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Varapalo del Consejo Escolar del Estado al decreto de becas de Wert

El organismo ha propuesto casi una treintena de modificaciones en el texto del Gobierno, que endurece las condiciones para acceder y mantener las ayudas, baja las asignaciones e incorpora una cantidad variable según las notas.

El ministro de Educación ha reconocido en el Congreso que en el curso pasado hubo 18.840 becados menos. 

Educación asegura que ha pagado el 100 por cien de becas universitarias de este curso

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El borrador del Decreto de Becas y Ayudas al Estudio que prepara el Gobierno ha recibido un varapalo en el Consejo Escolar del Estado, el máximo organismo consultivo en temas educativos. Tras analizar el documento remitido por el ministerio ha propuesto 28 modificaciones, lo que significa prácticamente una enmienda a la totalidad. No vinculante, es verdad, pero sí de mucho peso.

Poco antes de que se conociese el dictamen, José Ignacio Wert reconocía en el Senado que el número de becados descendió el último curso en 18.840 alumnos, a falta de los cómputos en Cataluña. El ministro defendió que se trata de una bajada "muy moderada", lo que a su juicio demuestra que los estudiantes "se están esforzando más". Además, tildó de "apocalípticos" los cálculos de varios senadores de que cerca de 35.000 alumnos hayan podido quedarse sin ayudas por los requisitos cada vez más exigentes del ministerio.

Menos dinero y más exigencias

Si el decreto de 2012 ya endurecía el acceso a las becas, el del curso 2013-2014 lo hace aún más. Para optar a una beca universitaria se debe tener una nota de 6,5 en Bachillerato y aprobar el 100% de los créditos para renovarla el curso siguiente, salvo para las enseñanzas técnicas, en las que bastará con el 85% de los créditos. Se exigirá un 5,5 para las ayudas en Formación Profesional de Grado Superior, y un 6,5 o 7 para los máster.

El dictamen del Consejo Escolar del Estado pide llanamente la retirada de todo el articulado referente a las exigencias académicas para acceder a las becas. Entiende que son "excesivas" y suponen "endurecer aún más los requisitos académicos con respecto a los que se establecieron el curso pasado", y que también fueron rechazados por el Consejo.

Otras de las modificaciones propuestas han sido impulsadas por del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que pide, por ejemplo, abrir el acceso de las becas a todo el alumnado con necesidades especiales y no sólo, como está planteado en el decreto, al de familias numerosas. También que las ayudas al alumnado con discapacidad crezcan al ritmo del IPC y que se cubran las necesidades de material especial o adaptado.

El Consejo Escolar del Estado está presidido por Francisco López Rupérez, colaborador habitual de FAES, el think tank popular en el que se ha desarrollado buena parte de la política educativa del ministro Wert. Pero también está compuesto por representantes de los profesores, los padres y los alumnos, por organizaciones sindicales y consejos escolares autonómicos. Y estos se han volcado mayoritariamente en contra del decreto de Educación.

Sobre todo han cargado contra la "nueva arquitectura de becas" que propone el ministerio. Esta establece una cuantía fija y otra variable. Y cuatro supuestos para lograr una beca: renta (con un fijo de 1.500 euros), residencia durante el curso (1.500 €); beca de matrícula (cubre los créditos en los que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2013-2014) y nota (aquí la cuantía es variable, con un mínimo de 60 euros). Además, el acceso a las ayudas dependerá de la renta familiar, que no podrá superar los 38.800 euros anuales.

Así, un estudiante podría recibir como 3.000 euros (sumando renta y residencia) cuando las becas salario, que ahora desaparecen, van de los 3.800 a los 6.000 euros. Wert ha defendido que no se trata de un ahorro, puesto que el remanente "irá a las ayudas variables", que premiarán "un rendimiento acorde a la importancia del esfuerzo que la sociedad realiza en ellos".

¿Pobres?

El ministro ha tachado de "anticuada" la palabra pobres que ha utilizado el senador socialista Francisco Álvarez de la Chica en su interpelación. Y ha negado que se exija más a los estudiantes con menos recursos: "Se les exige, lisa y llanamente, que estudien". Ya habían causado polémica otras declaraciones del ministro cuando dudó, hace unas semanas, de que muchas familias no pudieran hacer frente al pago de las tasas universitarias tras un aumento de más de 500 euros de media. "Se pueden dar casos, pero no tener recursos ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso, en detrimento de usar recursos en otras cosas". El Sindicato de Estudiantes calcula que hay más de 30.000 alumnos al borde de la expulsión al ser incapaces de pagar su matrícula.

El varapalo del Consejo Escolar del Estado es sólo el primer escollo al que se enfrenta el Real Decreto de Becas y Ayudas. Hoy será el turno del análisis de la Conferencia Sectorial, en el que pueden ponerse en evidencia las reticencias de los consejeros de varias comunidades autónomas. Y esta misma semana pasará también por el Consejo de Universidades y la Sectorial de Política Universitaria. Las recomendaciones que incorpore el texto final son cosa del ministerio. En cualquier caso, debe llegar al Consejo de Ministros cuanto antes, ya que tiene que ser aprobado como tarde a principios de julio para que se puedan convocar las becas en agosto.  

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