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¿Tiene motivos la escuela concertada para protestar?

Con solo tres unidades perdidas en el balance neto del arreglo escolar, la escuela concertada en compañía del PP y Ciudadanos se han lanzado a la calle para denunciar un "ataque" a la libertad de elección

La Comunidad Valenciana destinó en 2013 un 15,3% del gasto educativo a sostener a los colegios concertados con un coste por unidad muy superior al de otras autonomías 

El recorte del Consell del Botànic de algunos privilegios indebidos permitidos por los gobiernos populares y la aplicación de los mismos criterios para centros públicos y concertados son causa de las protestas

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Familias y docentes piden "salvar" la escuela concertada y la dimisión del conseller

Familias y docentes piden en una manifestación de hace unos días "salvar" la escuela concertada y la dimisión del conseller Marzà EFE

Si con la 'primavera valenciana' miles de estudiantes se manifestaron durante una semana por las calles de Valencia contra los hachazos a la educación pública del Consell del PP, con la izquierda gobernando en la Comunidad Valenciana han sido las escuelas concertadas, agrupadas en la plataforma Mesa por la Educación en Libertad, las que se han echado a la calle  con el apoyo del PP y de Ciudadanos. Unas protestas inacabadas - el próximo jueves han convocado otra concentración- en la que critican el "ataque" a la concertada y a "la libertad de elección" del ejecutivo valenciano. Pero, ¿de verdad hay motivos para protestar?

De los 2.796 centros educativos que hay en la Comunidad Valenciana, 1.700 son públicos y 429 son concertados, según datos del curso 2015-2016. Con 781.228 alumnos en la temporada escolar que ya termina, solo un 27,43% estudian en un colegio o instituto concertado. Según datos del ministerio de Educación para el curso 2012-2013 -la conselleria no ha facilitando los datos a tiempo para la publicación de este artículo-, dichos centros consumieron 629 millones de euros, un 15,3% del total del gasto en educación de la Generalitat Valenciana. 

La red concertada estuvo protegida durante los gobiernos del PP. Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, el órgano oficial encargado de auditar las cuentas, afeaba a los colegios concertados que cobraran a los padres de forma indebida diversos conceptos como el material escolar o los uniformes, que les exigiera cuotas obligatorias para financiar de forma encubierta estos centros o que se les dijera que las compras del instrumental escolar se realizaran en determinados establecimientos.

El informe, además, revelaba la existencia de  liberados sindicales que hubieran cobrado del dinero de la conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes. Estos hubieran realizado tareas como liberados sindicales para dos organizaciones de carácter católico: la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval). Dichos pagos valorados en total en cerca de 2 millones de euros están ahora bajo la lupa de los tribunales

Según el actual conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), el modelo de elección de colegio del distrito único que implantó el PP provocaba que  "los centros fueran los que escogieran a las familias, y no las familias a los centros". Y eso comportaba fracturas sociales: "Un 40% del alumnado de la educación pública corresponde a familias con riesgo de pobreza, mientras que en la concertada este nivel baja al 9,5%", denunció Marzà en el parlamento valenciano. 

Con la educación pública temblando por la proliferación de centros en barracones y las más de 400 unidades eliminadas desde el curso 2012-2013, el bipartito conformado por PSPV-PSOE y Compromís ha cambiado las prioridades, reforzando la pública e imponiendo los mismos criterios para todos los centros sostenidos con fondos del contribuyente, sean públicos o concertados. Y por ello, se ha prohibido a la concertada cobrar las cuotas obligatorias y se ha eliminado el distrito único. Es decir, los privilegios con los que contaban estos centros. 

"El fin a la barra libre de la concertada", en palabras de Marzà, impulsó la creación de una plataforma en defensa de la concertada: la Mesa por la Educación en Libertad, integrada por el PP y por  sindicatos y patronales de escuelas y colegios concertados y privados. Las denuncias con la eliminación del distrito único de ataque a "la libertad de elección" y de "asfixiar" a los centros por la prohibición de las cuotas han sido una constante. Y todo, cuando los módulos (el dinero que recibe cada colegio concertado) es de los más altos de España. El coste en la Comunidad Valenciana de cada unidad es de 60.683 euros, mientras que en las Islas Baleares el precio se queda en 38.000 euros, según los datos que expresó Marzà en una comparecencia en las Corts Valencianes. 

Pero el arreglo escolar ha acabado por encender los ánimos de la concertada. Se han eliminado 36 unidades de la concertada, aunque se han creado 33 nuevas. Con ello, el balance neto es de solo 3 unidades perdidas, recuperando todas las públicas cerradas. El próximo temor de la concertada es la renovación de los conciertos en Bachillerato, ya que caducan en 2017. Y más cuando desde el departamento de Marzà han recordado que se trata de una etapa postobligatoria que no tienen porque financiar. 

Con una estrategia de igualar los criterios de todos los centros sostenidos con fondos públicos; la premisa de que la concertada está para donde no puede llegar la pública, y no al revés como preconizó el PP; y con la intención de reconstruir la educación pública valenciana las manifestaciones de la concertada parecen ser preventivas. De evitar perder sus privilegios con la llegada de la izquierda al gobierno valenciano. 

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