Los 15 investigados por las adjudicaciones fraudulentas de las VPO de Alicante: cargos del PP, familiares y una interventora

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a un total de 15 personas, entre ellas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, o al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida. Por su parte, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman poseen sendas viviendas en Les Naus mientras que el arquitecto municipal también fue agraciado con uno de los pisos.

No obstante, en el listado de investigados aparecen también otros cargos públicos vinculados al PP, así como familiares y la que fue interventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, quien renunció al inmueble cinco días después de revelar elDiario.es que había resultado adjudicataria.

Según la documentación recabada por este diario, el informe de 3 de febrero de 2026 de la Conselleria de Vivienda concluye que hay 125 expedientes que son correctos y otros 15 son objeto de revisión. De estos últimos, en seis casos las viviendas se han adjudicadas a personas que no cumplían los requisitos y en tres no se acredita que se cumplieran. En otros seis revisados se ha confirmado que sí se habrían cumplido.

En estos casos se dan diversas casuísticas: hay 8 expedientes que tienen la característica común de que “el/la adjudicatario/a está casado/a en régimen de separación de bienes y observando que falta en los expedientes la documentación de los cónyuges no adjudicatarios” por lo que se hace necesario “realizar las comprobaciones pertinentes de ingresos y propiedades de estos al formar parte presuntamente de la unidad de convivencia y no haberlo declarado así el solicitante ni tampoco requerido al adjudicatario por el técnico responsable”.

En otros cinco casos “faltaba documentación referida al cumplimiento del requisito de no titularidad de otras viviendas” y en otros dos “no constaba la consulta a la Agencia Tributaria (AEAT) de los ingresos de los adjudicatarios, ni tampoco las declaraciones del IRPF”.

Cinco investigados permanecen en activo en la administración

En cuanto a las 15 personas investigadas, cinco permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.

Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.

El último cargo público investigado es la mencionada Sira Pérez. Al respecto, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha descartado tomar medidas con la tesorera por el momento. El informe de la conselleria no logró acreditar si cumplía los requisitos al no disponer de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge.

Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.

Barcala ve lógicas las citaciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha considerado lógicas las citaciones como investigados de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y otros técnicos municipales por la jueza que investiga las irregularidades en las viviendas públicas de la Playa de San Juan, mientras que el PSPV-PSOE, personado en la causa, advierte de que la Justicia pone el foco en su entorno más cercano.

Tras conocer que la magistrada ha citado Gómez y varios altos funcionarios del ayuntamiento, Barcala ha expresado el “máximo respeto a las decisiones judiciales” y ha ofrecido la colaboración a la causa.

“Entendemos perfectamente esta resolución” ya que trata de que presten declaración todo aquel que ha estado relacionado con la adjudicación irregular de las viviendas de la promoción de Les Naus por parte de una magistrada que será quien “tiene que dilucidar” lo que ha ocurrido.

Ha proseguido que no ofrecerá “ninguna valoración porque la juez está actuando, y esa actuación es la que tendrá o no consecuencias, y en base a la cual se tomarán decisiones”.

El alcalde alicantino, que ha hecho estas declaraciones en un acto sobre el impacto del cambio climático en el turismo, ha recordado que próximamente comparecerá en las dos comisiones de investigación abiertas sobre este escándalo, la municipal y en Les Corts Valencianes, y que “por respeto” se reservará sus manifestaciones para ambas.

Barcala ha evitado pronunciarse sobre el desarrollo de esa comisión municipal de investigación porque ni la preside ni forma parte de ella, aunque ha dicho que es falso que se tuviera conocimiento de que tres funcionarios se habían ofrecido a dar información por escrito.

Tampoco ha querido valorar si acertó o no cuando eligió a Rocío Gómez como concejala de Urbanismo y sobre el envío de la notificación notarial al concejal de Compromís Rafa Mas para que rectifique unas declaraciones sobre el escándalo, ha explicado que es un trámite “imprescindible” para la posterior interposición de acciones judiciales por “afirmaciones difamatorias, insultos y falsedades” contra su persona.

La oposición dice que el foco está en el entorno del alcalde

Por su parte, en un comunicado la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles en relación a Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde y que han formado parte de la estructura municipal.

“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha resaltado.

“Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”, ha añadido la socialista, quien ha comentado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión tendrán que declarar ahora como testigos.

Para Barceló, “este escándalo no ocurrió al margen del ayuntamiento sino dentro del propio ayuntamiento” lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de asumir responsabilidades políticas, algo que le corresponde al propio alcalde después de que haya sido citada como investigada la exconcejala de urbanismo y una directora general nombrada por el propio Barcala.

El portavoz local de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que la providencia de la magistrada deja “claro que existen indicios suficientemente serios” de irregularidades y ha exigido al consistorio “máxima transparencia, colaboración absoluta con la Justicia y la asunción de todas las responsabilidades” porque “Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio” de qué personas.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que es “curioso cómo la justicia ya va dando pasos, va imputando a personas por el escándalo de Les Naus con 15 imputados, dos de ellos de la máxima confianza del alcalde Luis Barcala, y mientras tanto la Comisión de Investigación municipal sigue con falta de documentación, se oculta información, se ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no dan explicaciones”.