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Cáritas alerta de que el 40% de los trabajadores valencianos son pobres

Ignacio Grande (izquierda), Arturo Ros y Fani Raga

Carlos Navarro Castelló

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Cronificación de la pobreza e irrupción de la figura del trabajador pobre. Estos son dos de los principales problemas que ha destacado este miércoles Cáritas Valencia en la presentación de su memoria del año 2017.

Según ha explicado el director de la entidad, Ignacio Grande, a pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran una leve recuperación, esta mejoría no se aprecia respecto al inicio de la crisis, y las tasas de pobreza siguen siendo más altas que en el resto del Estado: “la desigualdad no se ha corregido y manifiesta una fractura importante de la cohesión social, que nos afecta a todos, especialmente, a las personas más empobrecidas”.

En este sentido, ha alertado de que muchas de las personas beneficiarias de las ayudas de la entidad que estaban sin empleo, siguen solicitando apoyo pese a haber accedido al mercado laboral.

Sin embargo, según Grande, la mayoría de las veces se trata de empleo precario, como demuestra el estudio 'Pobreza, desigualdad y trabajo remunerado' que llevaron a cabo el CEU y la Universitat de València el año pasado.

Según este informe, el 40% de los trabajadores valencianos son pobres,  el 90% de los nuevos contratos son a tiempo parcial y el 36,8% de los sueldos están por debajo del salario mínimo.

Además, el 20% de las personas con más renta cobran sueldos seis veces más altos que el 20% de las personas con rentas más bajas.

A lo largo de 2017, el número de atendidos fue de 21.012 en la provincia de València, lo que benefició a 53 175 personas, un 11% menos que en 2016.

Los responsables de Cáritas han atribuido esta reducción, que se viene produciendo en los últimos cinco años, entre otras causas, a la cronificación de las situaciones de pobreza que afectan a las personas atendidas por la entidad, que las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir, por lo que el 77% de las familias han sido atendidas en los últimos tres años de forma consecutivas.

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, las que más demandan el apoyo de Cáritas son parejas jóvenes y mujeres solas con hijos y personas migrantes en situación de irregularidad administrativa.

Del mismo modo, se mantiene la mayor presencia de personas de origen español (52 %) y mujeres (72 %) entre quienes solicitan ayuda a la institución.

Los responsables de Cáritas Diocesana se han referido a los proyectos y programas de la entidad como los espacios donde “se acompaña a la personas en el reconocimiento y la defensa de sus derechos”.

En este sentido, en relación con el Derecho a la vivienda, 244 personas se alojaron en las 43 viviendas habilitadas por la entidad y por algunas Cáritas parroquiales e interparroquiales para personas migrantes y refugiadas, familias en situación de vulnerabilidad y personas en situación de sin hogar.

En torno al Derecho a un empleo digno y un salario justo, un total de 1900 personas lograron una inserción laboral y 627 participaron en una de las 39 acciones formativas puestas en marcha por las Cáritas parroquiales y los 50 Equipos de Acompañamiento al Empleo en toda la diócesis.

En cuanto al Derecho a la Salud, en 2017, las Cáritas parroquiales invirtieron un total de 89 133 euros en ayudas de farmacia y por lo que respecta al Derecho a la Educación, 417 adultos y 769 menores de edad participaron en los 49 proyectos promocionales para la Familia y la Infancia en todo el territorio diocesano.

En cuanto a los recursos destinados a la atención primaria, a lo largo del año pasado se destinaron 2,9 millones de euros, de los cuales un 31% fueron para ayudas básicas, el 27% para proyectos promocionales, el 16% para el pago de alquileres y el 12% para el abono de recibos de suministros. El resto se dedicó a educación y medicamentos, entre otras cuestiones. El 83 por ciento de los recursos con los que cuenta la entidad provienen de fondos propios.

En 2017, Cáritas Diocesana contó con 6.016 personas voluntarias, la mayor parte de ellas (51%) en edad laboral.

La secretaria general Cáritas, Fani Raga, ha valorado positivamente la nueva Renta Valenciana de Inclusión, “una reivindicación de hace muchos años”, pero ha solicitado que se le dote de mayor presupuesto y personal,

Además, ha exigido que las agendas de las administraciones incluyan la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.

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