La Diputación de Ourense tendrá que devolver 10 millones a la UE por “irregularidades graves”
Otro obstáculo para el clan Baltar. Mientras el patriarca de la saga ourensana, José Luis Baltar, se enfrenta a sendos procedimientos judiciales por presuntos enchufes en la Diputación y supuestos sobornos en el marco del caso Pokémon, su sucesor en la institución provincial y en el PP, su hijo Manuel Baltar Blanco, afronta una herencia de gestión compleja. El último dolor de cabeza llega de la Unión Europea canalizada a través del Ministerio de Hacienda, que desde la Secretaría de Estado de Presupuestos le reclama a la Diputación la devolución de 10,1 millones de euros de subvenciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para un plan de depuradoras. La causa: “irregularidades graves” en su gestión.
Este procedimiento, ante el que el propio Baltar Blanco ya anuncia recurso, se remonta la una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el año 2010. Como informó Praza Pública en 2012, paralelamente el PSOE comenzó a realizar gestiones en Bruselas para instar a las autoridades comunitarias a acreditar si Baltar padre había gestionado correctamente estos fondos y, en abril del mismo año, la OLAF le confirmaba a la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que estaba investigando a la Diputación ourensana por “sospechas fundadas de fraude y corrupción” en, entre otros proyectos, dichas depuradoras. Entonces Baltar hijo le restó importancia al asunto, acusando a la “eurodiputada española de los Verdes” -en referencia a Miranda- de “fabricar una noticia que no existe”.
Pero tal “noticia” era más que eso, a juzgar por el por el procedimiento de reintegro de fondos que tiene en marcha el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda le reclama los fondos a la Diputación de Ourense -Orense, según el documento del Gobierno de España- porque hace suya la apreciación de la “concurrencia de irregularidades” en la financiación de estas depuradoras. Este dinero comunitario pagó 107 máquinas que fueron a parar a 62 ayuntamientos aunque inicialmente estaban concebidas para ser instaladas en barcos de la marina de Noruega. Las depuradoras nunca llegaron a funcionar como se preveía por ser demasiado costoso ponerlas en marcha, llegando a suponer unos 8.000 euros mensuales solo en electricidad.
Los argumentos de la Oficina contra el Fraude
Más allá de la escasa utilidad de esta maquinaria, las “irregularidades” detectadas por la OLAF y que el Gobierno de España asume se centran en la manera en que fueron adquiridas por la Diputación. Así, la OLAF cree que el ente ourensano estableció “especificaciones técnicas excesivamente detalladas” u otros “requisitos no directamente vinculados con el objeto del contrato y que restringen la capacidad para concurrir a la licitación”. Por ejemplo, los planos que la Diputación daba como referencia se ajustaban a las dimensiones “de las plantas suministradas por un licitador”, esto es, por una empresa concreta. Además, imponía el deber de “tener oficina en Ourense” y de prestar el servicio de mantenimiento.
La OLAF considera también que algunos de los criterios que la Diputación fijó para valorar las ofertas eran “indeterminados” o contribuían a “aumentar la subjetividad en la valoración”. Otros, directamente, dice, eran “irregulares”, tales como “aceptar como mejora un elemento que no estaba previsto en el pliego de condiciones”. El paquete de desviaciones se completa, según el organismo comunitario, con que una de las empresas que optaban al contrato manejaba de antemano “información confidencial relativa al proyecto” y con “irregularidades en los procedimientos de contratación de asistencias técnicas para la redacción de fichas técnicas, redacción de proyectos de obra civil y dirección técnica de las obras”.
Hacienda desoye las alegaciones y Baltar recurre
Ante estas acusaciones el Ministerio desoye las alegaciones formuladas por la Diputación, que van desde la “inexistencia de irregularidades” a la “prescripción de la acción de reintegro”. Para el Gobierno español el caso no ha prescrito y las irregularidades existieron, por lo que toca devolver los 10 millones y hacerlo antes del próximo 20 de agosto. La Diputación intentará parar el proceso con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo hace, dice Baltar, porque “los técnicos” del ente provincial entienden “que no existieron las supuestas irregularidades que se citan en el expediente y que en este proceso se actuó conforme a la legalidad”.
Aunque Hacienda advierte de que procede devolver el dinero y de que es “irrelevante” que lo sucedido sea o no delito Baltar ponen el acento en que “este proceso de adjudicación ya había sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Ourense en el año 2008” y que “dichas diligencias fueron archivadas -el caso fue reabierto, precisamente, al iniciarse las actuaciones de la OLAF-”. “Los argumentos de la Diputación -informa la entidad- se basan en que las prescripciones técnicas del pliego respetan escrupulosamente la ley” y, además, dice, “la Diputación, como cualquier otra Administración pública, tiene derecho a establecer las prescripciones técnicas que considere más convenientes para garantizar la máxima calidad de los subministros que adquiere”.
