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¿Por qué la calificación de vivienda protegida no es para siempre?

Euskadi es la única comunidad autónoma con la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas

En el resto de España, la duración del período de calificación (tras el cual las viviendas protegidas se convierten en pisos libres) más extendido es de 30 años, aunque hay comunidades que lo dejan en 20

Edificios del barrio de Mariturri (Vitoria-Gasteiz).

Edificios de VPO de un barrio de Vitoria.

La decisión de imponer la calificación de vivienda protegida a todo el parque público de vivienda de Euskadi fue una medida para combatir la especulación de vivienda con dinero público. Así lo recalcó en su momento el Ejecutivo vasco, que en 2003 impuso la calificación permanente de VPO (vivienda de protección oficial) para todas sus viviendas protegidas. De esta forma, una vivienda protegida sufragada con dinero público jamás se convierte en un piso libre, es decir, el propietario no puede venderla en el mercado.

Sin embargo, la apuesta de Euskadi no ha tenido continuación en ninguna otra comunidad autónoma. Así., las políticas de vivienda desarrolladas por los diferentes gobiernos regionales no han recogido en ningún caso la calificación permanente de las viviendas protegidas.

En el caso de la venta de VPO, la duración del período de calificación (tras el cual las viviendas protegidas se convierten en viviendas libres) más extendido es de 30 años (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra). Aunque, hay otras que recortan hasta los 20 años desde la calificación definitiva (Extremadura, La Rioja), según constata un informe del Observatorio Vasco de Vivienda.

En cuanto a la descalificación antes de que acabe el periodo obligatorio, hay autonomías que no la permiten como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Galicia (salvo razones excepcionales), Murcia, Navarra, Valencia. Y hay otras que sí, como Cantabria, Extremadura (diez años y sin devolver las ayudas), Aragón con diferentes periodos, según tipología; Castilla y León y La Rioja, según si es de promoción pública o privada.

En Euskadi solo se contempla la descalificación en el supuesto de viviendas destinadas a realojos (expropiaciones), que podrán ser descalificadas a petición de las personas realojada, una vez transcurridos 20 años a contar desde la fecha de su calificación.

La duración de la protección en la Comunidad de Madrid es de 15 años desde la calificación definitiva para la Vivienda de Protección Pública Básica, de precio limitado y para arrendamiento de precio básico y de precio limitado, y de 10 años únicamente para la pública para arrendamiento con opción de compra y con opción de compra para jóvenes.

Cataluña suma algún año más  dependiendo de diferentes factores: 30 años desde la calificación definitiva en suelo destinado a vivienda protegida y con ayudas directas y 10 años sin ayudas directas; 20 años desde la calificación en el resto de supuestos como el derecho de superficie y 10 años si hay compromiso de alquiler por el promotor en 10 años.

Para los expertos del Observatorio Vasco de Vivienda, “la filosofía que transciende de los periodos obligatorios de calificación esconde diferentes modos de entender la política pública de vivienda y que, en algunos casos se sitúan en polos antagónicos”.

Más de 70.000 viviendas públicas

El parque público de vivienda en Euskadi está formado por más de 73.000 pisos. En 2014, los inspectores del Gobierno vasco visitaron 4.747 viviendas y se detectaron irregularidades en una de cada cinco de estas VPO (1.006 casos). En estas situaciones, los inspectores abrieron diligencias previas que, una vez investigadas, terminaron con la apertura de 80 expedientes sancionadores. 15 de ellos acabaron en sanción.

En alguna ocasión, los inspectores se han encontrado con pisos protegidos alquilados ilegalmente en su totalidad o por habitaciones. Incluso han dado con 'pisos patera', en los que vive mucha gente sin parentesco con el adjudicatario. La del alquiler no autorizado de una VPO se considera la irregularidad más grave. Según los datos del Gobierno vasco, el 20,9% de las sanciones impuestas corresponde a arrendamientos no autorizados.

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