El Defensor del Pueblo investiga de oficio los retrasos en los procesos selectivos de funcionarios en Andalucía

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, solicita al Instituto Andaluz de Administración Pública y a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, a través de esta queja, que le informe sobre “cómo se planifican inicialmente, con carácter general, el desarrollo de los diversos procesos selectivos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía”.

Pregunta, igualmente, sobre “cuál es el plazo que se considera óptimo por los órganos administrativos competentes, para la conclusión de los mismos” y “cuáles son los motivos que justifican la tardanza generalizada de un gran número de procesos selectivos de acceso a la función pública de la Junta”.

Por último, la Oficina se interesa sobre “cuáles son las actuaciones previstas, tanto con respecto a los procesos actualmente en desarrollo como a los que se inicien en el futuro, con el fin de agilizar el transcurrir de los mismos”, finaliza.

Queja de oficio

La oficina de Maeztu ha abierto una queja de oficio para investigar la “dilación” en el desarrollo de los procesos selectivos de acceso a la función pública de la Junta y la toma de posesión del puesto. La Defensoría indica que viene recibiendo quejas de la ciudadanía sobre los “retrasos” en el desarrollo y conclusión de muchos de los procesos selectivos para el acceso a la función pública de la Junta, que hace que “se eternicen” dichos procesos, con “la consecuente frustración e impotencia de las personas que intervienen en los mismos”.

Añade que tras el análisis de estas quejas han observado que desde que se aprueba la correspondiente oferta de empleo público hasta que se culmina el proceso selectivo --incluida la toma de posesión en la plaza concreta-- “transcurren, en muchos ocasiones, más de tres años”. La institución señala que los afectados manifiestan que la “dilación” de los procesos les ocasiona “un importante perjuicio”, pues la inversión intelectual y económica que han tenido que realizar “no se ve recompensada con el inicio de la correspondiente relación laboral en el plazo de tiempo previsto inicialmente”.

Además, indica que “este retraso les produce, sin lugar a dudas, un daño emergente en su esfera patrimonial consistente en la ganancia dejada de obtener como consecuencia del daño producido, pues el retraso en la toma de posesión del puesto impide la percepción de sus retribuciones salariales”.

En este sentido, advierte Maeztu, la “tardanza” en la conclusión de los procesos y, por tanto, en la incorporación de los recursos humanos que han sido previamente valorados como necesarios y planificados en su correspondiente oferta de empleo, “provocará un perjuicio directo en la consecución de la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos”.