¿Alguien creía que lo iban a juzgar?

Es abominable y atenta contra la dignidad democrática de un país. Pero el anuncio de que Juan Carlos I quedará libre de los gravísimos cargos de corrupción de todo tipo que pesan sobre él era la única salida esperable. El Gobierno, que obviamente ha avalado la decisión de la fiscal general del Estado, no estaba dispuesto a que el rey “emérito” se sentara en el banquillo de los acusados. Porque ese sería un golpe mucho más duro para la estabilidad de la monarquía y del sistema constitucional que las críticas que la exoneración iba a provocar. Ha sido un cálculo político sencillo. No cabía otra. Lo malo es que la imagen de las instituciones y de la democracia que tienen los españoles ha quedado fuertemente tocada. Y seguramente de forma irreparable.

Lo de anticipar, y seguramente unos cuantos meses, la decisión que tomará la fiscalía general es un truco no despreciable. Porque está claro que en el paso de las semanas la ignominia se irá diluyendo. De hecho, menos de 24 horas después de que filtrara la noticia, el asunto ha ido perdiendo fuerza en los medios: en la tarde del jueves ya no aparecía en la apertura de los principales diarios digitales. ¿Consigna desde arriba o convencimiento generalizado de que el tema no da más de sí? Sea lo que sea, todo indica que del “emérito” se va a hablar poco hasta que salte una nueva exclusiva: ¿su vuelta a la España u otros escándalos revelados por la justicia suiza?

Y la cosa se va a quedar donde está -en el fondo de un barrizal institucional que marca la vida pública española- porque no parece que ninguna entidad de fuste esté dispuesta en estos momentos a enarbolar la bandera de que la justicia sea igual para todos y de que el personaje más corrupto de la muy corrupta política española sea castigado como se merece por la interminable lista de sus desmanes.

La primera que no está dispuesta a hacer nada que se parezca a eso es la derecha. El PP y Vox sólo están contra el Gobierno y por la cabeza de sus dirigentes no pasa la posibilidad de crítica alguna a la monarquía. Que ambos partidos, y sobre todo el primero, quieren convertir en “su” monarquía. No les ha debido gustar mucho que hayan sido los socialistas quienes se han mojado para sacarle las castañas del fuego a la Casa Real, porque ellos pregonan que el PSOE es extraño a la monarquía, que eso sólo es cosa suya. Pero no van a permanecer callados.

Tampoco Unidas Podemos va a hacer casus belli, al menos en estos momentos, más tarde se verá, de la exculpación de Juan Carlos. Porque hoy su esfuerzo, cuando menos el de Yolanda Díaz, se centra en sacar la cabeza y en destacar su protagonismo en el aumento del gasto social que prevén los nuevos Presupuestos, así como en la nueva ley de vivienda. Incluso cabe sospechar, y lo contrario ya habría salido a la luz, que Pedro Sánchez habrá anticipado algo de la filtración de la fiscalía general a su vicepresidenta.

Tampoco los partidos nacionalistas tomarán la iniciativa, aunque no dejarán de criticar la exoneración del emérito. Seguramente más los catalanes, y en particular, Esquerra.

En definitiva, que todo indica que en el marco político no va a desatarse vendaval alguno contra la ignominia. Y fuera de ese marco no hay fuerza alguna que pueda movilizar una protesta ciudadana contra ese abuso. Desde luego, los sindicatos no la tienen.

Pedro Sánchez debe saberlo muy bien. Eso no quiere decir que esté tranquilo porque el paso que ha dado siempre está lleno de riesgos y más cuando el sujeto que protagoniza la controversia tiene a sus espaldas una trayectoria de desmanes -buena parte de ellos desconocido- que el día menos pensado puede dar un disgusto a quienes, por encima de todo, quieren preservar lo más incólume que se pueda al actual jefe del Estado. Si algo de eso ocurre, los que hoy callando otorgan podrían cambiar significativamente de actitud. Y habrá que ver qué dicen el día que se haga público el dictamen final de la fiscalía general.

Hasta entonces, y posiblemente durante bastante tiempo más, lo más probable es que todo siga exactamente igual. Sin mayores sobresaltos. Con una oposición diciendo que no a todo. A voleo incluso, como con la ley de vivienda. En la que han rizado el rizo anunciando una denuncia ante el Constitucional aun antes de conocer su texto: ¿cómo se hace eso? Con un poder judicial bajo sospecha, sin que haya visos de que vaya a hacerse nada para resolver el problema. Porque mientras el PP no cambie de actitud, no hay nada que hacer. Y el PP está muy lejos de cambiar de actitud a menos que eso se le exija desde dentro y Casado, con su convención, parece haber alejado ese riesgo durante un tiempo.

Por si fuera poco, el Tribunal Constitucional se ha sumado a la lista de instituciones que quieren contribuir al acoso al Gobierno de coalición. Lleva ya unas cuantas sentencias, alguna que raya el ridículo, en esa dirección y parece que no va a parar, aunque también crece la tensión en su seno. El Tribunal de Cuentas ya hizo su contribución en ese sentido hace algunos meses. Está claro que la derecha está muy movilizada.

Queda el Gobierno. Que parece más unido que nunca y con las ideas bastante claras. Dispuesto a aprovechar el tirón económico del que hablan las estadísticas y el éxito de la vacunación contra la pandemia. Y a aumentar el gasto público para mejorar su imagen de cara a las futuras elecciones -que hasta el PP ha venido a reconocer que no se celebrarán antes de 2023- aunque también para paliar las desgracias sociales que ha provocado el coronavirus. La pregunta sigue estando en cómo se pagará la enorme factura que esos gastos van a provocar y por cuánto tiempo el Estado va a disponer del dinero fácil y barato que las instituciones internacionales llevan facilitando a la economía mundial para salir de la crisis.