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El Gobierno se escuda en la ley estadística para no ofrecer datos pormenorizados de criminalidad

Javier Ramajo

El Ministerio del Interior dice que los datos sobre criminalidad recaen en la Ley de Función Estadística Pública y, por tanto, la Ley de Transparencia no se le aplica. Es el argumento ofrecido por la Secretaría de Estado de Seguridad, a través del Portal de Transparencia, después de denegar a la asociación pro-transparencia Openkratio información pormenorizada que ha servido para construir el Balance de Criminalidad 2013, publicado en el portal de datos abiertos de España.

“Esto es todo un nuevo descubrimiento. Si bien las organizaciones por la transparencia pensábamos que con esta Ley de Transparencia el gran límite a nuestras solicitudes iba a ser la Ley Orgánica de Protección de Datos, ahora resulta que cualquier información que ya regule la Ley de Función Estadística Pública estará fuera de nuestro alcance”, denuncian desde Openkratio. En su respuesta, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado señala que […] “se regirán por su normativa específica […] aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico […]”; “esta normativa específica sería la Ley de Función Estadística Pública, Plan Estadístico Nacional […]”. 

José Félix Ontañón, en nombre de la asociación, ha presentado hace unos días una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España donde insiste en la importancia de acceder a los datos pormenorizados del Balance de Criminalidad 2013, donde figura una estadística agregada por territorio y tipología penal. La solicitud implicaba que se le ofreciera, ni más ni menos, la información íntegra que sirvió de base para la construcción del citado balance. Como mínimo, para cada caso, pedía latitud/longitud en el que se produjo el caso (o en su defecto dirección, codigo postal, ciudad, región); tipología penal (la misma con la que ya clasifican los casos en el Balance de Criminalidad 2013), cuerpo/s de policía implicados en la operativa; y estado del expediente (si el caso sigue bajo investigación, o si el infractor está siendo procesado judicialmente, fue multado, encarcelado, etc).

¿Por qué son importantes los datos sobre criminalidad? Según explican en la web de Openkratio, “nos ayudan a tomar mejores decisiones en compra de vivienda, desmontan mitos sobre la inseguridad ciudadana, refuerza la confianza en los cuerpos de seguridad”. Y apuntan que países más avanzados que España en transparencia y datos abiertos, como Estados Unidos o Reino Unido, llevan años publicando este tipo de información pormenorizada.

En concreto, Openkratio apunta a la reutilización de datos de criminalidad en Reino Unido. Caso a caso se tiene la localización del incidente, el tipo de crimen y el estado del proceso abierto, descargables mes a mes desde el propio portal de datos abiertos de la Policía. Y ejemplifican con información sobre violencia sexual en Londres (info de octubre de 2014):

Desde Openkratio explican que era muy sencillo resolver su solicitud, porque “los datos sobre criminalidad ya están en manos de las administraciones públicas, son de interés para la ciudadanía y otros países ya vienen publicándolos sin mayor problema”. “Si incluso así se nos deniega el acceso a esta información pública, ¿de qué sirve el derecho de acceso a la información de la Ley de Transparencia?”, lamentan. Temen que la denegación del Ministerio sea una estrategia tipo, es decir, excluir de la aplicación de la Ley de Transparencia cualquier materia que se vea afectada por otras normas de carácter general. “¡Menuda arbitrariedad! Cada vez que se quiera ocultar algo a la ciudadanía, crearán o recurrirán a una normativa específica”, denuncian.

Básicamente lo que le trasladan ahora al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es que, si no se pueden solicitar los datos de nada de lo que se saquen estadísticas públicas, el derecho de acceso a la información “es una contradicción manifiesta”. “Queremos los datos de criminalidad por municipios, no por provincias, y la regulación de la Función de Estadística Pública no dice nada sobre que no se nos pueda facilitar”.

Insisten en que “desde OpenKratio no vamos a consentir que la existencia de estadísticas sea un impedimento para acceder a los datos públicos. Nuestra solicitud no solo tiene que ver con criminalidad, tiene que ver con descubrir hasta que punto esta Ley de Transparencia será útil a la ciudadanía, o no”.

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