legalidad vigente ––expresando solo deseos de cambiar la legalidad, no de violentarla––, los “populares” que ahora se declaran insumisos han venido calificando de “antisistema”, “perroflautas”, “bolivarianos”, “populistas”, “radicales”, “separatistas”… a varios partidos de los que aprobaron con los votos de sus diputados la nueva ley para la Enseñanza.

El problema de fondo viene a ser que los dos partidos principales de la actual oposición de derechas tienen su pensamiento y su práctica política enraizada en la doctrina de la Santa Madre Iglesia católica, por lo que la única salida a este callejón sin ella es cortar el cordón umbilical, como explicó muy bien explica el constitucionalista Pérez Royo.

Es una solución a medio/largo plazo, por lo que solo la disfrutarán los ahora millennials. Entretanto, nos serviría con que los señores recién autoproclamados insumisos recordaran que la vilipendiada LOMLOE tiene nivel de “Orgánica”, como su propia nombre indica y como todas las que de Educación han sido. Es decir, solo viene, en el ordenamiento jurídico del Estado español –– o del Reino de España si así lo prefiere esos del “orden”––, por detrás de la Constitución y de los Tratados Internacionales. A continuación de esas normas orgánicas quedan los decretos legislativos y los decretos-leyes estatales, que preceden a los reglamentos del Gobierno (del Estado). En sexto y séptimo lugar de la pirámide legislativa española quedan las leyes de comunidades autónomas y los reglamentos de las mismas.

Así que habrán de explicar Casado y los presidentes de las cinco regiones que gobierna su partido ––Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, siempre en compañía de otros–– cómo van a articular el incumplimiento de una ley orgánica de rango superior a cualquier normativa que emane de poder regional. Porque eso es subvertir el orden establecido y lo demás son tonterías. Aunque si lo que pretenden es regodearse con patochadas de curas cafres como el de Yecla, a lo mejor hasta resulta divertido. Vale.

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