La droga de la disolución del parlamento
La disolución es una reliquia predemocrática, que debería haber desaparecido una vez que el sufragio universal se impuso de manera real y efectiva. La disolución del Parlamento no es coherente con el principio de legitimidad democrática. Es algo más que incoherente. Es contradictoria con dicho principio.
El Estado constitucional descansa en el principio de igualdad que tiene que objetivarse en el principio de soberanía popular para hacer técnicamente posible la organización de dicha forma política. Una forma política no solamente tiene que ser susceptible de ser pensada intelectualmente, sino que tiene que ser, además, susceptible de ser organizada técnicamente. A partir del principio de igualdad se puede pensar la democracia como forma política. Pero no se la puede organizar técnicamente. Para esto último es necesario, además, identificar un lugar de residencia del poder coherente con ese principio de igualdad. La soberanía popular es ese lugar de residencia del poder. Esa fue la “invención” de la Convención de Filadelfia, de la que nació la Constitución de los Estados Unidos. Y en dicha invención no tuvo cabida la disolución del Parlamento, como es sobradamente conocido.
La disolución es una institución propia del constitucionalismo monárquico europeo predemocrático, que ha permanecido en el constitucionalismo democrático en buena medida por inercia, sin que se haya podido encontrar una justificación convincente para dicha permanencia. Con la estabilización de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial la disolución no cae en desuso, pero sí se recurre a ella de manera muy reducida, casi excepcional. La norma no escrita es la de que la manifestación de voluntad del cuerpo electoral no se corrige. Se la respeta y se gobierna con base en ella. En los países europeos la disolución ha jugado un papel muy subalterno.
En España hasta 2015 también ha ocupado un lugar subalterno. Solamente ha habido dos disoluciones políticamente relevantes, la de 1982 como consecuencia de la crisis de UCD y la de 1996 por la negativa de CiU a aprobar los Presupuestos. De la primera surgió el primer Gobierno del PSOE. De la segunda, el primer Gobierno del PP. A escala regional hay que añadir la de Madrid tras el “tamayazo”, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.
A partir de 2015 la disolución se ha convertido en una pieza central de la agenda política. Todo gira en torno a la posibilidad de la disolución. Y esto es un disparate, porque en lugar de propiciar la negociación y el entendimiento entre quienes tienen que interpretar la voluntad del cuerpo electoral, favorece que se escurra el bulto con la coartada de que, en última instancia, se podrá devolver la pelota a los electores para que decidan. Siempre nos quedará la disolución.
Cuando un sistema político empieza a deslizarse por esa pendiente, es muy difícil que no acabe despeñándose. La disolución acaba convirtiéndose en una droga que debilita progresivamente el sistema inmunológico de la democracia y que compromete su propia supervivencia.
