Andalucía reparte sus vacunas por provincias según la población más vulnerable pero exige al Gobierno un reparto por habitantes

La Junta de Andalucía distribuye las vacunas contra la Covid-19 entre las ocho provincias según la población diana, esto es, priorizando a los grupos de población más vulnerables que establece el calendario de vacunación acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Así, Málaga es la segunda provincia más poblada (1,6 millones de habitantes), pero la última en el porcentaje de personas inmunizadas hasta la fecha: un 5,37%, tres puntos por detrás de Córdoba, la provincia que va en cabeza, y por encima de la media andaluza (6,22% de la población vacunada).

El criterio de reparto es el mismo que utiliza el Gobierno de España para redistribuir entre las comunidades autónomas las vacunas que le envía la Comisión Europea (Bruselas ostenta la compra centralizada y un reparto por población real). Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla esgrime dos estrategias paralelas, una de coordinación y colaboración con el Ministerio de Sanidad -que representa el consejero de Salud, Jesús Aguirre- y otra de confrontación permanente con Moncloa.

De esto último se encarga, semanalmente, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que este martes ha exigido al Gobierno central un sistema de reparto de vacunas distinto al que la Junta usa para distribuir sus viales entre las ocho provincias. Es decir, Bendodo despliega el discurso del “agravio y el maltrato” a Andalucía -un recurso calcado de la anterior Administración socialista- y exige que esta comunidad reciba un cargamento de dosis en función de su población real -8,6 millones de personas, un 17,8% del total, según el INE- y no en función de su población diana, la que tiene prioridad para vacunarse dada su especial vulnerabilidad al coronavirus (personal de las residencias de ancianos, sanitarios en primera línea de la pandemia, mayores de edad, enfermos crónicos, otro personal esencial, etc...).

Esta dualidad de estrategias y discursos se solapa cuando comparecen juntos el titular de Salud y el de Presidencia, como ha ocurrido este martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A preguntas de los periodistas, Aguirre ha explicado que los cargamentos con las distintas vacunas que envían semanalmente (Pfizer, AstraZeneca, Moderna) se almacenan en dos centros logísticos, uno en Granada, que distribuyen las dosis para Andalucía oriental; y otro en Sevilla, que se encarga de Andalucía occidental. La redistribución que hace luego la Junta por hospitales y centros de salud en cada una de las zonas “atiende a la población diana”. “Son vacunas con nombres y apellidos, persona a persona, según la prioridad de los grupos vulnerables en el calendario de vacunación”, ha recordado el titular de Salud.

Junto a él, Bendodo ha reprochado al Gobierno de España que, en porcentaje, envíe más viales a Asturias que a Andalucía, y ha exigido que se atienda a la población real de la comunidad. De ser así, la vacunación por grupos de riesgo quedaría desacompasada entre comunidades, las más pobladas acapararían más dosis y, en consecuencia, podría darse el caso de que empezasen a vacunar a gente joven mientras otras regiones vecinas aún no han terminado de inmunizar a los mayores de edad o a los enfermos crónicos. Hasta la fecha, Andalucía ha recibido el 17,3% de las vacunas que el Gobierno de España ha distribuido entre comunidades, por debajo de su población real, pero muy por encima, por ejemplo, de su población mayor de 85 años, que tiene prioridad para recibir la dosis y que representa al 12% del total, según datos del INE.

Cuando el portavoz ha sido cuestionado por los periodistas por esta disparidad de criterios, Bendodo ha respondido que los criterios de reparto del Ejecutivo de Pedro Sánchez “no son claros”, y ha comparado la distribución de las vacunas con el reparto de los fondos europeos entre comunidades, otro escenario donde la Junta confronta duramente con Moncloa, acusándola de privilegiar a Baleares e Islas Canarias por ser comunidades eminentemente turísticas especialmente golpeadas por la pandemia.

El titular de Salud, que mantiene una relación fluida y cordial con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también reclama al Gobierno de España más vacunas para Andalucía, le pide que negocie más y mejor con Bruselas, que es quien reparte las dosis entre los países miembros. Pero no cuestiona el criterio de distribución porque es el mismo que él aplica al mandar más viales a Córdoba que a Málaga, por ejemplo. Aguirre señala a las farmacéuticas y les afea que estén incumpliendo los acuerdos comerciales con la Unión Europea, y que estén privilegiando a otros países que, quizá, pagan más por ellas (Israel, Reino Unido).

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha sido el primero en reaccionar al calendario de vacunación anunciado este martes por el presidente Pedro Sánchez. Mientras hablaba Sánchez, el portavoz de la Junta comparecía en el Palacio de San Telmo, y recibía los datos recién anunciados: cinco millones de vacunados el 3 de mayo; diez millones el 10 de junio; 15 millones el 14 de junio; 25 millones el 19 de julio y 33 millones a finales de agosto, un 70% de la población española, la inmunidad de rebaño para dar por doblegada la pandemia.

Bendodo ha sido muy crítico con el anuncio del presidente, al que acusa de incumplir su promesa de que el 70% de la población estaría inmunizada en verano, para salvar el turismo en meses fundamentales para la economía andaluza “¿De qué nos vale que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto? Se nos ha pasado la temporada alta de verano. El salvavidas hay que mandarlo antes de ahogarse”, ha dicho. La Junta exige al presidente del Gobierno que negocie con Bruselas el envío de más vacunas para que ese 70% de personas vacunadas se cumpla en junio, “como prometieron” y advierte de que muchas empresas vinculadas al turismo no soportarán un verano con restricciones de seguridad contra la Covid-19. “Se trata de salvar la campaña de verano, salvar empleos y empresas”, subraya Bendodo.

El portavoz ha anunciado que este verano la Junta no volverá a contratar a los más de 3.000 vigilantes de la playa con los que contó el verano pasado, en plena primera ola de la pandemia, para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. “Este año no va a ser necesario porque todos hemos aprendido y nos hemos concienciado de los riesgos de la Covid-19”, sentencia.