El Parlamento pide un fondo de compensación para las víctimas del amianto, pero no aporta dinero desde Euskadi
El Parlamento vasco ha solicitado al Gobierno central la creación de un fondo compensatorio para las víctimas del amianto en España. Se trata de un paso “positivo”, según la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie, pero “limitado”. Jesús Uzkudun, representante de Asviamie, considera que la petición se tenía que acompañar de la aportación de una cantidad económica por parte de Euskadi, aunque fuera “pequeña” para dar “verdadera relevancia” a la propuesta.
El problema del amianto, que en los últimos diez años ha adquirido relevancia, todavía tiene un largo recorrido de enfermedades y muertes hasta 2023. Ese es el año que han marcado los expertos para que los casos empiecen a remitir. Pero las víctimas llevan muchos años sufriendo ese tipo de dolencias prácticamente abandonadas a nivel institucional y peleando en los juzgados para que reconozcan que se trata de una enfermedad profesional.
La creación de un fondo de compensación para resarcir a las víctimas es “fundamental”, según el Parlamento. Si finalmente se pone en marcha, servirá para ayudar a los trabajadores afectados que hayan desarrollado su labor en una empresa, así como a los que hayan trabajado en distintas empresas o la empresa en la que se produjo la exposición no exista en la actualidad. Además, garantiza la supervivencia de muchas empresas fundamentalmente pequeñas, dado que esas indemnizaciones son difíciles de encajar en empresas de pequeño tamaño.
Una de las razones que argumenta el Parlamento para defender el carácter nacional del fondo es que el uso del amianto fue autorizado por el gobierno del país y reconocido como enfermedad profesional por la Seguridad Social, “por lo que alguna responsabilidad deberá asumir el sistema de las consecuencias derivadas de esta situación” Además, la Cámara apunta que resulta “difícil circunscribirlo a una zona determinada. Si no tiene ámbito estatal se pueden generar desigualdades según comunidades autónomas”. En esta línea, insiste en que existen empresas de ámbito estatal y otras no, por lo que lo más conveniente sería plantear un fondo nacional con fondos provenientes de la Seguridad Social y de las mutuas.
“Es importante tener en cuenta”, añade el informe del Parlamento, “que la Ley de Seguridad Social tendrá un problema económico porque estamos ante un sistema de reparto, es decir, cotizamos todos para que todos reciban bien sean prestaciones contributivas o no contributivas, pero es importante determinar de dónde se ha de sacar el dinero para financiar el fondo de compensación”.
La Cámara reconoce que es un momento difícil para la creación del fondo por la situación económica, pero seguramente “gestionando mejor y organizando mejor los fondos de las cotizaciones de los empresarios y trabajadores y de las mutuas que gestionan ese dinero, se podría conseguir dinero para financiar el fondo de compensación”.
