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Los trabajadores públicos se echan a la calle contra los recortes

Acampada frente al Hospital de Txagorritxu

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

Concentraciones, manifestaciones, acampadas…..Las movilizaciones de los trabajadores del sector público en contra de los recortes se suceden en los últimos días en las calles de Euskadi. Sanidad, Educación y Justicia son las áreas que se muestran más beligerantes hacia las decisiones que están adoptando los gobiernos vasco y central. Los sindicatos vascos han olvidado sus diferencias y se han unido para convocar manifestaciones el próximo sábado en las tres capitales vascas en contra de los recortes y en defensa de los servicios públicos. Una coincidencia difícil de ver en Euskadi, donde los sindicatos habitualmente se dispersan en defensa de sus estrategias.

Como aperitivo a la jornada del sábado, los trabajadores del sector público se están dejando notar estos días. Y lo hacen de muy diversas formas. Es el caso de la Plataforma Osakidetza-Guztiona, que agrupa a trabajadores parados y usuarios del Servicio Vasco de Salud y que ha acampado frente al Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. Sus integrantes permanecerán en los jardines del centro hospitalario durante varios días. Es su manera de protestar por la merma de calidad que, a su juicio, está sufriendo la sanidad vasca.

Olatz Rodríguez de Yurre, enfermera en paro e integrante de esta plataforma, asegura que el movimiento se produjo de una forma espontánea, alejado por completo de los sindicatos. “El interés de algunos sindicatos es meramente político, de imagen. Y los ciudadanos demandan una unión de los trabajadores, sin marcar ni identificar nada. Somos trabajadores y usuarios a la vez de la sanidad. La gente se acerca a nosotros cuando ve que no hay detrás ningún sindicato, que son los que desmovilizan. Tienen mucho protagonismo político y de siglas”.

La plataforma ya acampó frente al Hospital de Galdakao desde el 10 de abril hasta e1 de mayo. Es un tipo de movilización que van a extender porque entienden que la sanidad corre el riesgo de dejar de ser “pública y universal, al alcance de todos”. “La reducción en el número de contrataciones influye en la calidad de la asistencia que se presta. La carga de trabajo aumenta para la plantilla debido a que la población cada vez tiene más necesidades de atención sanitaria. Y no es posible hacer frente a este demanda sin contrataciones”.

Araceli Bejarano, operaria y celadora, también forma parte de la acampada. “Hay que llamar la atención de los usuarios, de los pacientes porque la política que está desarrollando el Gobierno vasco tiene como objetivo acabar con la sanidad pública. Una cosa es lo que dicen y otra lo que realmente sucede. Se está privatizando la gestión de algunos servicios y entonces lo que prima es el beneficio, no el paciente”.

Huelga en educación

Para el próximo jueves hay convocada una huelga en el sistema educativo en el conjunto de España. En Euskadi la secundan Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Estudiantes. Roberto Hernáez, representante del área de Educación de Comisiones Obreras, calienta estos días motores con diversas movilizaciones, como concentraciones frente a la subdelegación del gobierno en las tres capitales vascas. Su protesta va dirigida contra el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

“Los recortes que conllevará esa futura ley en las autonomías no van a ser puntuales, se van a convertir en estructurales. Como el aumento del número de alumnos por aula, la subida de horas lectivas del profesorado, la falta de apoyos a programas de diversidad. A Euskadi también van a llegar esos recortes porque es una ley básica, de obligado cumplimiento para las comunidades”.

En el sector de la Justicia también es palpable el malestar de sus trabajadores. La equiparación de salario y condiciones laborales de sus 2.300 trabajadores con los funcionarios de la administración general del Gobierno vasco se encuentra un poco más lejos. Jesús Álvarez, portavoz del área de Justicia en UGT, apunta que el motivo de las protestas son “la nula voluntad política” del actual Gobierno vasco por “dar un paso adelante” en la equiparación. La disputa se centra en que la homologación salarial aún no se ha completado y, sobre todo, en que siguen con una jornada laboral diferente.

“Tenemos que hacer 4,5 horas más. Puede parecer poco o nada, pero es una cuestión de principios. Si los funcionarios de Lakua tienen que hacer más horas, nosotros también las podemos hacer porque en eso consiste la equiparación. Pero el Gobierno vasco se empeña en hacernos diferentes, en mantenernos especiales y eso crea una atmósfera enrarecida”.

Amaia Goiri, representante de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Justicia, resalta el hecho de que sea un Gobierno del PNV que proclama las excelencias del autogobierno el que “más trabas ponga a la equiparación y a nuestra completa asimilación”.

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