Cerremos los CIE

En una sociedad que gusta celebrar días especiales por muy variados temas (por las legumbres, la felicidad, la poesía, el síndrome de Down, el agua, el deporte, etc), la fecha del 15 de junio no puede pasar desapercibida sin recordar que para muchas personas es el Día Internacional contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Planteado así, no es una celebración festiva, sino una ocasión más para reivindicar el cierre de estos espacios donde se priva de libertad a personas migrantes por el simple hecho de no tener papeles. Porque algo ha de quedar claro: en los CIES se encierra a personas que no tienen en regla unos papeles administrativos de residencia o trabajo, motivo suficiente para que los poderes públicos les priven del más sagrado de los derechos humanos: el derecho a la libertad. La desproporción entre una falta administrativa (no tener papeles) y su consecuencia (encerrados en un CIE) es lo que convierte en radicalmente injusta −y también ineficaz, añadiríamos− su existencia.

En los últimos años, los gobiernos han ido inventando nuevas formas de reprimir la llegada de personas migrantes, casi siempre con la fórmula fácil del encierro. Baste recordar el barco (un “cies flotante”) en el que Gran Bretaña retiene a centenares de migrantes; o la decisión de la italiana Giorgia Meloni de encerrar en otro país −Albania− los emigrantes llegados a sus fronteras. En otros casos, la fórmula ha sido la de levantar muros y barreras, cuanto más altas mejor, para impedir que penetren en el país: son tristemente famosas nuestra valla en Melilla (con concertinas o sin ellas) y el largo muro fronterizo entre Estados Unidos y México que frena las migraciones procedentes de latinoamérica. La lista de países con políticas de exclusión podría ampliarse con Australia, Tailandia, Malasia, etc.

Pero, en realidad, los CIES, en cualquiera de sus modalidades, y los muros son solo la expresión más visible de una ideología turbia, la punta de un iceberg más sórdido y oculto. Lo que en verdad importa es desenmascarar la visión que tienen nuestros gobiernos de la migración y que cristaliza, consecuentemente, en una legislación represora. Con total claridad lo expresa el Manifiesto de este año hecho público por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs: los poderes públicos parten de “una idea represiva, deshumanizante, que ve en las personas migrantes un problema a controlar, no una realidad humana que debe ser acogida con dignidad y justicia”.

En efecto, cuando las personas migrantes son presentadas como enemigas y vistas como una amenaza para el bienestar general o para los puestos de trabajo de los trabajadores europeos, es fácil presentar las políticas sectarias, excluyentes y deshumanizadoras como necesarias. Es el relato que desde hace años ha ido avanzando en Europa para justificar unas normas cada vez más restrictivas con la emigración, si bien siempre son insuficientes para calmar la xenofobia de la extrema derecha europea. Urge denunciar estos discursos como negacionistas del derecho fundamental de las personas a la libre movilidad y a buscar mejores condiciones de vida. Es preciso desenmascarar una legislación en lo que tiene de insolidaridad y de inhumanidad con quienes tienen derecho a realizar proyectos de vida más allá de sus países de origen. En palabras del aludido Manifiesto: “Cerrar los CIEs es decir con fuerza que migrar no es un delito; es afirmar que las migraciones no son un problema que se reprime, sino una realidad humana que se acompaña con dignidad; (…) que los derechos no se detienen en las fronteras”.

Pero el 15 de junio ha de ser una jornada no solo de protesta contra la existencia de los CIEs y de rechazo de las políticas sectarias de nuestro gobierno y de los dirigentes europeos. Importa sobre todo aprovechar este día −y todos los días− para que la ciudadanía tome conciencia de que los Derechos Humanos son universales y que no admiten excepciones según la raza, cultura, religión o país de procedencia. Urge que los medios de comunicación, las aulas de nuestras escuelas y universidades se conviertan en plataformas en favor de una convivencia con las personas emigrantes basada en el respeto a su dignidad, en la riqueza que conlleva su diversidad, en la defensa de su libertad y en la acogida humanitaria que precisan. En definitiva, se trata de elaborar un relato alternativo al de nuestros gobiernos, de derribar muros y de construir puentes que posibiliten una migración segura.

Los colectivos que en España luchan contra los CIEs tienen un grito que debiera convertirse en un clamor general de la sociedad: “Ninguna persona es ilegal”. Si lográsemos que este lema penetrase en la ciudadanía, habríamos ganado la batalla cultural-ideológica y habrá valido la pena tener un día especial en defensa del derecho a migrar.