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Imputan a la alcaldesa y ocho concejales del PP de Torrent por presunta prevaricación administrativa

Amparo Folgado está citada a declarar el próximo 26 de enero en relación a la rescisión del contrato de gestión del polideportivo Parc Central

El Consistorio sancionó a la empresa, que debía pagar un canon anual de 240.000 euros y dejo de pagar en 2013, por diversas irregularidades

El Ayuntamiento asegura que la deuda de la adjudicataria con la institución asciende a alrededor de 1,3 millones de euros

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La alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado

La alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado

Un juzgado de Torrent ha imputado a la alcaldesa de la localidad, Amparo Folgado (PP), y a ocho concejales más de su gobierno por el conflicto abierto con la empresa adjudicataria de la gestión del polideportivo Parc Central, en relación con un presunto delito de prevaricación administrativa en la rescisión del contrato, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

Junto a Folgado, el resto de imputados en este procedimiento son el concejal de Deportes, Enrique Carratalà, y sus compañeros de la junta de Gobierno Local: José Francisco Gozalvo; Pilar Vilanova; José Santiago Miquel Soriano; Modesto Salvador Muñoz; María Luisa Martínez; Jorge Planells y Mari Carmen Benavent.

La alcaldesa, quien sucedió en el cargo hace aproximadamente tres años a María José Català -actual portavoz del Consell y consellera de Cultura y Educación-, tendrá que acudir al juzgado a declarar como imputada el próximo 26 de enero de 2015 a las 9.30 horas, día en que también están citados otros ediles. Las declaraciones se extenderán a los días 27 y 28.

Adjudicación en 2004

El consistorio adjudicó en julio de 2004 a una mercantil la gestión de Parc Central, y en los pliegos se establecía que la sociedad debía pagar un canon anual por este servicio, y que tenía que prestar sus instalaciones -en un porcentaje de tiempo- a los clubes deportivos municipales para que pudieran entrenar.

Así mismo, se establecía en dichos pliegos que el Ayuntamiento tenía derecho a vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podría inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación relacionada con el objeto de la concesión.

Los problemas se originaron cuando la gestora dejó de pagar el canon fijado en el año 2013, que ascendía a 240.000 euros, y actuó de la misma forma el año siguiente. Como consecuencia, adeudaba al ayuntamiento 480.000 euros.

Junto a estos impagos, el consistorio comenzó a observar algunas irregularidades en la gestión y en las instalaciones, que necesitaban obras por importe de unos 800.000 euros -tal y como estableció el organismo público en su momento- e impuso a la mercantil diversas sanciones graves.

Una de ellas, por ejemplo, fue porque la empresa modificó las instalaciones, anulando vías de evacuación y salidas de los usuarios que se consideraban preceptivas para la evacuación del edificio en caso de emergencia. En concreto, tal y como notificó en junio de este año el ayuntamiento, se había anulado una de las salidas de las gradas de la piscina y se había ocupado dicho vestíbulo con máquinas de fitness. También se había cerrado la escalera en esa misma planta y se había anulado la salida del edificio, situada en planta baja.

Sanciones graves

Como consecuencia, se le impuso a la empresa una sanción por incumplimiento grave y se le ordenó restablecer las instalaciones dejando libres de obstáculos las vías y salidas de evacuación. Así, inmediatamente, la empresa desalojó estos espacios y se lo comunicó a sus usuarios, a quienes a través de un escrito también les señaló que pese a esta orden, la empresa había trabajado en el diseño de un nuevo plan de evacuación que cumplía la legislación y que le permitía tener ocupadas las zonas a las que se había extendido la maquinaria.

Otra sanción grave se impuso cuando la mercantil impidió usar sus instalaciones a los clubes deportivos municipales, pese a que así se había aprobado en el contrato firmado -se había establecido un porcentaje de uso municipal para estas entidades deportivas-. Esto obligó al ayuntamiento a pagar por el uso de estas instalaciones entre 15.000 y 20.000 euros al mes, según han apuntado fuentes municipales.

A raíz de esta situación, el consistorio inició hace unos meses la resolución del contrato con la empresa y, como respuesta, ésta denunció a la junta de Gobierno Local por presunta prevaricación administrativa y por sentirse acosada. Como consecuencia, el juez ha abierto diligencias y ha citado a declarar como imputados tanto a la alcaldesa como al resto de concejales de este organismo.

"Nosotros confiamos en la justicia para la resolución del tema y desde el principio siempre se ha actuado en beneficio de los torrentinos", han defendido desde el consistorio, quienes han apuntado que la deuda de esta mercantil con el ayuntamiento asciende a aproximadamente 1.300.000 euros.

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