Investigadores andaluces piden a la Junta prorrogar sus contratos ante la COVID-19: “Un año en blanco en ciencia es mucho”

“Un año en blanco en ciencia es mucho, porque supone la pérdida de muchísimas oportunidades en un ámbito ya de por sí competitivo y con condiciones muy precarias, lo que está empujando a muchos de los investigadores que obtuvieron estos contratos 'de excelencia' a abandonar sus proyectos, e incluso la ciencia”. Son palabras de una investigadora que denuncia, en representación de un grupo de 40 investigadores posdoctorales, que la Junta de Andalucía “se niega a prorrogar” sus contratos posdoctorales (de un año de duración) con el “perjuicio” que ello supone para su carrera investigadora debido a la incidencia del estado de alarma.

La Junta, consultada por este periódico en relación a los contratos asociados a la segunda fase de formación del personal investigador adscrito a dichos proyectos, reconoce que no ha contemplado una prórroga para ellos ya que la convocatoria a la que pertenecen (denominada Proyectos de Excelencia 2012 de la Junta de Andalucía) “se encuentra en la última anualidad”.

Según los investigadores denunciantes, “precisamente esa es la condición que han puesto tanto el Ministerio como otras universidades para conceder las prórrogas”, apreciando un agravio en esta decisión de la administración andaluza ya que otros investigadores con contratos financiados por el sistema estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como por otras comunidades autónomas y universidades, han visto ampliados sus contratos por la incidencia de la COVID-19. Los denunciantes ponen como ejemplo la resolución rectoral de la Universidad de Sevilla del pasado 13 de abril o, a nivel estatal, la financiación de las prórrogas de contratos suscritos al amparo de las ayudas concedidas en las convocatorias de recursos humanos de la Agencia Estatal de Investigación, adoptada este pasado 20 de mayo.

A finales de 2015, la resolución de aquella convocatoria supuso el acceso a contratos predoctorales, en calidad de personal investigador en formación –mediante convocatoria competitiva–, a especialistas de distintas disciplinas y un nutrido listado de proyectos. La convocatoria específica de dichos contratos señalaba una duración máxima de tres años con el fin de elaborar una tesis doctoral. Además, dejaba abierta la posibilidad de un cuarto año postdoctoral, siempre y cuando el presupuesto lo permitiese y se terminase la tesis dentro de los años de contrato o, excepcionalmente, hasta seis meses después de la finalización del contrato solicitando una prórroga.

Convocatorias “paralizadas”

A principios de 2019 se arbitró un mecanismo de acceso a estos nuevos contratos posdoctorales de un año de duración mediante una nueva convocatoria, que contaba con dos plazos: una para los que ya hubieran obtenido el título de doctor antes del 15 de mayo de 2019 y otra para aquellos que hubiesen obtenido el título de doctor posterior a esa fecha, pero antes de los seis meses que dictaminaba la prórroga concedida. Más de un año después, según los denunciantes, hay un primer grupo de contratados postdoctorales en las distintas universidades y centros de investigación de Andalucía, y otro grupo a la espera de la resolución definitiva para poder acceder.

Dice la Junta al respecto que los contratos tenían su origen y motivación en la obtención del grado de doctor y que “los investigadores que se encontraban en esta situación pudieron defender exitosamente su tesis doctoral”, explican fuentes de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Actualmente se encuentran en la segunda fase de contratación posdoctoral que se concede para que puedan culminar o reforzar algunas de sus investigaciones, apuntando que en la última anualidad no se precisa la evaluación de resultados obtenidos, añaden las fuentes, que afirman que desde aquel año 2012 “las convocatorias de ayudas para investigación han estado prácticamente paralizadas”.

Pero según este grupo de investigadores (no están todos los de la convocatoria, aclaran), culminar o reforzar sus investigaciones “es justo lo que no podemos hacer desde casa, sin acceso a nuestros laboratorios, a congresos, a estancias en el extranjero...”. “Cualquier persona que se dedique a la ciencia es constantemente evaluada (artículos en publicados en revistas, congresos, solicitudes de acreditaciones para las figuras de profesor de universidad, etc), por lo que el hecho de que haya una evaluación o no al final de nuestro contrato es irrelevante, ya que no va a depender de esto el trabajo que realicemos”, añade a este medio la investigadora, que prefiere no identificarse.

La Junta defiende que, igual que el resto de trabajadores, “desde que se decretó el estado de alarma, estos investigadores han podido continuar con sus investigaciones en régimen de teletrabajo o con la autorización de acceso a los centros de investigación que estos hayan establecido”.

Para la investigadora, la mayoría de los centros no ha permitido el acceso a sus instalaciones. “Únicamente han podido acceder aquéllos que se han estado dedicando a tareas relacionadas con la COVID-19 (realización de PCR, fabricación de pantallas, etc... ). Sólo con el teletrabajo es complicado llevar a cabo nuestros proyectos, ya que la mayoría de nosotros necesita realizar experimentos en laboratorios, hospitales, etc. Incluso los que nos dedicamos más a temas de computación, hemos tenido bastantes problemas por saturación de las redes y de los equipos, y dificultad para poder acceder a ellos con nuestros medios personales”, explica.

Una resolución que se hace esperar

Por otro lado, muchos de los compañeros de aquella convocatoria de 2012 “todavía no han podido hacer efectivos sus contratos y llevan más de un año y medio a la espera de la resolución definitiva”, lamenta la investigadora. A este respecto, la Junta aclara que el plazo de presentación de solicitudes finalizaba el 31 de marzo, si bien este plazo se interrumpió por el estado de alarma. La Junta asegura que al día siguiente de la reanudación de los plazos se publicará una primera propuesta provisional de las ayudas a conceder , y añade que dicha convocatoria permite a las entidades beneficiarias contratar a estas personas desde el momento en que leen la tesis doctoral, concediéndose la ayuda una vez acreditados los requisitos.

Los investigadores, por contra, indican que defendieron su tesis doctoral hace más de un año y que “la mayoría de entidades no realiza contratos hasta tener la resolución definitiva”. Sólo la Universidad de Málaga contrató a los investigadores de la fase anterior con la resolución provisional, detallan. “En cualquier caso, ni siquiera han publicado aún la resolución provisional, por lo que ninguna de las entidades está dispuesta a empezar las contrataciones. Nos parece incoherente que una convocatoria que exige la defensa de una tesis doctoral en un plazo máximo de 3,5 años tarde más de un año en resolver la siguiente fase de los contratos, cuyo único requisito es haber defendido la tesis doctoral”.

La investigadora señala que “en estos tiempos en los que todos estamos pendientes de la ciencia para la obtención de una vacuna o de un tratamiento eficaz contra la COVID-19, nos parece lamentable la situación en la que nos encontramos”. “Sin una buena base investigadora en nuestro país, siempre nos veremos expuestos a depender de los demás para solucionar nuestros problemas, tanto sanitarios como económicos”, concluye.

La Consejería, en todo caso, defiende que la innovación y la investigación (tanto científica como tecnológica) son “pilares básicos sobre los que asentar el progreso económico y sociedad”, por lo que “desde el inicio de la legislatura el Gobierno andaluz tiene entre sus principales prioridades la reactivación de convocatorias en materia de I+D, a pesar de los actuales momentos de dificultades presupuestarias para hacer frente a los gastos ocasionados por la crisis del COVID-19”. Lo investigadores recuerdan que la Junta de Andalucía ha sacrificado el 10% del presupuesto de universidades para los gastos derivados de la pandemia.

“Nueva” convocatoria

La Junta, por otra parte, acaba de publicar una convocatoria de 257 contratos laborales para jóvenes investigadores posdoctorales con menos de 5 años de antigüedad en el título, con una dotación de 32 millones de euros “que vendrá a reforzar el sistema de I+D+i andaluz”. Desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ponen “en valor el trabajo desarrollado por estos investigadores” y dicen que “son un buen ejemplo que demuestra el gran talento científico de Andalucía”, por lo que les anima a “continuar su labor” a través de esa convocatoria como “alternativa que les permitirían acometer nuevas investigaciones durante tres años más”.

“Esto no es una solución para nosotros. No es requisito indispensable la estancia, aunque sí puntúa bastante”. Para los investigadores denunciantes, dicha convocatoria está en marcha desde el año pasado y sostienen que “va a ser muy complicado que alguno de nosotros pueda acceder a uno de estos contratos” aunque “los que cumplan los requisitos pueden acceder igual que cualquier otro investigador, al igual que se puede pedir a una convoctoria del Ministerio o de otro organismo”.

Explican estos investigadores que “durante nuestro periodo predoctoral, la Junta no convocó ninguna ayuda para movilidad, por lo que en caso de haberla realizado, ha sido a costa de nuestro bolsillo, o con suerte, de la entidad a la que pertenecía cada investigador (si es que tiene ayudas de ese tipo, que no es el caso de todas ni mucho menos). Además, en ese periodo, es complicado hacer una estancia de más de 3-6 meses, aparte de por la financiación, porque teníamos un plazo de 3 años (o 3,5 años si pedías prórroga) para llevar a cabo nuestros proyectos y defender la tesis doctoral (en la mayoría de convocatorias son 4 años), para poder acceder al año de contrato posdoctoral”.

“Durante este año postdoctoral, muchos de nosotros nos hemos planteado hacer una estancia en el extranjero (en las mismas condiciones de financiación), que se ha visto frustrado por la COVID-19. Ni que decir tiene que los compañeros que están a la espera de la resolución de sus contratos (sólo estamos contratados con el año posdoc 29 de los 98 investigadores que obtuvimos el contrato predoctoral) no van a poder acceder a esta nueva convocatoria”, concluye la investigadora portavoz.

La Junta concluye asegurando que se pone “a disposición de cualquier investigador que precise orientación sobre las posibilidades existentes de financiación en materia de I+D”.