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El Consejo de Transparencia dejó sin gastar el 37% de su presupuesto por un mal reparto de Hacienda

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia dejó sin utilizar cuatro millones de euros presupuestados por los gobiernos del PP para inversiones, estudios y gastos que nunca necesitó

La complicada situación del Consejo: lleva más de un año sin presidente, el número de reclamaciones se ha duplicado, la plantilla no crece y el Gobierno lleva sus resoluciones a los tribunales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan la Ley de Transparencia, ha dejado sin ejecutar el 37% de su presupuesto desde su creación en 2015. En total, cuatro millones de euros en partidas incluidas por Hacienda durante el gobierno del PP en las cuentas del Estado que nunca se llegaron a utilizar, según los datos de la Intervención General del Estado analizados por eldiario.es.

"El Ministerio de Hacienda metió un presupuesto tipo para organismos y puso partidas para inversiones y gastos que nosotros no necesitamos" explica Javier Amorós, subdirector del Consejo de Transparencia, que asegura que la estructura de los presupuestos, decidida por el Ministerio de Hacienda y no por ellos, no se corresponde con las necesidades del organismo. Necesitan sobre todo personal.

Aunque el porcentaje de ejecución de 2018 alcanzó el 92%, coincidiendo con el recorte del presupuesto, entre 2015 y 2017 el CTBG solo utilizó la mitad de los fondos que les habían consignado en los Presupuestos Generales del Estado. En resumen, un 37% sin utilizar.

Tras el rechazo del Congreso a las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, las previsiones del Consejo para este año no son muy favorables. Tendrán que aguantar con los presupuestos prorrogados del año pasado, los más bajos que ha tenido el organismo, hasta el momento en el que se aprueben unas nuevas cuentas públicas.



Cuando se concibió el primer presupuesto del Consejo, en 2014, el organismo no había entrado en funcionamiento y estaba sin presidente. Desde entonces, la estructura de las partidas se ha mantenido igual sin que se haya tenido en cuenta la opinión del Consejo. "No hemos tenido ni voz ni voto en nada de los presupuestos", afirma Amorós, presidente en funciones del Consejo.

Precisamente, la partida que más se ha quedado sin gastar es la destinada a las inversiones asociadas al funcionamiento operativo de servicios: apenas se ejecutó el 3% del presupuesto y más de 1,2 millones se quedaron sin utilizar entre 2015 y 2017. Le siguen los estudios y trabajos técnicos, para los que solo se gastó el 14% del presupuesto (342.000 euros sin usar) y la partida de telefónicas, que solo se ejecutó el 2% (200.000 euros sin utilizar). 



Un problema que se une a la situación actual del Consejo: llevan más de un año sin presidente -desde el fallecimiento de la anterior responsable, Esther Arizmendi-, las reclamaciones se han duplicado, la plantilla no crece y además ha tenido que lidiar con los pleitos de la administración para no acatar sus resoluciones.

El volumen de actividad ha ido creciendo año a año y los recursos siguen siendo los mismos. Ahora, además de tramitar los expedientes de la Administración General, desde 2016 también gestiona las de ocho comunidades autónomas que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Principado de Asturias, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Mientras que en el primer año de funcionamiento solo recibieron 517 reclamaciones, en el último año ya gestiona 1.338, más del doble. En el mismo periodo, el presupuesto se ha recortado un 12%.



En su último informe, el Consejo de Transparencia pedía más recursos y medios para poder llevar a cabo sus funciones y cumplir la ley que aprobó el Congreso en 2013. Ahora mismo el organismo cuenta con 20 personas en plantilla para evaluar la transparencia de la actividad pública, resolver las reclamaciones, asesorar en materia de transparencia o adoptar recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la ley.

"Los cálculos que hemos hecho para poder atender el volumen de actividad actual es que necesitaríamos el doble de gente", asegura Amorós, que pide un trasvase de recursos al capítulo de gastos de personal. En las cuentas presentadas por Pedro Sánchez para 2019, rechazadas por el Congreso de los Diputados, el Consejo había recuperado el recorte que sufrió en 2018 y había destinado parte de las partidas que existían para inversiones en gastos de funcionamiento. Hasta que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, el CTBG seguirá funcionando con los presupuestos prorrogados de 2018.

Cuando la transparencia acaba en los tribunales

Casualmente, el Consejo pide más fondos a un Gobierno con el que mantiene numerosos conflictos que han acabado en los tribunales. Según los últimos datos disponibles, los ministerios y los organismos de la Administración General han presentado 82 recursos en los tribunales para oponerse al criterio del Consejo de Transparencia durante estos años.

Así, tanto los Gobiernos de Rajoy como Pedro Sánchez han destinado recursos de la Abogacía del Estado para evitar responder a solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia. Entre ellos, los recursos presentados por 8 ministerios para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional, para no revelar los sobrecostes de obra pública, el listado de sociedades regularizadas en la amnistía fiscal o los costes de los programas de RTVE.

Una vía judicial que no ha cambiado de rumbo con el nuevo Ejecutivo. "Se siguen recurriendo nuestras resoluciones y nos gastamos unos 40.000 euros al año acudiendo a profesionales privados para defendernos ante la Administración", afirma el subdirector del Consejo, Javier Amorós, sin director oficial porque la Comisión de Hacienda del Congreso no ha sido capaz de consensuar ningún candidato.>

Aunque la directora Arizmendi disipó las dudas sobre su independencia durante su mandato y enfrentó las demandas del Gobierno, la ley de 2013 garantizó que el presidente del Consejo sería nombrado a propuesta del Ejecutio. Un aspecto de la ley que no garantiza la neutralidad del próximo candidato y que tampoco le concede capacidad sancionadora al Consejo de Transparencia.

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