Denuncian un posible trato de favor de Francisco Bernabé a una empresa que administraba una cantera ilegal
ARIMESA ha sido denunciada durante años por Ecologistas en Acción debido a su situación irregular y al impacto ambiental en la Sierra de Orihuela-Santomera.
La cantera del Zacacho lleva más de 40 años funcionando sin licencia municipal para la actividad extractiva, tal y como recoge la Sentencia 373/2008, de 30 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, según avisan desde EEA.
Esta sentencia motivó que el Ayuntamiento de Santomera decretara en 2009 el cierre de la cantera, acto recurrido por la mercantil. Dicho recurso fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Murcia, siendo firme y sin posibilidad de recurso.
Uno de los factores que desde Ecologistas consideran como clave en el periplo de esta cantera ilegal, es que ARIMESA “pertenece a Pedro García-Balibrea, Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia y Presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, cuya influencia en el Gobierno Regional es evidente”.
Presunta prevaricación de Francisco Bernabé
Presunta prevaricación de Francisco Bernabé
En la denuncia, la organización señala que el exConsejero de Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé Pérez, el Jefe del Servicio Jurídico y el Subdirector General de Ordenación del Territorio participaron en la subsanación del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, a través de la Orden de junio de 2015, ignorando total y absolutamente los trámites legales establecidos para permitir la legalización y ampliación de la actividad de la cantera ilegal del Zacacho.
De hecho, ARIMESA no sólo no acata el decreto de cierre, sino que tendría la pretensión de ampliar su explotación ilegal hasta cubrir casi 100 hectáreas, obviando la mencionada sentencia firme de 2015.
Pero además, recuerda la organización ecologista, esa ampliación afectaría a la sierra de Orihuela-Santomera, clasificada en el PGMO como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, por sus importantes valores ambientales.
Para los ecologistas, la Consejería de Ordenación del Territorio dictó una Orden que podría considerarse presuntamente como prevaricadora, al modificar el PGMO de Santomera sin contar con el correspondiente trámite administrativo y ambiental y, lo más grave, sin el conocimiento y la participación necesaria del Ayuntamiento de Santomera.
Actuaciones administrativas insólitas
Actuaciones administrativas insólitasEcologistas en Acción recuerda que la Consejería de Ordenación del Territorio dictaminó la obligación de garantizar la ausencia de impacto negativo sobre el medio ambiente, pero la negativa de ARIMESA a someterse a dicho trámite, y la connivencia del Gobierno Regional para evitarlo, ha llevado al más absoluto esperpento, llegando a incorporarse informes desconectados de determinados departamentos de la administración regional, con el aparente objetivo de intentar exonerar a la mercantil de su obligación legal de someter la actividad a una Evaluación de Impacto.
En esta categoría destaca otro hecho inconcebible, también remitido al Fiscal, que es un reciente informe de la Oficinade Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que declara abiertamente la ausencia de impacto de dicha cantera sobre la fauna, sin justificación técnica que avale tal afirmación, y que se emite en contestación a una inaudita consulta realizada por la mercantil al departamento de Juan Madrigal de Torres.
“Tranquilidad absoluta” de Bernabé
El diputado nacional en el Congreso, Francisco Bernabé ha manifestado “tranquilidad absoluta” ante lo que ha denominado “temeraria y falsa denuncia” la interpuesta en la Fiscalía de Medio Ambiente por Ecologistas en Acción contra su persona durante su etapa como Consejero de Fomento e Infraestructuras.
Bernabé ha insistido en que “esta Orden no habilita por sí sola para el ejercicio de ninguna actividad, sino que expresamente remite a que sea el Ayuntamiento de Santomera el que ratifique su validez, con las correspondientes autorizaciones sectoriales y ambientales de las administraciones con competencias concurrentes, e incluso con la incorporación de las rectificaciones que se considerasen procedentes”.
“La prevaricación, por omisión, se habría dado precisamente de no haber dado respuesta a estas circunstancias”, ha explicado Francisco Bernabé quien ha indicado que, “se actuó tras conocer previamente los informes favorables de los funcionarios responsables de los servicios de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Autónoma dando por cumplimentados los requerimientos de la Consejería de Fomento que se hicieron en 2008 y 2013”. El diputado nacional ha aclarado que esto sucedió “antes de ser Francisco Bernabé Consejero de esta materia”.
La Orden trae su origen en el informe emitido sobre este particular, en fecha 16 de marzo de 2015, por la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM, en el que literalmente se concluye: “Una vez analizado el trabajo...presentado por Arimesa..., se estima que introduciendo las medidas descritas en el apartado 5 de este informe, la propuesta de explotación de 12,08 hectáreas y de conservación de 19,49 hectáreas reduciría de manera considerable y hasta niveles no significativos las afecciones sobre las especies de flora y de los hábitats protegidos de mayor interés natural, que fueron detectados en informes anteriores realizados y basados en una explotación de una superficie total de 31,57 hectáreas.
