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Para Puig, "hace tiempo" que Cotino tenía que haber dimitido

A juicio del secretario general del PSPV, el parlamento autonómico es una institución "demasiado importante como para estar ensuciada por la actitud del PP"

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El presidente de Les Corts, Juan Cotino

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado este lunes que "hace tiempo" que el presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, debería "haber dejado su cargo", porque considera que la cámara autonómica es "una institución demasiado importante como para estar ensuciada por la actitud del PP".

En este sentido, el secretario general de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que "no se trata sólo de Cotino, es el PP" a quien ha responsabilizado de que "se haya perdido la dignidad en muchos momentos en Les Corts".

Se ha referido Puig a las informaciones que apuntan a unas conversaciones, en el marco de la investigación sobre el Plan Rabassa, en las que el sobrino de Cotino, Vicente, comenta al constructor Enrique Ortiz que su tío sería el encargado de hablar directamente con el Consejo para presentarle un proyecto con el que ambos pretendían conseguir la adjudicación del plan de parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Para Puig, "ahora se ha demostrado que Cotino se dedica a lo suyo, pero como también le pasa a Bonig, cuando aprueba un plan que beneficia a Ortiz, quien ya hemos visto el tipo de relación que mantiene con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo".

Por eso, ha advertido de que "muchas de las cuestiones que están planteando ahora sobre temas urbanísticos a toda prisa para favorecer a Enrique Ortiz van a ser reversibles", porque "no estamos ya para bromas, es momento de acabar con la cultura del pelotazo y de favorecer siempre a unos pocos".

A su juicio, "el PP es un problema grave para la recuperación económica de los valencianos, porque mientras no haya una alternancia higiénica tendremos un problema de reputación general que nos hará muy complicado salir de la crisis".

Con respecto al 'caso Noos' y la imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha destacado que "lo que aquí se ha producido es un cohecho fotográfico, y eso es responsabilidad de la alcaldesa, de Grau y del equipo de Gobierno, porque no eran los funcionarios quienes se hacían las fotos con Urdangarín, sino ellos, que a cambio de esas fotos le daban dinero de todos los valencianos".

Gobierno "indigno"

Por eso, ha insistido en que "al margen de la responsabilidad penal que finalmente se determine, lo que es evidente es que hay una responsabilidad política, porque actuaron de forma nefasta con el dinero de los valencianos, ya que convirtieron la promoción de su imagen en un coste para todos" y ha señalado que "un gobierno que anteponga sus propios intereses a los de los ciudadanos como ha hecho durante tanto tiempo el de Rita Barberá es un Gobierno indigno para los valencianos".

En otro orden de cosas, inquirido por qué espera del nuevo delegado del Gobierno, Serafín Castellano, Puig ha señalado que "el delegado del Gobierno ejercita la acción del Gobierno de España que es el que ha conseguido que los dos últimos presupuestos sean los peores de la historia de la Comunitat", lo que ha supuesto cada año "10.000 puesto de trabajo y 500 millones de euros".

"Espero que algunas de las cosas que dijo alguna vez el señor Castellano las aplique", ha manifestado el dirigentes socialista quien, no obstante, ha indicado que no tiene "ninguna confianza" en ello porque "no es el señor Castellano, es el PP de Rajoy y de Fabra".

"Negocio" con la educación

Por otra parte, ha instado a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, a que "en lugar de hacer tanta propaganda, se dedique más a los alumnos valencianos". Así, se ha dirigido también "a aquellos que, junto a Català, están haciendo negocio con la educación, porque probablemente ahora podrán construir colegios en terrenos públicos pero pueden acabar teniendo colegios sin niños, porque los conciertos no están en absoluto blindados".

"Sería bueno que antes de poner en marcha nuevos centros educativos privados atendieran a los públicos y cumplieran con el compromiso fundamental de acabar con los barracones, garantizando una educación pública y de calidad", ha subrayado Puig.

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